Si bien es cierto que se trata de un proyecto cabildeado en las más altas esferas diplomáticas y que ya cuenta con un presupuesto aprobado por más de 75 millones de pesos, la ampliación del aeropuerto de Tijuana podría enfrentarse a obstáculos sociales que se agudizan ante el deterioro de la economía fronteriza luego del incremento a 16% de la tasa del IVA.
Por ejemplo, la Asociación de Comerciantes Turísticos de Tijuana se reorganiza para exigir al gobierno local y al federal se consideren los efectos devastadores que podrían generarse en la zona al contar con un cruce mucho más rápido enclavado en la infraestructura aeroportuaria y que favorecería a los comercios estadunidenses.
Se trata de un proyecto de carácter binacional que deberá concretarse durante los próximos dos años. Las llamadas ciudades gemelas de México y Estados Unidos siguen exhibiendo severas asimetrías que en el caso de México -según los comerciantes organizados en la zona- no se vigilarán de manera adecuada. Hablan de contaminación, de ruido, además de la caída en sus ventas.
Adicionalmente el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), el operador del aeropuerto en la zona que encabeza Fernando Bosque, no tiene una buena relación con los grupos que ponen en tela de juicio la ampliación de la terminal de Tijuana.
Este proyecto podría enfrentarse a problemas similares a los que ya vive la presa La Parota en Guerrero.
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