¿Qué atropellos habilita el 'decretazo presidencial'?
Si se mantiene el llamado “decretazo presidencial”, en la práctica los megaproyectos federales podrían completarse con impunidad en sus propios términos.
El 22 de noviembre, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un acuerdo para considerar los proyectos del gobierno federal como de interés público y seguridad nacional. Entre los ajustes que plantea el documento, al que se le ha nombrado como “decretazo presidencial”, está el obtener autorizaciones provisionales para todos los dictámenes, licencias y/o permisos necesarios para iniciar estas obras en cinco días hábiles; con la promesa de obtener los vistos buenos definitivos 12 meses después.
Especialistas afirman que, si se permite la aplicación del decretazo en estos términos, en la práctica los megaproyectos podrían construirse tal y como se han planteados desde un inicio, pues no ven viable que se echen atrás las obras aún si los permisos definitivos determinan que la construcción no tuvo que echarse a andar en primer lugar. Esto, suponiendo que la figura de seguridad nacional en efecto deje abiertos suficientes datos para hacer una evaluación adecuada.
Más importante aún, el decretazo también podría representar un peligroso precedente para el futuro, incluso más allá de la actual administración. Esto, independientemente si los próximos gobiernos que aprovechen estas herramientas son afines a los objetivos del presente gobierno o si son parte de partidos opositores.
Los atropellos (irreversibles) del decretazo
Este nuevo acuerdo presidencial no es específico en el tipo de permisos y estudios que podrían acelerarse para asegurar que inicie el desarrollo de las obras lo antes posible. De acuerdo con Vidal Romero, profesor del departamento de Ciencia Política del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), esto significa que se podrían abarcar “estudios de evaluación de impacto social; en zonas de indígenas también las consultas indígenas obligatorias para cierto tipo de proyectos; más un montón de permisos locales que tienen que ver con impactos a las comunidades, al agua y […] las evaluaciones de impacto ambiental”.
Particularmente en lo que se refiere a los procesos de consulta con las comunidades indígenas, no se trata de una propuesta nueva. Edmundo del Pozo, coordinador del programa de Territorio, Derechos y Desarrollo del centro de análisis e investigación Fundar, afirma que a lo largo de esta administración se han dado varios casos de proyectos en donde se pasa por alto la obligación legal de consultar a estas poblaciones ante el desarrollo de obras de infraestructura en sus territorios.
“Es un contexto muy complejo, sobre todo al hablar de comunidades indígenas. Ya existe en México un marco legal, sobretodo vinculado con industrias extractivas […], que ya incluyen un conjunto de figuras de ‘ocupación superficial de territorios’, a las que se les daba un carácter preferente frente a otras actividades […]. Y por tanto, aún cuando los pueblos se mostraban inconformes con la implementación de un megaproyecto, se les podía imponer esta figura […]. Este acuerdo pone en una condición más crítica a estas comunidades”, asegura.
Esta posibilidad se ha visto reflejada en la rápida e intensa respuesta que el decretazo ha tenido entre organizaciones de todo el país enfocadas a la protección de las comunidades locales, quienes aseguran que el acuerdo representa la “legalización del despojo” a sus poblaciones.
Y es que el nuevo requisito de obtener autorizaciones provisionales en solo cinco días hábiles es imposible de cumplir. De acuerdo con Claudia de Buen, presidenta de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA), “todo eso [los estudios de impacto ambiental, los permisos de construcción] se lo va a brincar porque en cinco días no hay manera de decir que en una zona de la República hay una especie en peligro de extinción o hay un impacto ambiental”.
La clasificación de estos proyectos como de seguridad nacional también dificultarían el poder llevar a cabo los estudios definitivos con suficiente profundidad una vez que inicien las obras. Varias organizaciones han reclamado que esta clasificación permitiría al gobierno sumir a estas iniciativas en mayor opacidad, potencialmente impidiendo el acceso a datos e información que son necesarios para evaluar el verdadero impacto de la construcción.
Incluso si quedara suficiente información para hacer las evaluaciones necesarias en los 12 meses posteriores que marca el decreto, y se concluye que la obra no podría haberse comenzado a construir en primer lugar por sus impactos negativos, es poco probable que eso cambie el destino del proyecto. De acuerdo con Claudia de Buen, si se llegara a esta situación, en teoría “el Gobierno tendría que cubrir los daños y perjuicios causados por esta imprevisión. Se tendría que echar atrás [la obra]”.
Pero de acuerdo con Vidal Romero, en la práctica es muy probable que el Gobierno federal pueda seguir adelante con las obras sin mayores consecuencias. “En la experiencia […], buena parte de los proyectos que se evalúan ex-post ya son irreversibles […]. En un extremo, llegas a soluciones muy pragmáticas. Decir: bueno, ya construiste esto, va a salir más caro quitarlo que terminarlo de poner, entonces termínalo pero no tan grande”, advierte.
Edmundo del Pozo remarca la ironía de este resultado, considerando el discurso del actual gobierno: “Va a ser difícil que se paren las obras. Más bien se van a atropellar los derechos de la ciudadanía. Es lo que muchos desarrolladores quisieran, pasarse por alto los requisitos y permisos. Es lo que la iniciativa privada quiso en la reforma energética: Tanto la figura de la consulta previa como la de los estudios de impacto social las veían como un freno”.
Un precedente que podría no echarse para atrás
Claudia de Buen duda que siquiera se llegue al extremo de tener que considerar qué podría pasar si los permisos definitivos de los megaproyectos del gobierno determinan que las obras no tendrían que haber iniciado en primer lugar. Apunta que “los afectados […] pueden pedir un amparo contra el decreto […]. Además, otras autoridades importantes tienen la oportunidad de impugnar esta medida por la vía de la controversia constitucional […]”.
Si bien es cierto que otros organismos públicos (particularmente el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales - INAI) ya iniciaron con el proceso para impugnar esta medida, los aliados del Presidente en varios niveles de gobierno han hecho lo posible para poner en duda la legitimidad del uso de ciertas herramientas de respuesta.
Y si el decretazo se mantiene vigente a pesar del empuje de otros agentes, las consecuencias podrían ser graves. Edmundo del Pozo reafirma que las violaciones a derechos que resulten de este acuerdo podrían llevar a “una gran conflictividad socioambiental que ya existe en México, un país de por sí inundado de megaproyectos desde décadas anteriores […], de violencia, de división comunitaria, de violaciones graves a derechos humanos […]. Sería complejizar más el contexto de violencia y violaciones a derechos colectivos”.
Más importante aún, dejaría una peligrosa puerta abierta de par en par para el futuro. Vidal Romero concluye que mantener vivo el decretazo significa que México debe atenerse a “mayor opacidad […]. La parte más importante del acuerdo es que incentiva la corrupción, […] que acaba siendo muy paradójico en un gobierno que quiere terminar con ese fenómeno y que, por las prisas, termina por incentivarla […]. Y además está el elemento de los militares, que están metidos en toda esta administración. Esa corrupción va a pasar por los militares. Se está vulnerando a esta organización, dándoles esa discreción”.
Y agrega que se verá entonces claramente que la corrupción “es un asunto de incentivos. Es estar en el cuarto vacío con un billete sobre la mesa y ver si lo agarras. El problema no es si eres honesto o no, sino si hay cámaras o no. No importa si eres militar, civil, parte de la 4T o no. Los incentivos para la corrupción ahí están. Incentivos para seres humanos, no para buenos o malos”.
