El borracho que comió lumbre
Dice el refrán que un borracho no come lumbre. Trump es la excepción que confirma la regla. Durante casi dos años mordió brasas electorales: redadas migratorias impopulares, aranceles que elevaron el costo de la vida de sus votantes y una guerra que disparó el precio de la gasolina. El resultado fue perder contundentemente ante los demócratas ambas cámaras del Congreso. Esta derrota lo hará mirar con más atención a México: suavizará algunas de sus políticas, como la migratoria y la arancelaria, y endurecerá otras, como el combate al crimen organizado y a sus protectores políticos. El balance es ligeramente positivo para México.
Entre los republicanos se acepta lo contraproducente de sus medidas. El propio Trump mencionó en entrevista con la cadena CBS que la política de deportaciones masivas fue “demasiado dura”. El senador y aspirante presidencial Ted Cruz señaló a los aranceles como insostenibles ante el electorado. El vicepresidente Vance culpó en redes sociales a la guerra contra Irán de la derrota electoral. El Congreso de mayoría demócrata que inicia en 2027 retomará estos temas para limitar las acciones del gobierno de Trump, más en lo político que en lo legislativo, pues sus iniciativas pueden ser vetadas.
La pérdida del Congreso suele trasladar la agenda de un presidente, en el último tramo de su mandato, de los asuntos internos a la política exterior. Esto podría significar que la persecución interna de migrantes se suavice, pues mantenerla enfrentaría varios obstáculos, desde la investigación y exhibición de abusos de las autoridades migratorias hasta una mayor pérdida de votantes de cara a las elecciones presidenciales de 2028. Sin embargo, esta moderación se reduce por el blindaje presupuestal de la política migratoria y el nombramiento de Stephen Miller, autor intelectual de las deportaciones abruptas y masivas, como nuevo jefe de gabinete.
En materia de política exterior, Trump tiene un campo con menos limitaciones, pero también acotado. La política arancelaria ya no solo tendrá al Poder Judicial enfrentándolo, sino también al Congreso intentando contenerlo y a los republicanos, aversos a perder más votos, renuentes a apoyar mayores aranceles. Estas son buenas noticias para una negociación del T-MEC con algo menos de incertidumbre. Sin embargo, los demócratas presionarán para que México acepte nuevas exigencias en materia de derechos laborales y regulaciones ambientales. Podría haber entonces un T-MEC con menos aranceles, pero más condicionamientos no arancelarios.
Otra restricción proviene del electorado, que castigó la aventura militar de Trump en el Golfo Pérsico. Orillado a no escalar el conflicto con Irán, Trump encontrará en el vecindario el terreno más barato para mostrar firmeza. Coincide además con los demócratas victoriosos en endurecer las políticas contra el crimen organizado y exponer a los políticos mexicanos ligados a él. Lo que cambiará es el instrumento. La tentación de operativos directos pierde margen; la vía judicial, en cambio, queda intacta. Lo previsible no es el uso abierto de la fuerza, sino más operaciones conjuntas o encubiertas y más expedientes con nombres y apellidos.
Washington ya acusó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, retiró la visa a Andrés Manuel López Beltrán y, según la prensa estadounidense, investiga a otros dos gobernadores de Morena. Ante la presión de ser mostrado como negligente o cómplice, el gobierno mexicano ha respondido con capturas de alto perfil, varias apoyadas por inteligencia estadounidense, y eso debe reconocerse. Pero la cooperación por goteo se agota cuando la pregunta deja de ser dónde está el capo y pasa a ser quién lo protege. Ahí el discurso de la soberanía tiene poco que hacer ante los intereses comunes de los demócratas y de Trump.
El saldo es marginalmente positivo para los mexicanos. En migración se obtiene un respiro, en economía, se gana previsibilidad. En seguridad, la presión no baja y los republicanos necesitarán resultados visibles rumbo a 2028; pocos lo son tanto como un político mexicano frente a un juez estadounidense.
Rodolfo de la Torre
Ha sido Director de Movilidad Social del CEEY, Coordinador de la Oficina de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Director del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad de la Universidad Iberoamericana, y Director de El Trimestre Económico del Fondo de Cultura Económica (FCE). Fue parte del Comité Técnico para la Medición de la Pobreza en México. Es economista por el ITAM, y maestro en Filosofía de la Economía por la Universidad de Oxford.
