Banxico baja la tasa; el mercado hace otras cuentas
Banxico ha reducido su tasa de referencia en 100 puntos base durante el último año, hasta ubicarla en 6.25%. Sin embargo, financiarse a largo plazo no se ha vuelto más barato para el gobierno mexicano. El bono a diez años cerró la semana pasada en 9.31%, unos 56 puntos base por encima de su nivel de noviembre de 2025, mientras el de treinta años rondaba 9.93%, frente a 9.48% un año antes. La aparente contradicción plantea una pregunta: ¿por qué el costo del financiamiento de largo plazo no acompaña los recortes del banco central?
La primera respuesta está fuera de México. En el mismo periodo, el rendimiento del Treasury estadounidense a diez años pasó de 4.11% a 5.15%, un aumento de 104 puntos base. De hecho, el diferencial nominal entre los bonos mexicanos y estadounidenses se redujo cerca de medio punto porcentual. Sería equivocado interpretar el aumento de las tasas mexicanas como una señal inequívoca de desconfianza fiscal. El movimiento internacional explica parte
Las tasas largas incorporan expectativas sobre las tasas de interés futuras y una compensación por mantener bonos durante muchos años. Esta última refleja riesgos de inflación, liquidez e incertidumbre financiera. En México también importa la percepción del riesgo soberano. Banxico determina la tasa de referencia, pero no controla directamente las condiciones a las que el gobierno se endeudará durante las próximas décadas. Estas dependen de la confianza en la estabilidad de precios y en la capacidad del Estado para cumplir sus obligaciones.
John Cochrane, economista de Stanford, ofrece un marco útil para entender esa relación. En un ensayo reciente plantea que reducir la inflación sin provocar una recesión es posible si hogares y empresas creen que la estabilidad de precios será duradera. Las expectativas pueden hacer parte del trabajo que, de otro modo, exigirían tasas más altas y menor actividad. Pero esa credibilidad no se consigue únicamente con discursos o decisiones monetarias. Requiere un compromiso persistente y unas finanzas públicas compatibles con él.
Para México, una prueba fundamental sigue siendo la credibilidad monetaria. Según la encuesta de Banxico de octubre, los analistas esperan una inflación de 3.94% para los próximos doce meses y de 3.7% para un horizonte de cinco a ocho años. Aunque relativamente estables, las expectativas permanecen por encima del objetivo de 3% y de la trayectoria de convergencia prevista por el propio banco central. La cuestión no es si Banxico debe mantener las tasas elevadas indefinidamente, sino si sus decisiones son suficientemente convincentes para que hogares, empresas e inversionistas crean que la inflación regresará al objetivo y permanecerá allí.
Esa tarea tampoco depende exclusivamente del banco central. Cochrane recuerda que, si los inversionistas dudan de que el gobierno pueda financiar sus obligaciones mediante ingresos futuros y ajustes de gasto, pueden exigir mayor compensación por mantener su deuda. En circunstancias extremas, la expectativa de que los desequilibrios terminen financiándose mediante inflación debilita la política monetaria. Esto no significa que cualquier déficit produzca inflación ni que toda tasa larga elevada revele indisciplina fiscal. Significa que la credibilidad monetaria necesita un entorno fiscal que no la contradiga.
México ofrece razones para prestar atención a esa interacción. El Paquete Económico 2027 contempla Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), la medida más amplia del déficit, de 3.9% del PIB, frente a 4.1% estimado para 2026. Existe, por tanto, una consolidación fiscal, aunque gradual y lejos del 2.5% que se estima suficiente para estabilizar el nivel de deuda. Al mismo tiempo, Hacienda prevé que la deuda pública alcance 55% del PIB. La pregunta relevante no es si ese nivel resulta elevado frente a otros países, sino si puede estabilizarse bajo supuestos razonables de crecimiento y costo financiero.
La sostenibilidad depende del crecimiento nominal, la tasa efectiva pagada sobre la deuda y el balance primario. Las mayores tasas de mercado tampoco se trasladan inmediatamente al presupuesto: su efecto depende de los vencimientos y de la composición de la deuda. Pero conforme esta se refinancia, los rendimientos elevados encarecen el ajuste futuro y reducen los recursos disponibles para otros objetivos.
Los márgenes fiscales son estrechos. Hacienda proyecta un crecimiento real de entre 1.5% y 2.5% para 2027 e ingresos tributarios equivalentes a 15.9% del PIB, un máximo histórico que todavía refleja una capacidad recaudatoria limitada. La consolidación propuesta representa un avance, pero su suficiencia depende de que el crecimiento y los ingresos acompañen las proyecciones. Un ajuste demasiado rápido podría debilitar la actividad; uno insuficiente podría prolongar la incertidumbre sobre la deuda.
La reducción del diferencial de tasas frente a Estados Unidos no apunta, por sí misma, a un deterioro relativo del riesgo mexicano. Además, las tasas largas podrían disminuir si retroceden los rendimientos internacionales, incluso sin cambios fiscales significativos. Para evaluar cuánto influye la situación fiscal habría que observar también las tasas reales, las expectativas de inflación de largo plazo y las primas de riesgo soberano.
Pero que las tasas largas respondan a múltiples factores no resta importancia a la credibilidad monetaria. Para Banxico, el desafío es demostrar que puede reducir la tasa de referencia sin comprometer la convergencia de la inflación al 3%, particularmente cuando las expectativas siguen por encima de ese nivel. Una trayectoria fiscal sostenible contribuiría a ese esfuerzo, pero no sustituye la responsabilidad del banco central. La credibilidad puede hacer menos costosa la desinflación. Perderla puede obligar a pagar un precio mucho mayor para recuperarla.