¿Fin de ciclo?
El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 sugiere la interrupción de los ciclos políticos presupuestales. El ritmo de endeudamiento de la administración pasada y del inicio de la presente está encareciendo el uso electoral del gasto público para 2027, pero este se resiste a morir.
Las obligaciones financieras heredadas, junto con la caída de los ingresos petroleros, están forzando un menor crecimiento de los programas sociales y conteniendo la inversión pública productiva. Aun así, las transferencias resisten mientras los gastos en salud y en educación avanzan, aunque muy lentamente, a sus niveles adecuados. Paradójicamente, este sacrificio del futuro por lo inmediato puede traducirse en magros rendimientos electorales.
La dificultad viene de la deuda, y por primera vez en años amenaza en serio al viejo mecanismo de las últimas trece elecciones federales: el gasto se expande dos trimestres antes de cada comicio, alcanza su máximo en el trimestre electoral y se contrae después, con un efecto históricamente más marcado en presidenciales que en intermedias. Según los informes trimestrales de Hacienda, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público pasó de 44.8% del PIB en 2018 a 51.0% al segundo trimestre de 2026, y el propio Paquete Económico proyecta que llegará a 55% en 2027. Con ese peso, el mayor gasto electoral se sostiene, pero apenas: el gasto neto total crecerá solo 0.7% real.
A la deuda se suma otra presión: Hacienda proyecta que los ingresos petroleros caerán 14.4% en 2027. El propio presupuesto fija el déficit en 3.9% del PIB, mayor que el 2.6% que destina a inversión física, y según México Evalúa, de cada peso de deuda nueva, apenas 66 centavos se destinan a inversión: la contención recae más sobre lo productivo que sobre el gasto corriente. Dentro de ese margen, las transferencias resisten, pero cada vez con menos fuerza. Los Programas Sociales Prioritarios rebasarán un millón de millones de pesos, con un crecimiento real de menos del uno por ciento, muy lejos del vigor que estos programas tuvieron en ciclos electorales anteriores. Salud y educación, en cambio, sí avanzan, aunque muy lentamente.
Como proporción del PIB, el gasto en salud pasa de 2.6% a 2.9%, lo que deja al país todavía lejos del 6% recomendado internacionalmente; y el de educación, ciencia y cultura sube de 3.2% a 3.5% del PIB, otro avance de décimas frente al 8% que ordena la Ley General de Educación. La composición interna es más reveladora: en salud, la Secretaría que opera hospitales crecería apenas 4.8% real, frente a 21.1% de IMSS-Bienestar. En educación, la infraestructura escolar caería 0.8% real mientras la Beca Rita Cetina sube 56.6%, alcanzando 13.9 millones de estudiantes, por debajo de los más de 21 millones que anuncia el gobierno. Lo necesario sigue sin atenderse: entre 2022 y 2025 la esperanza de vida al nacer permaneció estancada y los resultados de la prueba PISA muestran un deterioro educativo que no se revierte con becas.
La paradoja es que ni siquiera está claro que esta apuesta compre lo que promete. Sheinbaum conserva 86% de aprobación personal según Enkoll, pero solo 39% votaría por Morena, y esa identificación partidista cayó de 46% a 34% entre febrero de 2025 y febrero de 2026, según Buendía & Márquez, antes de recuperarse parcialmente. El precedente esboza cambios: en las intermedias de 2021, Morena perdió la mayoría calificada que entonces tenía. Hoy la conserva gracias a un mecanismo de sobrerrepresentación generoso que en 2024 le dio 364 escaños con 43% de la votación conjunta; que ese margen sobreviva a una nueva caída del voto ya no es automático, aunque aún lo permitiría una oposición débil y fragmentada.
El ciclo político presupuestal aún no cesa, pero muestra por primera vez signos claros de agotamiento: hipoteca salud, aprendizaje y crecimiento futuros a cambio de un rédito electoral que, a juzgar por las encuestas, apenas alcanza para moderar la merma de lo obtenido.
Rodolfo de la Torre
Ha sido Director de Movilidad Social del CEEY, Coordinador de la Oficina de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Director del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad de la Universidad Iberoamericana, y Director de El Trimestre Económico del Fondo de Cultura Económica (FCE). Fue parte del Comité Técnico para la Medición de la Pobreza en México. Es economista por el ITAM, y maestro en Filosofía de la Economía por la Universidad de Oxford.
