86% de casas-hogar atendidas por civiles, Estado recarga su obligación en ciudadanos
El interés por protejer a los menores que muestran las autoridades en sus discursos toma distancia de la realidad.
Con la instalación del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes “se inicia una nueva etapa para la infancia y adolescencia en la que todos trabajamos de forma coordinada para proteger, defender y garantizar sus derechos”.
Señaló Angélica Rivera, esposa del presidente Enrique Peña, en referencia al mecanismo creado en 2014 para crear políticas públicas a través de las cuales niños y adolescentes pudieran exigir y ejercer sus derechos como responsables de decidir, no solo como objetos de protección.
La protección de la infancia y adolescencia debería ser una prioridad para los países. El artículo 4 de la Constitución señala que “en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos”.
Sin embargo, en México el Estado recarga su obligación constitucional de atender y proteger a los niños y adolescentes vulnerables en la sociedad civil.
Para 2014, el mismo año que se creó el Sistema, México ni si quiera contaba con una estadística sobre el número de niños y adolescentes que se encontraban en instituciones de custodia. El dato más reciente para esa fecha era de 2007 y reportaba 1.6 millones de huérfanos.
De ahí que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) exigiera a las autoridades la creación de un registro nacional de albergues infantiles, como resultado el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó el Censo de Alojamientos de Asistencia Social en 2015.
En México 86% de las casas hogar que prestan asistencia social a niños y adolescentes de entre 6 y 18 años están a cargo de asociaciones civiles o instituciones privadas de beneficencia, es decir, 754 de un total de 879, reveló el censo.
Mientas que las instancias gubernamentales se hacen cargo de solo 11% del total o 98.
Los estados que más recargan su responsabilidad en la sociedad civil son Baja California donde el Estado atiende solo a tres casas hogar para menores de 113 totales; Chiapas que cuenta con 24 y solo una atendida por el gobierno, así como Chihuahua y Jalisco que tienen entre 72 y 79 pero solo dos en cada estado son atendidas por una institución pública.
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Incluso hay estados donde el gobierno se deslinda completamente de su responsabilidad, es el caso de Guanajuato, Morelos y Puebla, todas las casas hogar que hay son administradas por particulares o asociaciones civiles.
El Estado no solo delega en la sociedad civil la administración de las casas hogar para niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, sino también el financiamiento.
La mayor parte del financiamiento de las casas hogar proviene de donaciones de particulares, 84% se mantienen con este tipo de recursos. En segunda instancia están los aportes del gobierno, 57% las reciben.
Aunque la protección de la infancia y adolescencia es una obligación del Estado y no una cuestión de caridad, una cuarta parte de las casas hogar aún obtiene recursos por vías como colectas y rifas. De hecho el tercer financiador son las asociaciones religiosas, 46% de las casas hogar recibe recursos por esta vía.
Casas hogar, entre azul y buenas noches
La mayoría de las casas hogar para niños y adolescentes -publicas o privadas- tiene una adecuada distribución a decir del censo del Inegi.
Las casas hogar en México tienen deficiencias que resarcir, por ejemplo, un tercio no cuenta con espacios de esparcimiento como canchas para jugar.
El 56% de las casas hogar del país tiene de uno a cuatro dormitorios, en promedio duermen cinco menores en cada uno; hay 2.3 usuarios por cada taza de baño y tres por cada regadera.
La mayoría cumple con la recomendación de la Organización de las Naciones Unidas de no albergar a más de 80 infantes, el 74% tiene entre 11 y 60 usuarios y solo el 7% tiene a entre 61 o más de 100.
Aunque este último porcentaje es pequeño en comparación con las casas hogar que si cumplen con la recomendación, es una cantidad considerable, se trata de 66.
Sin embargo, a las casas hogar les hacen falta servicios o espacios adecuados para brindar un mejor servicio a los menores vulnerables.
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Por ejemplo, 60% de las casas hogar en México no cuenta con servicios de vigilancia; más de la mitad no tienen consultorio médico o enfermería y 88% no disponen de instalaciones para rehabilitación física.
Un tercio de las casas hogar no tiene espacios de esparcimiento como canchas para jugar; tampoco brindan servicios como ejercicio o terapia física o apoyo jurídico en derechos humanos.
Además, la mayoría de las casas hogar no está adaptada para personas que sufren discapacidad motriz, en 64% no hay rampas para sillas de ruedas y en 87% tampoco tienen baños adaptados.
MÁS INFORMACIÓN: Censo de Alojamientos de Asistencia Social (CAAS), Inegi, 2015.
