Con reloj en mano el empresariado dice que vigilará la larga implementación de las reformas anticorrupción
Con la reciente aprobación en el Congreso de la Ley General de Transparencia y del Sistema Nacional Anticorrupción, el tiempo empieza a correr para que el Poder Legislativo implemente estos cambios en lo que será un largo proceso.
Y el empresariado mexicano, representado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), ha dicho que vigilará que los legisladores estatales no le queden mal al país.
En su comunicado semanal, el organismo empresarial recordó que el Sistema Nacional Anticorrupción debe ser aprobado por la mayoría de congresos estatales por involucrar cambios constitucionales.
Al momento sólo han cumplido los congresos de Chiapas, Estado de México e Hidalgo.
Luego de esta etapa, seguirá un complejo proceso de legislación secundaria e implementación, para lo cual tendrá un año.
El Congreso deberá resolver la regulación de la organización y facultades de la Auditoría Superior de la Federación, las bases de coordinación del Sistema y una ley general que distribuya competencias entre los órdenes de gobierno para establecer responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones y las sanciones aplicables.
En el caso de la reforma de transparencia, los estados tienen hasta un año para armonizar sus leyes locales con la nueva legislación federal, para que entonces apliquen cambios como las facultades que se le confirieron al IFAI de revisión y atracción.
“El combate frontal y sistémico a la corrupción es el gran pendiente en México. Es claro que en este nivel del proceso de reforma pueden presentarse resistencias, ante los niveles de impunidad, ausencia de rendición de cuentas e insuficiente equilibrio de poderes en algunos estados y municipios", advirtió el CCE.
Así, conminó a una constante vigilancia desde la sociedad civil para que las reformas avancen y se consoliden en tiempo y forma, para luego se ejecuten y cumplan.
Los efectos de esto cambios para poner un alto a la corrupción e impunidad en México se deben buscar "cuanto antes".
El Sistema Anticorrupción y la Ley General de Transparencia —dijo el CCE— deben derivar en:
- La profesionalización del servicio público.
- Acceso real a información de los gobiernos.
- Contraloría con participación ciudadana.
- Medios efectivos y seguros de denuncia.
- Revisión de las cuentas de partidos políticos, sindicatos, fideicomisos e inclusive empresas que manejen dinero público.
- La extinción de dominio por actos de enriquecimiento ilícito.
- Que la Auditoría Superior de la Federación fiscalice prácticamente en tiempo real y audite las cuentas públicas de estados y municipios.
- Y sanciones penales e inhabilitación para todos los involucrados en actos de corrupción.
Según cálculos del observatorio económico ¿México Cómo vamos?, la corrupción le costó a México durante 2014 dos puntos porcentuales de crecimiento en su Producto Interno Bruto, debido a un menor rendimiento de la inversión privada y pública.
"Los ciudadanos no podemos bajar la guardia: tenemos que seguir denunciando la corrupción e impulsando el cambio, comenzando por la consolidación oportuna y completa de los poderosos instrumentos que podemos tener a nuestra disposición, gracias a las reformas que fueron aprobadas", dijo.
A FONDO: Consulta el boletín de La Voz del CCE, De los escándalosa compromisos y hechos.
MÁS INFORMACIÓN: Iguala tuvo eco; Senado aprobó el Sistema Nacional Anticorrupción. Nota de Arena Pública del 21 de abril de 2015.
MÁS INFORMACIÓN: Corrupción le sale cara al PIB mexicano. Nota de Arena Pública del 21 de abril de 2015.
