Oceanografía y la omisión de los jueces
Fue hace más de cinco años cuando el despacho Linares Pérez y Asociados demandó ante un juzgado del Distrito Federal el concurso mercantil de la empresa Oceanografía. La deuda por la que se demandó por primera vez el concurso de los pasivos de la entonces estrella de los contratistas de Pemex no superaba los tres millones de dólares, pero este despacho, que llegó a conocer las entrañas del gigantesco proveedor de servicios marítimos, sabía que la situación de la empresa de Amado Yáñez se complicaba cada día más.
Sin embargo, en el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil no observaron las condiciones necesarias para que la empresa, con sede en Campeche, comenzara una cuenta regresiva de un año para revisar su situación financiera. ¿La razón? El cúmulo de contratos de Pemex que seguían fluyendo y que apuntalaban aparentemente sus finanzas.
¿Cómo declarar en concurso mercantil a una empresa que simplemente tenía abierta la chequera de la paraestatal? Algo parecido le sucedió a muchos bancos, entre ellos Banamex-Citibank, que confiaron en la “garantía Pemex”.
Ahora, la Procuraduría General de la República demandó otra vez el concurso mercantil de Oceanografía después de cinco años y de una primera advertencia. Hoy, bajo el número de expediente 265/2014, el Juzgado Tercero en Materia Civil aceptó inmediatamente el caso y comenzó las diligencias, en coordinación con el Instituto Federal de Concursos Mercantiles, para declarar el concurso mercantil de Oceanografía.
Además, hace apenas algunos días, el juez Felipe Consuelo Soto –removido de otro concurso mercantil complicado, el de Mexicana de Aviación– aceptó, precisamente, los argumentos del despacho Linares Pérez y Asociados, que representa Alfonso Arturo Cid Ochoa.
El caso podría llegar a la Judicatura, en donde se deslindarían las responsabilidad de los representantes del Poder Judicial en este caso porque el juez Alejandro Dzib Sotelo se negó una y otra vez a aceptar la demanda de concurso mercantil contra Oceanografía y hasta dictó medidas cautelares para proteger sus operaciones. El juez Felipe Consuelo Soto ya tiene por presentado el índice de acumulación del expediente de concurso mercantil de Oceanografía y será él quien se ocupe del caso que fue desdeñado por el juez Dzib Sotelo.
El caso se llevará por separado porque aparentemente las deudas que reclama son a nombre de Amado Yáñez y no de Oceanografía.
Por cierto, para financiar su defensa, el presidente de esta compañía ofreció a sus abogados el pago en especie con varias propiedades. Esa habría sido la razón por la que reconocidos abogados decidieron declinar la invitación para representarlo jurídicamente en un momento tan complicado.
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