El arancel expiró; la incertidumbre no

El 24 de julio expiró uno de los aranceles más controvertidos de Washington. El gravamen, sin embargo, sobrevivió. Hace unas semanas escribí que la verdadera capacidad de presión de Estados Unidos sobre México no estaba únicamente en el T-MEC, sino en el conjunto de instrumentos comerciales que operan fuera del tratado. La fecha llegó y el resultado confirma esa tesis, aunque por una vía distinta de la que parecía más probable.

Empecemos por lo que México consiguió. Después de tres rondas de conversaciones entre el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, cerca del 85% de las exportaciones mexicanas seguirá entrando a Estados Unidos sin pagar aranceles. El gravamen de 10% aplicado al resto tampoco aumentó. Además, la investigación bajo la Sección 301 sobre exceso estructural de capacidad manufacturera no produjo, por ahora, aranceles adicionales contra México. En ese frente, la negociación mexicana hizo su trabajo. México evitó el peor escenario y preservó una ventaja arancelaria que sigue siendo uno de sus activos más importantes en un entorno global cada vez más proteccionista. 

Sin embargo, conservar la misma tasa no equivale a conservar la misma certidumbre. Hasta el 24 de julio, el arancel de 10% se cobraba bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, una autoridad de emergencia que solo podía utilizarse durante 150 días. Esa medida caducó. Al mismo tiempo, entró en vigor una nueva acción bajo la Sección 301, justificada por la insuficiencia de las medidas adoptadas por sesenta economías para impedir la importación de bienes producidos mediante trabajo forzado. México quedó sujeto nuevamente a una tasa de 10%. En la práctica, un arancel temporal fue sucedido por otro jurídicamente más duradero. 

El cambio también importa por la naturaleza del argumento. La inclusión de estándares laborales en la política comercial no es nueva. El propio T-MEC contiene obligaciones en esa materia. La novedad consiste en utilizar una deficiencia regulatoria general como fundamento para gravar de manera amplia sus exportaciones. Un señalamiento de esta naturaleza es más difícil de negociar que una disputa convencional sobre subsidios, contenido regional o acceso a mercados. No exige demostrar que cada producto gravado fue elaborado mediante trabajo forzado. Basta con cuestionar la eficacia del sistema institucional del país exportador. 

No se trata tampoco de un episodio aislado. El 20 de julio, Estados Unidos recurrió contra Canadá a la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930, una disposición que durante casi un siglo no se había utilizado para imponer aranceles. La medida establece gravámenes adicionales de 50% sobre una amplia selección de productos canadienses, sin que la certificación de origen bajo el T-MEC ofrezca protección. El caso canadiense refuerza la conclusión de que Washington no depende de una sola herramienta. Cuando una autoridad resulta temporal, limitada o poco adecuada para el objetivo político, existe un catálogo amplio de estatutos que puede reinterpretarse, reactivarse o extenderse. No estamos, por tanto, ante un arancel particular. Estamos ante un método. La Sección 122 caducó, pero el gravamen continuó bajo otra autoridad. La investigación sobre exceso de capacidad no produjo la sanción esperada contra México, pero una segunda acción bajo la Sección 301 mantuvo la presión. Para Canadá se recuperó una disposición de 1930. El instrumento específico cambia. La disposición a encontrar uno permanece. 

Economía

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Esto matiza el buen resultado obtenido por México en julio. La integración productiva, el cumplimiento de las reglas de origen y el peso económico de las cadenas regionales siguen otorgándole una posición privilegiada frente a otros proveedores. El problema es que la ventaja mexicana ya no depende únicamente de lo que diga el T-MEC. Depende también del grado de autocontrol que Washington esté dispuesto a ejercer al utilizar instrumentos que operan fuera del acuerdo. 

Para las empresas, la consecuencia no es abandonar la integración norteamericana, sino dejar de tratar el acceso preferencial como una variable fija. Las decisiones de inversión, localización y proveeduría deberán incorporar un riesgo jurídico mayor: que una operación plenamente compatible con el T-MEC pueda quedar expuesta a medidas adoptadas bajo otra autoridad. Esto exige más que cumplir formalmente con las reglas de origen. Requiere fortalecer la trazabilidad laboral de las cadenas de suministro, identificar las fracciones más vulnerables a investigaciones sectoriales y preparar escenarios en los que el origen mexicano deje de ser, por sí solo, una protección suficiente.

La cuarta ronda de conversaciones está prevista para septiembre en Washington. Existe margen para seguir negociando y México llega en una posición relativamente favorable. Pero conviene no confundir haber esquivado una bala con estar fuera de peligro. Decir que México “quedó igual que como estaba”, como se comentó en la prensa, es cierto y engañoso a la vez. La tasa no cambió pero el entorno institucional sí. En una sola semana, el catálogo de instrumentos capaces de afectar el acceso al mercado estadounidense se amplió y se volvió más duradero. La negociación comercial puede ganarse producto por producto y cláusula por cláusula. La negociación sobre el grado de discrecionalidad con que Washington utiliza sus propias reglas es distinta: no ocurre en una sola mesa y no tiene fecha de cierre. Cada vez resulta más claro que esa es la conversación que realmente importa.