Empresas petroleras son las beneficiarias de la Ley General de Aguas: activistas
La Ley General de Aguas, discutiéndose en la Cámara de Diputados, es una ley privatizadora y viola los derechos humanos, reclamaron activistas.
En conferencia de prensa la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua, la Alianza Mexicana contra el Fracking, Agua para Tod@s, la Red de Acción por el Agua México y Greenpeace México reclamaron que contrario a asegurar el derecho humano al agua, la propuesta legislativa, ya aprobada en comisiones, pretende beneficiar principalmente a las actividades de explotación petrolera.
Entre los principales puntos de la Ley se establece como sujeto de utilidad pública el trasvase (construcción de obras de transportación) de aguas nacionales de una cuenca o acuífero hacia otros.
Además, también se incluye la participación de la inversión privada en la adquisición o aprovechamiento de los bienes inmuebles que se requieran para la construcción, operación, mantenimiento, conservación, rehabilitación, mejoramiento o desarrollo de las obras públicas hidráulicas y de los servicios respectivos, así como la adquisición y aprovechamiento de instalaciones, inmuebles y vías de comunicación que tales obras requieren.
En tanto, empresas de fracking —modelo de extracción petrolera y gasífera mediante presión hídrica— podría disponer del agua para sus propios fines al ser también causa de utilidad pública el uso de las aguas nacionales para generar energía eléctrica destinada a servicios públicos.
"Una de las grandes preocupaciones es cuánto va a costar el agua al usuario final, incluyendo gasto en construcción de megaproyectos", dijo la activista de Agua para Tod@s, Elena Burns, en el Centro Nacional de Comunicación Social A.C. (Cencos).
Por esto, los exponentes convocaron a una marcha el día de mañana frente a la Cámara de Diputados en San Lázaro para rechazar la propuesta.
Según dijo el coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manlio Fabio Beltrones, la iniciativa de ley asegura el uso eficiente de los recursos hídricos con criterios de sustentabilidad y propone que el capital privado se sume a las inversiones públicas; por lo que el marco legislativo no propone privatizar el agua.
También a favor se ha ubicado el diputado priísta Kamel Athie Flores, presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, quien aseguró que la iniciativa contempla medidas de prevención de contaminación, como la suspensión de actividades, clausura de obras de infraestructura, revocación de concesiones y multas.
Además, dijo, la Ley no toca el artículo 27 constitucional ni la Ley General de Bienes Nacionales, por lo que se conserva la propiedad del agua para la nación.
Según datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), citados por los activistas, 9 millones de personas no tienen acceso al agua potable en México.
El dictamen sería votado este martes 10 de marzo en la Cámara de Diputados, pero la fecha fue pospuesta por los legisladores para "atender las observaciones hechas y evitar la desinformación", según dijo Manlio Fabio Beltrones vía Twitter.
