Política Social y Seguridad

Dinero, la principal causa de las detenciones arbitrarias de la policía: AI

Recibir dinero de terceros, extorsionar a las víctimas o amedrentar a personas que participan en movimientos por los derechos humanos son las causas más comunes de las detenciones arbitrarias.

25-07-2017 15:24 Por : Arena Pública
Las personas que más corren riesgo de ser detenidas de forma arbitraria son los jóvenes pobres e indígenas.
Las personas que más corren riesgo de ser detenidas de forma arbitraria son los jóvenes pobres e indígenas.

Las detenciones arbitrarias son comunes en México.

Una de las principales razones tiene que ver con dinero y las sufren, principalmente, los hombres pobres, alerta Amnistía Internacional (AI).

Recibir dinero de terceros, extorsionar a las víctimas o amedrentar a personas que participan en movimientos por los derechos humanos, son las causas más comunes de las detenciones arbitrarias, afirma el informe “Falsas sospechas, detenciones arbitrarias por la policía en México” de AI publicado en julio de 2017.

Los salarios bajos que reciben los operadores de justicia explican en parte su propensión a extorsionar.

Dependiendo de la corporación van de los 2 mil 413 pesos mensuales hasta los 24 mil, según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Esta disparidad los hace propensos a aceptar sobornos y extorsiones y es algo que el sistema de justicia no toma en cuenta hasta ahora, afirma AI.

La impunidad también explica la cotidianidad de las detenciones arbitrarias. Las autoridades a las que se les comprueba que detuvieron a una persona sin causa suficiente o de forma arbitraria rara vez les corresponden un castigo. De todos los estados, solo Morelos y Coahuila confirmaron haber aplicado alguna sanción al respecto desde 2014, según el documento.

Una detención arbitraria es la que se lleva a cabo sin explicar al detenido las razones de su aprehensión, sin llevar a cabo el debido proceso o sin que existe una justificación suficiente, de acuerdo con el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

El debido proceso son los pasos que por ley se deben seguir al momento de aprehender a un posible culpable, entre otros, informarle sus derechos, el por qué ha sido detenido y que tiene derecho a guardar silencio.

 

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En el país las personas que más corren riesgo de ser detenidas de forma arbitraria son los jóvenes, pobres e indígenas, de acuerdo con el documento de AI.

“Los arrestos a las personas que supuestamente estaban cometiendo un delito al ser aprehendidas no suelen funcionar como una respuesta auténtica para enfrentar los delitos cometidos en el país, sino que son utilizados por las autoridades de forma ilegal, principalmente contra aquellas personas que enfrentan situaciones históricas de discriminación, con una preocupante afectación a hombres jóvenes que viven en pobreza”, explica Amnistía.

En México la mayor parte de la población encarcelada es de nivel educativo bajo y en su mayoría son hombres, casi el 60%, de acuerdo con datos de la Primera Encuesta realizada a Población Interna en Centros Federales de Readaptación Social.

El número de ciudadanos que no llevaron un debido proceso se desconoce, pero es posible hacer una aproximación mediante otros datos disponibles.

Del total de los reclusos el 65% no fue tratado con respeto, el 54% fue amenazado. Del 49% de reclusos que no fue detenido mientras cometía un delito, 92% afirmó que no le mostraron una orden de aprehensión.

El 30.5% de los encuestados dijo que se había declarado culpable luego de ser sometido a tortura, mientras que el 24.5% lo hizo porque fue presionado o amenazado y el 4.4% porque amenazaron a su familia. Mientras que  48.3% de la población penitenciaria dijo haberse declarado culpable porque lo era.

El Estado arremete contra los derechos humanos al permitir detenciones arbitrarias.

 

“Las detenciones arbitrarias en México son cotidianas y muy frecuentemente el punto de partida de graves y persistentes violaciones a los derechos humanos, tales como la tortura, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales”, afirma AI.

Los ejemplos abundan, y en ellos no solamente se ve la falla del Estado de derecho, sino una actitud consistente de las autoridades.

En 2013, Manuel Gómez Santiz, Mariano Hernández Sántiz y Raúl Juárez Sántiz miembros indígenas del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, fueron detenidos de “manera arbitraria y extrajudicial” en el municipio de Altamirano, Chiapas, sin saber la razón. Fueron “emboscados”.

El frente al que pertenecen se dedica a la defensa del derecho a la tierra. Los elementos policíacos tenían aliento alcohólico, según relató a la Comisión de Derechos Humanos de la localidad la esposa de uno de los detenidos. En el forcejeo los policías quebraron el parabrisas del coche que manejaban al aventar una bicicleta contra este mientras que sus ocupantes se resistieron a descender.

Cuando fueron detenidos con violencia, las autoridades convocaron a los ejidatarios para planear “qué hacer con ellos”, según el recuento, en lugar de ponerlos a disposición de un juez.

Este caso ejemplifica cómo el Estado tolera, promueve y consciente actos ilegales en contra de comunidades indígenas y campesinas que buscan defender sus derechos humanos, de acuerdo con la Red de Defensa de los Derechos Humanos.

 

Persisten violaciones a debido proceso con nuevo Sistema de Justicia Penal

Las violaciones al debido proceso al momento de la detención persisten aun cuando desde 2016 se puso en práctica el nuevo Sistema de Justicia Penal que debería frenarlas.

“En México no hay regulaciones claras sobre el uso de la fuerza y la mayoría de las corporaciones policiales carecen de normas al respecto. Esta ausencia de normatividad afecta el comportamiento policial y es una causa adicional de preocupación para la organización, ya que las detenciones arbitrarias comúnmente involucran el uso ilegal o excesivo de la fuerza”, de acuerdo con el informe de AI.

 

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Las deficiencias en la capacitación del personal judicial, las interpretaciones inconsistentes de la nueva legislación y otras fallas hacen que se viole el derecho al debido proceso.

Uno de los pilares del nuevo sistema es la presunción de inocencia, tampoco se respeta según Amnistía Internacional.

“Los policías están mal preparados y detienen mal”, declaró a AI un agente del Ministerio Público. Lo anterior conlleva a que los pasos esenciales para comenzar una investigación como resguardar la escena y la evidencia no sean llevados a cabo como se deben y se favorezca la impunidad. En México el 99% de los delitos quedan en la impunidad, según el Índice Global de Impunidad México 2016.

 

MÁS INFORMACIÓN: Falsas sospechas, detenciones arbitrarias por la policía en México, AI, 2017.