7,500 pesos
La carta que publicó ayer Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena, dando cuenta de su reciente viaje a Japón detonó una discusión pública que va más allá del ámbito personal.
En su carta, publicada en su cuenta de Instagram, acusa de ser víctima de “una campaña de linchamiento político” al señalarle que viajó en aviones privados o que se hospedó en un hotel de 50 mil pesos por noche. López Beltrán aclaró: “pagué 7,500 pesos diarios en un hotel, incluído el desayuno”. Unos 400 dólares diarios, a la paridad de estos días.
La cifra no nos consta, es su declaración pública. Pero es fácil saber, con la información disponible, que el largo viaje que emprendió a Seattle y a Tokio no es para cualquier mexicano porque cuesta mucho dinero. Que pagarlo “con mis propios recursos”, como lo señala, efectivamente no es un delito. Pero refleja una gran asimetría entre el discurso oficial de austeridad que se pregona cada mañana y el ejercicio cotidiano del privilegio al amparo del poder y de los recursos públicos de los que se disponen.
La presidenta Claudia Sheinbaum lo dijo con estas palabras, “sea la Presidenta, sea un diputado o un senador, algún otro encargo, porque los partidos políticos son instituciones públicas, reciben recursos públicos, todos debemos dar cuentas”.
Aun creyendo su dicho, los 7,500 pesos que Andrés Manuel gastó en una noche de hotel en Tokio equivalen al salario mensual de 23 millones de mexicanos, o al ingreso quincenal de otros 17.9 millones, según el último reporte de INEGI. Es decir, para el 68% de los trabajadores, ese gasto representa lo que ganan en una quincena o en todo un mes.
Pero no se trata solo de aritmética. La desigualdad económica va más allá de los ingresos. También es percepción de legitimidad del gasto frente a la escasez generalizada. En un país en el que 40% vive en pobreza laboral y donde el acceso a derechos básicos como salud, vivienda o educación sigue siendo desigual, el uso del lujo de quienes viven del presupuesto público, aunque sea privado, adquiere una dimensión pública y simbólica.
¿Cómo entender la credibilidad fiscal con episodios como éstos? Cuando las élites políticas, o sus círculos cercanos, ostentan lujos, se debilita la confianza ciudadana en que sus impuestos se usan de forma justa, y se incrementa el incentivo a la evasión. La legitimidad del sistema tributario se erosiona cuando existe esta desconexión.
El gasto, aunque no provenga de los recursos públicos -que no es el caso como sugirió Sheinbaum- no puede reducirse a una cuestión de legalidad o privacidad, porque toca un aspecto más profundo: el acceso a las redes del poder suele traducirse en formas no monetarias de ventajas a través de información privilegiada, trato preferencial, impunidad fiscal, contratos públicos, o incluso protección judicial, concentrando oportunidades en las élites políticas o familiares.
Así, un funcionario o dirigente puede pagar un hotel caro con “su dinero”, pero ese dinero puede estar inflado por beneficios obtenidos solo por su cercanía al poder.
Pero más allá: La ética pública no se define sólo por el cumplimiento de la ley, sino por la coherencia entre los valores que se promueven y los comportamientos que se observan y permiten.
La declaración de los 7,500 pesos por noche en un hotel de Japón es económicamente contrastante, erosiona la legitimidad tributaria, es políticamente torpe y éticamente incongruente. En sociedades marcadas por la desigualdad, los símbolos no son accesorios: son mensajes. Y este, por más que se intente restarle importancia, envía uno contundente.
Samuel García
Editor y economista. Fundador y director de Arena Pública. Fundó y dirigió El Semanario de Negocios y Economía. Fue director editorial de Negocios del Grupo Reforma y 'El Universal'. Director fundador de 'Infosel'. Fue profesor de la Maestría en Periodismo y Asuntos Públicos del CIDE y del Diplomado en Periodismo Económico de la Escuela de Periodismo Carlos Septién. Máster en Periodismo Digital. Columnista, comentarista y consultor para diversos medios en México.
