Energía e Infraestructura

Sindicato petrolero, ¿vientos de cambio o solo cambio de piel?

23-04-2014 11:08

El destino de Carlos Romero Deschamps y el del STPRM se juega en estas horas. Gobierno y líderes petroleros han pactado una transición plana, sin sobresaltos, y un redimensionamiento de la plantilla sindical. Aunque la idea primigenia es que el senador abandone el cargo que ocupa desde hace dos décadas, el gobierno no está dispuesto a que el sindicalista elija a su sucesor.

Carlos Romero Deschamps, líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Agrandar
Carlos Romero Deschamps, líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.

El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) afronta una confluencia de tres fenómenos simultáneos que definirán su futuro, pero que al mismo tiempo le posibilita ejercer el gatopardismo o el disfraz camaleónico para asegurar su supervivencia y el mantenimiento de sus privilegios.

Los cambios derivados de la reforma energética de diciembre pasado, el nuevo esquema de pensiones y la renegociación del contrato colectivo convergen en un proceso que no dejará impávido a la agrupación que comanda Carlos Romero Deschamps, quien posiblemente atestigua sus últimas horas como máximo dirigente de la organización.

En ese tenor, el gobierno de Enrique Peña Nieto y la cúpula del STPRM han abierto un proceso negociador en el cual las partes están interesadas en una transición plana y sin sobresaltos, en un intercambio de apoyo a las transformaciones del sector por mantenimiento de las prebendas.

Para el sindicato, el precedente de Elba Esther Gordillo, la ex líder del sindicato de maestros encarcelada desde febrero de 2013, no le es ajeno, pues saben que in extremis el gobierno puede proceder de manera semejante.

A criterio de Alfonso Bouzas, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la coyuntura abre varias posibilidades, como la fundación de nuevos sindicatos y la existencia de contratos de protección patronal, ilegales pero comunes en el país.

“Vamos a vivir una transformación interesante, un corporativismo sin beneficios para la clase trabajadora durante cinco a diez años, porque tiene que llegar el momento, sobre todo con el castigo económico, de que se sacudan esa costra y controviertan la política laboral. Habrá nuevas empresas y no necesariamente los trabajadores van a acordar mantenerse en el sindicato petrolero”, anticipa el experto, en entrevista con Arena Pública.

En su opinión, habrá mejores sindicatos si los trabajadores los forman con auténtica libertad y no se los impone el gobierno.

Pero advierte que el gobierno puede orientar a los inversionistas hacia dirigentes a modo, “quienes cumplen con las expectativas de las empresas y que el gobierno sabe manejar”.

La aprobación de la reforma energética abrió una brecha entre el STPRM y el gobierno, pues implicó la supresión de los cinco asientos que el gremio tenía en el Consejo de Administración de la paraestatal.

Aunado a ello, la petrolera nacional quiere reformar el Fondo Laboral Pemex, con el que se pagan las pensiones jubilatorias y por viudez u orfandad, para aligerar un pasivo que ha crecido desde 2002, cuando ascendió a 37 mil 100 millones de pesos, y el año pasado registró más de un billón de pesos.

Los empleados se pueden retirar actualmente a los 55 años de edad con una pensión de 100 por ciento.

Pemex cuenta con 151 mil trabajadores y unos 95 mil pensionados, de los cuales cerca de 76 mil lo son por jubilación y 18 mil post-mortem.

La Auditoría Superior de la Federación estima que en 2012 el ingreso promedio mensual por pensión concedida fue de 15 mil 700 pesos, 6.3 veces el monto que reciben los trabajadores que cotizaron al Instituto Mexicano del Seguro Social y 4.1 veces la suma estipulada por la Ley del ISSSTE.

Silvia Ramos, secretaria de Relaciones y Difusión de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTYPP), ve en la petroquímica el modelo a aplicar.

“Van a llegar con sus propios sindicatos de protección patronal y los trabajadores que quieran venir, que vengan. En un caso optimista, se podría solicitar un recuento, pero dudo que el STRPM y el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) vayan a luchar por obtener integridad y luchar por sus derechos”, avizora Ramos, ingeniera de inspección de seguridad en la refinería “Miguel Hidalgo” en Tula.

La historia de UNTYPP es una muestra por antonomasia de las dificultades de formar sindicatos en el país, no sólo en el ramo petrolero.

En marzo de 2008 se llevó a cabo la asamblea constitutiva de la nueva organización sindical de la Unión y en diciembre de ese año la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) le negó el registro sindical.

En julio de 2009, el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Trabajo resolvió que procedía el registro y ordenó a la STPS inscribir a la UNTYPP.

Esa resolución fue confirmada en noviembre de 2009 por el 14.º Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo.

Finalmente, en diciembre de ese año la STPS entregó el registro sindical a la UNTYPP y la toma de nota del comité ejecutivo nacional.

