Extorsión: el motor silencioso de la inflación

La inflación en México tiene un componente que rebasa a las tasas de interés, subsidios, o control de precios, es político y moral: la rendición del Estado ante cárteles que han hecho del miedo un modelo de negocio rentable.
22 Julio, 2025
Violencia.
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El Observador

En México, la inflación ya no responde únicamente a los costos laborales, los shocks climáticos, o al mayor consumo. Desde hace tiempo, pero claramente en los últimos años, un nuevo y perverso factor ha entrado al cálculo inflacionario: la extorsión criminal.

El fenómeno del “cobro de piso” -la cuota impuesta por organizaciones delictivas a comerciantes, transportistas, y productores- ha dejado de ser solo un drama de seguridad. Hoy, es un insumo más en la cadena de costos. Cada tortilla, cada kilo de limón, cada litro de leche lleva en su precio final un componente que no figura en ninguna contabilidad oficial: la extorsión.

De acuerdo con la ENVIPE, en 2023 se cometieron 4.9 millones de delitos de extorsión de los que el 96.7% de los casos no se denuncia, mientras que el costo se calcula en 26 mil millones de pesos, unos 1,300 millones de dólares, según la Coparmex.

Así que no es una metáfora. En sus informes sobre economías regionales el Banco de México ha dejado constancia que la inseguridad, incluyendo el robo y la extorsión, afectan negativamente las ventas, la inversión y la formación de precios. El subgobernador Jonathan Heath dijo que la extorsión debe verse como un problema “estructural” que está contribuyendo al problema inflacionario. En múltiples estados los agricultores, los comerciantes o los fabricantes pagan cuotas fijas al crimen. No pagan para producir mejor. Pagan para seguir con vida.

La inflación, entonces, no es solo una cuestión macroeconómica. Es una tragedia cotidiana que refleja la pérdida de control territorial del Estado. Cada punto porcentual extra en los precios refleja no solo desequilibrios en la oferta y la demanda, sino una importante captura criminal de sectores productivos.

Los efectos son múltiples. Se encarece la canasta básica, afectando de manera desproporcionada a los más pobres; se inhibe la inversión, pues muchos pequeños empresarios prefieren operar informalmente o incluso cerrar; y se vuelve más difícil para Banxico cumplir su mandato, porque las presiones de precios por crimen no responden a tasas de interés ni política monetaria. Para todo efecto práctico, ahora el banco central tendría que decirnos cuánto subió el precio de los huevos por el costo del miedo.

Lo más grave es que el fenómeno se “normalizó”. Como escribió Eduardo Guerrero, un experto en la materia, “todo parece indicar que en numerosos estados (…) se ha institucionalizado la práctica de conceder a cientos de bandas criminales el ‘derecho’ de cobrar impuestos ilícitos, a cambio de que estas bandas respeten algunas reglas o límites”.

El Gobierno Federal ha planteado recientemente una estrategia antiextorsión, con unidades antiextorsión locales, operativos en penales para cerrar call centers del crimen y mayor investigación e inteligencia. Son pasos importantes, pero insuficientes aún.

La extorsión no es solo un delito. Es un impuesto criminal que distorsiona el mercado, ahoga la productividad y atenta contra el bienestar social. Combatirla debe ser prioridad nacional, no solo desde la seguridad pública, sino también desde la política económica.

La alta inflación en México tiene un componente que rebasa la aplicación de las herramientas tradicionales, como tasas de interés, subsidios, o control de precios. Tiene un componente profundamente político y moral: la rendición del Estado ante las redes que han hecho del miedo un modelo de negocio rentable.

Hasta que cada peso que pagamos deje de financiar a los delincuentes, la inflación llevará el sello de un país que no ha recuperado el control de su economía más elemental: la de vivir sin ser extorsionados.

Samuel García Samuel García Editor y economista. Fundador y director de Arena Pública. Fundó y dirigió El Semanario de Negocios y Economía. Fue director editorial de Negocios del Grupo Reforma y 'El Universal'. Director fundador de 'Infosel'. Fue profesor de la Maestría en Periodismo y Asuntos Públicos del CIDE y del Diplomado en Periodismo Económico de la Escuela de Periodismo Carlos Septién. Máster en Periodismo Digital. Columnista, comentarista y consultor para diversos medios en México.