¿Hemos aprendido sobre cómo financiar la respuesta a una pandemia?
Parece que fue hace miles de años, sin embargo, fue apenas en 2020 cuando estábamos confinados en nuestras casas, defendiéndonos como podíamos de un virus mortal sin una visión clara sobre lo que sucedería después.
En lo personal, mi temor más grande, y probablemente el de muchas familias, era si podría mantenerme sano, en un estricto confinamiento y al mismo tiempo mantener un ingreso que permitiera pagar las cuentas.
El confinamiento nos enseñó que los gastos del hogar son más flexibles de lo que creíamos. Siempre es posible estirar los ingresos, reducir gastos superfluos y cuadrar las cuentas para llegar a fin de mes. Sin embargo, hay un gasto que no perdona a nadie, las deudas. No pagar la hipoteca, el crédito automotriz o la tarjeta de crédito, es una decisión desesperada que se toma como último recurso antes sus posibles consecuencias negativas.
En México el problema del pago de las deudas durante la pandemia fue atacado de manera bastante eficaz. La banca mexicana implementó programas para diferir el pago de los préstamos a personas y empresas así como reestructuraciones para extender plazos. Estas medidas permitieron liberar recursos muy valiosos durante los peores meses de la pandemia para hogares y empresas. Asimismo, evitaron que los préstamos cayeran en mora evitando las peores consecuencias de un impago.
Al igual que empresas y personas, los gobiernos enfrentaron problemas similares durante la pandemia. Los gobiernos vieron reducidos sus ingresos fiscales debido a los confinamientos. Sin embargo, para un gobierno es más difícil adaptar su presupuesto. Aun así, el sector público en todo el mundo tuvo que encontrar lugar para otorgar apoyos extraordinarios a los hospitales, comprar equipo de protección, ventiladores, insumos médicos y vacunas. A diferencia de las personas y empresas, los gobiernos tuvieron que cumplir con el pago de sus deudas sin contar con algún plan de apoyo.
En 2020, el peor año de la pandemia, los países de renta baja y media baja tuvieron que pagar en servicio de deuda 108.2 mil millones de dólares. Como comparación, el apoyo internacional solicitado para atender la pandemia por parte del mecanismo Acelerador ACT, puesto en marcha por la OMS y sus asociados, apenas sumaba los 16.8 mil millones de dólares. Al ser fungible el dinero, podría decirse que la asistencia internacional para atender la pandemia se utilizó para el pago de la deuda.
¿Existía alguna alternativa para aliviar el pago de la deuda de los gobiernos sin caer en incumplimientos que perjudicara a largo plazo las finanzas nacionales? La respuesta corta es no, sin embargo, algunos países habían experimentado soluciones que podían aplicarse al caso de la pandemia. Tal es el caso del tratamiento de desastres naturales. Algunos países del Caribe, antes de la pandemia, habían incluido exitosamente en sus bonos soberanos condiciones que permitían diferir el pago de capital e intereses en caso de que un desastre natural los afectara. Estas “cláusulas de desastres naturales” cubren eventos como huracanes y terremotos. No son una quita a la deuda, es decir no se perdona la deuda del país. La gracia puede durar hasta dos años, liberando recursos muy valiosos para la respuesta y reconstrucción del desastre.
¿Qué tal si este tipo de cláusulas se aplicaran a una pandemia? El 21 de septiembre, la isla de Barbados emitió el primer bono soberano con una “cláusula pandémica”. El bono fue estructurado por el despacho de abogados Cleary Gottlieb teniendo como asesor financiero a White Oak Advisory. Asimismo, contó con una garantía del Banco Interamericano de Desarrollo. La cláusula detona una gracia en el servicio de deuda en caso de cumplirse ciertas condiciones, incluyendo la declaratoria de una emergencia de salud global por parte de la OMS, así como una afectación de la actividad económica.
El bono fue bien recibido por los mercados en su subasta inicial. Sin embargo aún existen preguntas abiertas sobre que tan bien sería recibido por los inversionistas en una mayor escala, su valuación a largo plazo y calificación crediticia. Es necesario continuar estudiando este tipo de instrumentos desde la perspectiva, legal, financiera y de salud para entender todas sus dimensiones.
La “cláusula pandémica” es un seguro integrado en la deuda pública soberana. Es especialmente atractivo para gobiernos con dificultad para acceder al mercado de seguros internacional. Además, hay que recordar que en la práctica no siempre es fácil convencer a un congreso para pagar primas millonarias por un seguro. La cláusula es una medida más que debe sumarse al menú de alternativas para financiar un desastre de salud como el que acabamos de vivir. Destaca el comunicado del Consejo para la Economía de la OMS publicado la semana pasada dando la bienvenida a este instrumento.
La “cláusula pandémica” no es necesariamente una alternativa para el gobierno federal en México. Cabe recordar que el Gobierno Mexicano tiene acceso a mercados sofisticados de seguros que permitirían la estructuración de instrumentos de riesgos asociados a una pandemia. De hecho, nuestro país ha sido pionero en la estructuración de instrumentos contra desastres naturales. La estructuración de un bono catastrófico para pandemias es una medida que debería considerarse seriamente.
Para el caso de los gobiernos estatales y municipales la historia puede ser diferente. La inclusión de este tipo de clausulado en los contratos de financiamiento de estados y municipios, permitiría liberar valiosos recursos para atender la crisis, bajo un marco preestablecido que de mayor certidumbre a las partes. La liberación de recursos sería crucial ante la imposibilidad por ley, de recurrir a endeudamiento a largo plazo para financiar la compra de insumos médicos. Eventualmente, la adopción de este clausulado podría evitar el incurrir en complejos procesos de reestructuración tras una crisis de este tipo. Su adopción, al igual que el caso del bono soberano, aún requiere responder preguntas legales, regulatorias y financieras.
La pandemia aún no termina, recordemos que solamente esta semana fallecerán 15 mil personas por causa del COVID-19. El financiamiento para la preparación y respuesta a la pandemia es una medida indispensable para salvar vidas. Solo así podremos evitar que la próxima vez que nos enfrentemos a un desastre similar, se pague el altísimo costo en vidas que hemos pagado los últimos dos años. Por ello, es de suma importancia estudiar las soluciones financieras que se están adoptando en el mundo con rigor y seriedad.
Para conocer más del tema recomiendo escuchar el podcast de Jill Dauchy de Potomac Group sobre cláusulas de desastre natural.
Roberto Durán-Fernández
Roberto Durán Fernández es profesor en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Es economista por el ITAM, cuenta con una maestría en economía por la London School of Economics y se doctoró por la Universidad de Oxford, especializándose en desarrollo regional. Ha sido consultor para el Regulador de Pensiones del Reino Unido, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento y la Organización Mundial de la Salud. En la iniciativa privada colaboró en la práctica del sector público de McKinsey & Co y la dirección de finanzas públicas e infraestructura de Evercore. En el sector público fue funcionario en la SHCP y en el Banco de México.
