Con Lula en la cárcel la economía de Brasil recibe buenos deseos para el futuro
Una vez que Lula se entregó a sí mismo a las autoridades brasileñas el pasado 7 de abril, calificadoras, analistas y organizaciones económicas soltaron un ligero suspiro de alivio ante el futuro de las finanzas públicas del país latinoamericano.
Después de que Luis Inácio Lula da Silva pasara dos noches en prisión la calificadora Moody’s Investors Service revisó la perspectiva de la calificación en la deuda soberana de Brasil pasándola de negativa a estable.
El motivo fue ante “las expectativas de Moody’s de que la próxima administración pasará las reformas fiscales necesarias para estabilizar el nivel de deuda alrededor de la mitad del nuevo periodo”, especialmente aquellas de seguridad social.
De igual forma se mantuvo la estimación preliminar sobre el crecimiento económico del país a un nivel de 2.2% por parte de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) el 11 de abril, misma que si bien no hizo referencia a las elecciones comentó que el crecimiento de 2% que se esperaba en las economías de América del Sur sería como resultado del mayor dinamismo que tendrá Brasil.
Y es que Lula da Silva, aún puntero para ser seleccionado como presidente hasta la fecha de esta publicación, ha sido dibujado por actores políticos frente a las elecciones de Brasil este octubre 2018 como Andrés Manuel López Obrador ante las de México este 1 de julio, de ganar serían los responsables de convertir a su país en la segunda Venezuela.
Lula da Silva.
En el ámbito económico la semejanza para Lula se sustentaría en el incremento del gasto público, una política aplicada en sus primeros dos mandatos, así como en la posibilidad de cancelar algunas reformas que sanearían las finanzas estatales y con ello la deuda pública.
Entre ellas se encuentran la reforma laboral empujada por el actual presidente de Brasil, Michel Temer, misma que en noviembre de 2017 Lula aseguró que la sometería a referéndum para mantenerla o no de llegar a la presidencia.
No obstante, es la aplicación de la reforma de pensiones la que más preocupa a organismos y calificadoras pues la misma OCDE la ha considerado como urgente para el futuro económico de Brasil y que la actual administración no ha podido aprobar por falta de consenso en el Congreso.
De aplicarla, se tendría que aumentar la edad de retiro de las personas que actualmente pueden jubilarse a los 55 tras haber entrado a la vida laboral a los 20 años, el nivel más bajo de retiro entre todos los países de la OCDE, cuyo promedio está en 65.
Una medida tan impopular como esta ha decidido dejarse a quien sea próximo presidente de Brasil, para quien deberá representar una de sus prioridades si quiere contener el incremento en el gasto público.
Trayectoria de la deuda pública de Brasil ante diversos escenarios. Fuente OCDE, 2018.
La aplicación de esta sola reforma representaría evitar llevar a la deuda pública del país a representar más del doble del PIB anual de Brasil para 2030 y dejarla cerca del 83% según estimaciones del la OCDE.
Así mismo, el nuevo presidente tendrá la responsabilidad de implementar un ajuste en los planes fiscales que impliquen recortes permanentes al gasto, delinear los pisos mínimos de beneficios sociales entre la población, entre otras medidas sugeridas por la OCDE.
MÁS INFORMACIÓN: Encuesta económica de Brasil 2018, OCDE:
MÁS INFORMACIÓN: Cambios en la calificación de la deuda soberana de Brasil, Moody's, 9 de abril de 2018.
