Economía y Sistema Financiero

En mayo Peña y Videgaray deberán publicar declaración por conflicto de interés

29-04-2015 10:56

Los datos patrimoniales de los funcionarios continuarán publicándose a discrecionalidad.

La posesión de la llamada Casa Blanca, construida para la esposa del presidente por un contratista del gobierno federal, no ha dejado de ser cuestionada como un conflicto de interés por la prensa internacional. Agrandar
La posesión de la llamada Casa Blanca, construida para la esposa del presidente por un contratista del gobierno federal, no ha dejado de ser cuestionada como un conflicto de interés por la prensa internacional.

El próximo mes el presidente de la República, Enrique Peña Nieto y el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, deberan dar a conocer sus declaración por conflicto de interés.

Hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo que obliga a 206 mil funcionarios de la administración pública federal —desde jefes de departamento hasta el presidente de la República— a realizar una declaración por posibles conflictos de interés que se anexará a la declaración patrimonial que deben realizar anualmente.

Para tal efecto los servidores públicos deben declarar si ocupan un puesto o encargo en órganos directivos y de gobierno de alguna empresa u otro tipo de asociaciones aunque no reciba una remuneración por tal comisión.

De ser así, los servidores públicos deberán especificar el nombre de esa empresa, aclarar la naturaleza y antigüedad del vínculo, la frecuencia con la que acuden a cumplir con su encargo, aclarar si tuvieron participación en la dirección o administración antes o durante el servicio público, entre otros datos.

Esta misma información debe ser reportada en caso de que la esposa(o), concubina(o) y dependientes económicos del servidor público tengan algún encargo en alguna empresa o asociación.

También deberán aclarar las participaciones económicas, convenios, compromisos, contratos o acuerdos con un valor económico presente o futuro que el funcionario tenga con empresas o personas  y que podrían ser percibidos o susceptibles de un conflicto de interés.

Bajo el supuesto anterior los servidores públicos deberán declarar el nombre de la empresa o persona con quien tengan el contrato o convenio, la fecha de constitución de la sociedad, la inscripción en el registro público de la propiedad, el tipo de participación o contrato, la antigûedad de la participación, entre otras. Lo mismo para sus dependientes económicos y concubinos o cónyuges.

Es en este apartado donde el presidente de la República y el secretario de Hacienda deberían aclarar la relación con el contratista de gobierno, Armando Hinojosa, propietario de Grupo Higa, en relación con la construcción de la casa de la primera dama, Angélica Rivera, la llamada “Casa Blanca” y la residencia en el municipio de Malinalco, estado de México propiedad de Luis Videgaray.

La revelación sobre la posesión de ambas propiedades puso en evidencia un conflicto de interés que cuestionó a las más altas esferas de gobierno desde el ámbito local e internacional, para algunos analistas aún no ha sido suficientemente aclarado y por tanto sigue cuestionandose.

Apenas la semana pasada el periodista de la cadena Univisión, Jorge Ramos, cuestionó los hechos durante la gala de la revista Time al señalar en su discurso:

"Señor Peña Nieto, comprar casas de contratistas y luego darles millones de dólares en contratos, eso es corrupción por eso tanta gente quiere su renuncia y no nos vamos a callar… Creo que están escuchando".

Luego del escándalo que desató la popularmente conocida Casa Blanca, el pasado 3 de febrero Enrique Peña Nieto prometió que llevaría a cabo una serie de acciones para combatir la corrupción y los conflictos de interés, de entre las que se desprendió la iniciativa encomendada a la Secretaría de la Función Pública para poner en marcha las declaraciones por conflicto de interés.

Sin embargo, en su mandato para combatir la corrupción hubo algo que no tocó, los datos patrimoniales de los servidores públicos seguirán siendo opacos.

Los servidores públicos están obligados a declarar sus ingresos netos por actividades distintas al servicio público como de los que obtienen por actividades industriales o comerciales, el valor de sus bienes muebles, inmuebles y vehículos, así como lo que pagaron por ellos, también el saldos de sus inversiones bancarias y adeudos.

No obstante, tienen la opción de no hacer públicos los datos contenidos en el párrafo anterior, por lo que seguirán opacos para el escrutinio ciudadano.

 

 A FONDO: Consulta el Acuerdo por  el que se dan a conocer los formatos que deberán utilizarse para presentar las declaraciones de situación patrimonial, publicados el 29 de abril de 2015 en el Diario Oficial de la Federación.

MÁS INFORMACIÓN: Peña se somete a la prueba del ácido: la SFP dirá si hubo conflicto de interés con la Casa Blanca. Nota de Arena Pública del 3 de febrero del 2015.

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