Gobiernos y Finanzas Públicas

Peña se somete a la prueba del ácido: la SFP dirá si hubo conflicto de interés con la Casa Blanca

03-02-2015 13:19

El titular del ejecutivo anunció un paquete de medidas para combatir el conflicto de interés.

El presidente nombro a Virgilio Andrade como secretario de la Función Pública. Agrandar
El presidente nombro a Virgilio Andrade como secretario de la Función Pública.

Enrique Peña Nieto se someterá a investigación por parte de la Secretaría de la Función Pública  (SFP) para determinar si existió conflicto de interés por los recientes escándalos por la compra de mansiones a empresarios constructores.

En un mensaje a medios, el presidente aseguró que la compra de la llamada Casa Blanca, por parte de su esposa, la primera dama Angélica Rivera, siempre estuvo apegada a derecho, así como también la compra de su propia casa en Ixtapan de la Sal.

La primera residencia fue adquirida al empresario Juan Armando Hinojosa, mientras que la segunda a Roberto San Román Widerkehr. Ambos empresarios han ganado múltiples licitaciones públicas a lo largo de la gubernatura y presidencia de Enrique Peña Nieto, lo que ha sido tildado como un claro conflicto de interés.

Dentro de las investigaciones también se considerará al secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, y la compra de su casa, también a Juan Armando Hinojosa, en un exclusivo campo de golf en Malinalco, Estado de México.

El responsable de llevarlas a cabo será Virgilio Andrade Martínez, nombrado durante el evento como secretario de la Función Pública.

El presidente Peña dijo que aunque él, su esposa y su secretario, actuaron con legalidad “los señalamientos realizados (por la prensa), generaron la apariencia de algo indebido, algo que realmente no ocurrió”.

Estas investigaciones, dijo, serán compartidas a un grupo de expertos para evaluarlas.

Esto, como parte de un paquete acciones ejecutivas para prevenir y evitar los conflictos de interés.

Entre los anuncios realizados por Enrique Peña también se encuentran las siguientes:

  • La Secretaría de la Función Pública deberá reforzar los procesos de control, fiscalización, y auditoría de los servidores del gobierno de la República.
  • Desde mayo se establece la obligatoriedad de los funcionarios de la administración pública federal de presentar un informe sobre posibles conflictos de interés. Ésta deberá actualizarse anualmente e incluir las actividades profesionales del funcionario, su participación en empresas, la existencia de deuda o bienes propios de su cónyuge, así como las causas por las que el servidor público considera que podría existir un conflicto de interés con relación a las decisiones que tiene a su cargo.  Su diseño está avalado por la OCDE.
  • Dentro de la Secretaría de la Función Pública se creará una unidad especializada en la ética y prevención de conflicto de interés, que será responsable de determinar la existencia de casos de conflicto de interés, dictar medidas preventivas y en su caso aplicar sanciones.
  • Se emitirán reglas de integridad para el ejercicio de la función pública federal que amplíen y profundicen los actuales códigos de ética.
  • La Secretaría de la Función Pública establecerá protocolos de contacto entre particulares y los funcionarios responsables de decidir en los procesos de contrataciones públicas, licencias, concesiones y permisos.
  • Todas las dependencias y entidades de la administración pública federal tendrán hasta el mes de abril para identificar y clasificar el nivel de responsabilidad de los servidores públicos que intervengan en estos procesos. Deberán ser integrados a un registro certificados en su adecuado desempeño.
  • Se acelerará operación de ventanilla única digital www.gob.mx.
  • La lista pública de proveedores sancionados por el gobierno de la República será más completa y detallará la causa de su sanción.
  • Se fortalecerán mecanismos de colaboración con el sector privado en combate a la corrupción.

De manera paralela, el presidente instó al Congreso de la Unión a aprobar en este periodo ordinario de sesiones el Sistema Nacional Anticorrupción.

Éste se encuentra detenido en la Cámara de Diputados, donde —según han expresado académicos y legisladores de los partidos PAN y PRD— se pretende por parte del PRI entregar en su lugar un comité de ética pública presidido por el presidente y los gobernadores, y no un órgano de autonomía plena, como se espera.  

Consultado por la periodista Denise Maerker en su programa radiofónico, el director de la Red por la Rendición de Cuentas, Mauricio Merino, aseguró que las medidas anunciadas fueron sólo un discurso político, mientras que el presidente sólo “patea el bote hacia adelante”.

El experto en transparencia lamentó que el presidente hiciera “votos” porque el Congreso apruebe un verdadero sistema nacional anticorrupción, siendo que —de acuerdo con Merino— la misma Oficina de la Presidencia se ha opuesta a algunas partes del proyecto.

“Se necesita pasar de una mera declaración de principios a un protocolo formal que norme el comportamiento de los servidores públicos, especialmente de aquellos responsables de las contrataciones públicas”, dijo el presidente en su mensaje.

 

MÁS INFORMACIÓN: WSJ destapa otra casa de Peña vinculada a empresario cercano. Nota de Arena Pública del 21 de enero de 2015.  

MÁS INFORMACIÓN: Comienza el ajedrez del Sistema Nacional Anticorrupción. Nota de Arena Pública del 29 de diciembre de 2014.

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