Inversión por invitación: la respuesta a la desconfianza

Ante un entorno de desconfianza generalizada, el gobierno ha optado por una estrategia pragmática: sentar a la mesa a unos cuantos grandes jugadores capaces de ejecutar rápido.

Es un modelo de “inversión por invitación” que busca resultados inmediatos en sectores críticos como energía e infraestructura, mientras persiste un problema más profundo: la erosión de la confianza sistémica.

Las cifras dan cuenta de la situación. La inversión acumula 17 meses consecutivos de caídas anuales, al inicio de este año la inversión privada se contrajo nuevamente, y ya suman 23 meses de deterioro en la confianza empresarial. Sin capital, no hay expansión. Y sin confianza, no hay capital.

Frente a ese vacío, el gobierno ha decidido que la diplomacia económica sea directa y personalizada. Reuniones con actores como Larry Fink, de BlackRock, buscan enviar señales de certidumbre desde la cúspide del poder. O, figuras como Carlos Slim que encarnan el rol del empresario que no solo es inversionista, sino también socio operativo del Estado en proyectos energéticos. El mensaje es que si el mercado no reacciona, se construye una red de aliados que sí lo haga.

A esto se suman las presiones sobre los banqueros para expandir el crédito y una nueva ley de inversiones que intenta destrabar proyectos mediante esquemas mixtos y mayor flexibilidad fiscal. Se busca acelerar. El problema es cómo y lo que implica.

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Porque mientras se abren canales directos con grandes capitales, se envían señales contradictorias al resto del mercado. Cambios legales -como la reforma al amparo o las facultades ampliadas de la UIF para congelar cuentas sin orden judicial- han encendido alertas, por lo que implican: mayor discrecionalidad y menor certidumbre jurídica, de la que ya se percibe. Y en inversión, la percepción de riesgo pesa tanto como el riesgo mismo.

Un modelo así tiene grietas por definición. Podría funcionar en lo inmediato destrabando proyectos y generando anuncios de alto impacto. Pero lo hace con altos costos menos visibles. La selectividad limita la competencia, excluye a muchos y concentra las oportunidades en pocos actores, abriendo espacio a la discrecionalidad y corrupción. El capitalismo de ‘amiguetes’, tan criticada por la antigua oposición política. Y la flexibilidad fiscal, aunque útil para acelerar la inversión, abre dudas sobre la sostenibilidad y la transparencia de las finanzas públicas.

La cuestión de fondo es el tipo de “confianza” que se está construyendo. Una confianza individualizada, basada en relaciones directas entre el poder político y ciertos grupos empresariales. Funciona caso por caso. Proyecto por proyecto. Pero no sustituye la confianza sistémica que funciona de manera predecible, imparcial y estable, independientemente de quién esté en el poder. Aquella que descansa en reglas claras, instituciones sólidas y un estado de derecho predecible.

Cuando esa confianza sistémica es débil, el resultado es predecible: la inversión no desaparece, pero es raquítica, selectiva, cautelosa y concentrada. Solo invierten quienes tienen acceso, información o capacidad de gestionar el riesgo político. El resto se mantiene al margen.

Ese es el dilema actual. La estrategia del gobierno es funcional en el corto plazo y responde a una urgencia real: evitar que la debilidad de la inversión se traduzca en estancamiento por segundo año consecutivo. Pero al mismo tiempo, reproduce el problema que intenta resolver. Porque al depender de relaciones selectivas, refuerza la percepción de que las reglas no bastan. Hoy, el capital llega por invitación.