La inconsistencia entre política monetaria y fiscal arriesga la inflación
La Junta de Gobierno del Banco de México y las autoridades hacendarias se mueven en sentidos opuestos.
Por un lado, se ha implementado una postura monetaria restrictiva que busca reducir la inflación. Por otro lado, en este año se está soltando el gasto público para concluir las obras insignia de la actual administración, en particular el Tren Maya y la refinería Dos Bocas, además que se continúan ampliando los subsidios y transferencias, lo que redituará en un crecimiento económico en este año ligeramente superior al 2%, en la raya de lo que se considera el crecimiento potencial de la economía, entorpeciendo el descenso de la inflación hacia el objetivo de 3%.
Tanto la política monetaria como la fiscal influyen en la demanda agregada (consumo, inversión y gasto gubernamental), el empleo y la inflación.
Una postura monetaria restrictiva busca restarle fuerza a la demanda vía elevación de la tasa de interés de referencia, afectando el consumo y la inversión a través de diversos canales de transmisión: encarecimiento del crédito; apreciación cambiaria, lo que abarata importaciones y le resta poder adquisitivo a las remesas al convertirlas en pesos; retraso del consumo presente al hacer atractivas las inversiones en activos líquidos a plazos largos; y anclaje de las expectativas de inflación de mediano y largo plazo.
No obstante, la política monetaria requiere tiempo, uno, dos años o más, para que los canales de transmisión operen adecuadamente. La actual postura restrictiva en México inició en septiembre de 2022 y lo cierto es que ha operado más lento que en otros países. Le falta tiempo.
Una postura fiscal expansiva, esto es mayor gasto, afecta de manera inmediata los tres componentes de la demanda agregada (la expansión fiscal también ocurre con recorte en impuestos, pero esto no es el caso actualmente de nuestro país). En el primer bimestre de 2024, el gasto total aumentó 30.5% en términos reales, respecto al mismo período de 2023. A su interior, resaltó el crecimiento de 142.6% real en subsidios y transferencias, por adelanto de pagos en programas sociales por restricciones electorales, y 28.4% en inversión física. Con este gasto se estimula el consumo, el gasto y la inversión gubernamental, aumenta el crecimiento económico y se generan más empleos, pero también incide en mayor presión inflacionaria.
Sin embargo, hay que reconocer que cuando las políticas monetaria y fiscal operan de manera independiente, el impacto sobre la demanda agregada podría ser relativamente pequeño, pues se compensa de alguna manera, pero eleva la incertidumbre con afectaciones en las expectativas tanto de crecimiento económico como de inflación. En cambio, si ambas políticas se complementan, el impacto sobre la demanda agregada será considerable.
La Junta de Gobierno del Banco de México mantiene la tasa de fondeo en un nivel muy elevado y, aunque decidió recortarla el pasado 21 de marzo de 11.25 a 11.00%, todo parece indicar que los siguientes recortes serán graduales y espaciados, con el fin de mantener la tasa de interés de referencia en términos reales, descontando la inflación de los próximos doce meses, en un terreno claramente restrictivo.
Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha programado en este año el déficit público más alto en los últimos treinta años, de 5% del Producto Interno Bruto. El solo hecho que este número ya se esté reflejando en un crecimiento del gasto total en el primer bimestre de 2024, diez veces más alto que lo registrado en promedio en los pasados diez años, pone alerta sobre los efectos no deseados en inflación, pese a que el impacto será positivo en crecimiento.
La promesa de la SHCP es que reducirá el déficit público a la mitad en 2025, pero la consolidación fiscal nunca ha sido fácil. El argumento es que el déficit disminuirá una vez que concluyan los grandes proyectos, el Tren Maya y la refinería Dos Bocas, actualmente en marcha. No obstante, hay dudas al respecto. ¿En los siguientes seis años no se realizarán grandes obras? ¿Dónde quedarán las promesas de campaña: más trenes, más carreteras, más energía, etcétera (siendo que cerca del 50% del gasto total ya está comprometido en solo tres rubros pensiones, participaciones a estados y municipios y costo financiero)? ¿Cómo se obtendrán recursos para cubrir otras necesidades básicas como salud, educación, seguridad, las cuales van en aumento dada la dinámica poblacional?
Hasta ahora, por obvias razones, las candidatas y el candidato a la Presidencia de la República no han hablado de la necesidad de una reforma fiscal, la cual se requiere para lograr la consolidación fiscal. El riesgo de no lograr la consolidación es alto, que el déficit no disminuya al nivel deseado en los siguientes años implica un riesgo estructural de mayor inflación.
Hay que recordar que las expectativas de inflación de mediano y largo plazo del mercado se ubican por arriba de la meta de inflación del Banco de México de 3%, en 3.70% de uno a cuatro años y en 3.50% de cinco a ocho años. Si las posturas monetaria y fiscal no se alinean la inflación continuará arriba de la meta oficial, incluso podrían remontar las expectativas actuales.
El objetivo de bajar la inflación requiere de ambas políticas, la monetaria y la fiscal, pues son complementarias. Para que la política monetaria restrictiva sea más efectiva se requiere reducir el tamaño del déficit fiscal.
Víctor Ceja
Cuenta con más de 35 años de experiencia en el sector económico y bursátil, análisis y planeación financiera y económica, planeación estratégica, análisis financiero de empresas y estudios sectoriales. Desde hace 30 años forma parte del equipo de VALMEX, donde se desempeña como Economista en Jefe, con el área de Análisis Económico bajo su responsabilidad.
Economista por la UAM con estudios de postgrado en Economía por la Universidad de Colorado en Boulder, Estados Unidos, y la Universidad de Cambridge en Inglaterra.
