Aún con instrumentos y presupuesto, el Estado mexicano falló en proteger a los periodistas en 2014: Artículo 19
El Estado mexicano tiene todo a su disposición para salvaguardar la integridad de los periodistas y el derecho de los mexicanos a ser informados: una ley federal, un mecanismo de protección especial, un área especializada dentro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y, sobre todo, una fiscalía especializada.
Sin embargo, ha decidido voltear a otro lado.
Según la organización no gubernamental especializada en libertad de expresión, Artículo 19, de cada 10 investigaciones iniciadas por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con la Libertad de Expresión sólo una es consignada ante un juez.
El resto de las denuncias quedan archivadas o son desechadas. Un actuar que contradice al considerable presupuesto de 39 millones de pesos que recibió para el ejercicio fiscal de 2014.
Con este presupuesto sólo se consignaron ante la autoridad judicial 17 averiguaciones y se integraron otras 167 relacionadas con hechos delictivos contra algún periodista o persona que violente la libertad de expresión. En tanto, cerró año con 121 expedientes rezagados.
Es poca la efectividad y voluntad política ante el creciente número de violaciones contra comunicadores, denunció la organización.
Estado de violencia
De acuerdo con su reporte “Estado de Censura”, durante 2014 se registraron 326 agresiones a periodistas —una cada 26.7 horas—; 48% a cargo de funcionarios públicos, mientras que sólo el 2% fueron realizadas por el crimen organizado.
De éstas, la mayoría correspondieron a agresiones físicas (142), y el resto a intimidaciones (53), detenciones arbitrarias (45), amenazas (44), hostigamientos judiciales (14), ataques cibernéticos (12), asesinatos (6), difamación y calumnia (5), desapariciones (2), criminalizaciones (2) y un desplazamiento.
Los hechos reportados por Artículo 19 se cuentan solos: a Edwin Canché lo torturó un alcalde en Yucatán, a Gregorio Jiménez lo abandonaron sin vida en una zanja de Veracruz, a Adrián López le balearon las piernas en Sinaloa, a Indalecio Benítez le mataron a un hijo, a Karla Silva le abrieron la cabeza a golpes trabajando en su redacción de Guanajuato y a Pedro Canché lo encarcelaron bajo el tipo penal de sabotaje en Quintana Roo.
La organización refirió que estas agresiones van en detrimento directo del derecho de las personas a ser informadas y de la democracia en México.
Durante la administración de Enrique Peña Nieto estos hechos violentos casi se han duplicado respecto al sexenio anterior.
Según los datos recopilados por Artículo 19 en el sexenio del ex presidente Felipe Calderón se documentaron 182 ataques en promedio de forma anual. En lo que va de la administración del Partido Revolucionario Institutcional el balance es de 328.
“El Estado mexicano está en deuda respecto de su obligación de prevenir y proteger a quienes llevan a cabo actividades periodísticas. Tampoco ha cumplido con su responsabilidad de perseguir, capturar y sancionar a los responsables de los delitos, lo cual contribuye a la impunidad y genera incentivos para que sean cometidos nuevamente.
“El Estado ha llevado a la prensa y a los ciudadanos a auto censurarse y a crear condiciones que vulneran el ejercicio de la libertad de expresión”, reprochó la Organización.
A FONDO: Consulta los ataques contra comunicadores recopilados por Artículo 19.
OPINIÓN: La crisis de la prensa. Columna de Samuel García del 13 de marzo del 2015.
