Consulta superflua y distorsionada
Para quienes consideran que la consulta de revocación de mandato es innecesaria y pervierte un derecho ciudadano la opción es clara: abstenerse de participar. Para quien piense que López Obrador se juega la presidencia en una pulcra elección, la opción es otra.
Las razones para considerar tal consulta como redundante y que corrompe su espíritu y propósitos originales son múltiples y no son atendidas por la alternativa “que se revoque el mandato” o “que siga en la presidencia” impresa en las boletas.
Una primera razón es que la elección presidencial de 2018 fijó un término legal al periodo de López Obrador, el cual sería incumplido con la aplicación retroactiva de disposiciones legales aprobadas más de año y medio después. Quien votó por un presidente de periodo completo sufriría un engaño.
Un segundo argumento es que la aprobación presidencial, aunque debilitada, aún es alta. 58% de ciudadanos aprueban la gestión de AMLO, tras 38 meses en el cargo, siendo el segundo presidente mejor evaluado en tal periodo en tiempos recientes, según el promedio de encuestas de Oráculus.
Un tercer fundamento es que los recursos para una consulta con débil base legal y un resultado previsible podrían usarse mejor en atemperar la inseguridad, la falta de servicios de salud, el rezago educativo, el aumento de la pobreza u otras prioridades incuestionables.
Sin embargo, la razón más poderosa para no participar en la consulta sería su manipulación para que en vez de ser un instrumento ciudadano de remoción de un mal gobierno, sea una turbia campaña del presidente y sus partidarios para ratificar su gestión.
Para empezar, el esfuerzo de recopilación de firmas para hacer posible la consulta provino principalmente de quienes apoyan al presidente, no de ciudadanos inconformes que lo quieren ver fuera de Palacio Nacional. El mundo al revés, que si bien es legal muestra un gran descaro.
Además, desde la recopilación de firmas se ha manejado la dudosa idea de que la consulta se trata de ratificar al presidente, lo cual no sólo es equívoco sino que se encuentra en la frontera de lo legal. Esta forma de amasar capital político ha llegado a considerarse como algo aceptable.
La normalización de conductas ilícitas en torno a la revocación de mandato incluyen modificar de último momento su ley reglamentaria e intentar aplicar los cambios de forma retroactiva, permitiendo que funcionarios públicos promuevan la consulta, lo que va contra la legislación original aplicable.
La ilegalidad puede estar presente en la costosa campaña de llamadas telefónicas, visitas casa por casa y anuncios espectaculares pidiendo la permanencia de López Obrador, campaña cuyos recursos no han sido transparentados.
Como claros delitos se encuentran las amenazas veladas y abiertas que han recibido beneficiarios de programas sociales de que en caso de no votar por la pemanencia del presidente se retirarían las transferencias monetarias que reciben.
También es una falta punible el uso de recursos públicos para promover la consulta, como sería el caso del Secretario de Gobernación y el Comandante de la Guardia Nacional utilizando un avión militar para acudir a mítines partidistas que no sólo promueven la consulta sino atacan al INE.
Por estas y otras razones, no se puede considerar que participar en la revocación de mandato es el simple ejercicio de un derecho ciudadano, ni que la abstención es un gesto inútil.
Al contrario, la participación supone que en el balance entre usar una herramienta de la democracia y condenar su captura política ha pesado más lo primero, mientras que la abstención transmite la idea de que no debe ser considerada a la ligera la perversión de un derecho.
Rodolfo de la Torre
Actualmente es Director de Movilidad Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). Ha sido coordinador de la Oficina de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Director del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad de la Universidad Iberoamericana, y Director de El Trimestre Económico, del Fondo de Cultura Económica (FCE). Fue parte del Comité Técnico para la Medición de la Pobreza en México. Es economista por el ITAM, y maestro en Filosofía de la Economía por la Universidad de Oxford.