“Nuestros compañeros están muy mal informados y desinformados. Se están cerrando plazas y no se ocupan ni las temporales. En los centros de trabajo no saben nada. La respuesta que nos dan es que las cosas vienen gruesas y que no digamos nada”, denuncia Ramos.

Negociaciones difíciles

El destino de Romero Deschamps y el del STPRM se juegan en estas horas. Aunque la idea primigenia es que el senador abandone el cargo que ocupa desde hace dos décadas, el gobierno no está dispuesto a que el sindicalista elija a su sucesor.

El 18 de marzo último, Peña Nieto y Romero Deschamps intercambiaron mensajes, las únicas posturas públicas manifestadas hasta ahora.

En Veracruz, Peña Nieto prometió a los trabajadores petroleros que “están a salvo y así van a mantenerse, que quede muy claro y sin dudas, todos tienen garantizada su antigüedad y sus conquistas laborales”.

Esa expresión puede tomarse como una de las concesiones que el STPRM quiere, ante las transformaciones derivadas de la reforma y el nuevo esquema de pensiones.

En respuesta, el senador defendió los salarios, las vacaciones, el derecho a vivienda y los beneficios médicos, señal de que el gremio no está dispuesto a negociar esas prestaciones “que no son producto de negociaciones extrañas, sino correspondientes a la lucha histórica del movimiento obrero en el mundo”.

Romero Deschamps ha buscado infructuosamente audiencia con Peña Nieto, pero sólo llegó hasta el despacho del jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño. El mensaje fue claro: no hacer olas, no llamar la atención.

El dirigente asumió en 1993 de forma interina la secretaría general del comité ejecutivo general del STPRM y desde 1996 ha ocupado ese puesto ininterrumpidamente. Su periodo actual concluye en 2018.

“Todos están convencidos de nadar de ‘a muertito’, de no comprometerse con nada que incomode al gobierno, en espera, desde su lógica, de mejores momentos para responder a sus bases”, explica Bouzas.

La expectativa gubernamental es la renovación de la plana mayor del STPRM, incluyendo a Fernando Navarrete Pérez, secretario del Interior, Actas y Acuerdos; y el diputado federal Ricardo Aldana Prieto, presidente del Consejo General de Vigilancia.

Una duda que persiste es la reacción de los trabajadores a las medidas de despido, recortes salariales y de beneficios.

Esas acciones están reflejadas en el Convenio Administrativo Sindical 10717/2013, de siete páginas de extensión y firmado en agosto de 2013 por el director de Pemex, Emilio Lozoya, y Romero Deschamps, Navarrete Pérez y Aldana Prieto.

Entre las acciones contempladas figuran la modernización y homologación de categorías, la actualización de reglamentos de labores, la adecuación de jornadas, la racionalización del tiempo extra y la administración de las coberturas temporales de vacantes de acuerdo a las necesidades de los centros de trabajo.

Varias de las cláusulas apuntan a un adelgazamiento de la planilla de la paraestatal. Por ejemplo, se habla de definir la situación de los trabajadores sindicalizados y de confianza adscritos a plantas fuera de operación e identificar conjuntamente oportunidades de adecuación de la estructura en aquellas áreas en que, por la dinámica de la propia industria, haya disminuido la actividad.

Pemex y el sindicato convinieron en realizar estudios para “el redimensionamiento de la plantilla sindicalizada”, para establecer propuestas para el mejor aprovechamiento de los trabajadores.

Estos puntos parecen la concreción de la Cláusula 20 del Contrato Colectivo de Trabajo 2013-2015: “El patrón tendrá amplias facultades para adecuar su organización, modernizar sus instalaciones y simplificar sistemas o medidas de trabajo, para obtener un incremento efectivo en la productividad”, para dar forma a los propósitos la reforma energética de transformar Pemex en una “empresa productiva del Estado”.

Precisamente la renegociación del Contrato Colectivo implicará la revisión de temas como las pensiones, las prestaciones y los movimientos laborales.

En ese tenor, la Cláusula 4 estipula que “los puestos de nueva creación definitivos, y las vacantes definitivas siempre que no se deban a reajuste de personal” Pemex los cubrirá por conducto del sindicato, a través de las secciones o delegaciones respectivas.

Adicionalmente, la Cláusula 8 obliga a la paraestatal a respetar los derechos de antigüedad de los trabajadores de planta.

El CC exhibe algunas de las prebendas del sindicato, difíciles de mantener en el panorama actual.

Pemex “pagará los salarios y prestaciones, viáticos, ayuda para transporte y gastos conexos foráneos a 68 funcionarios del Comité Ejecutivo General que incluye asesores sindicales y Consejo General de Vigilancia, 5 consejeros sindicales, 90 integrantes de las comisiones nacionales mixtas señaladas en este contrato, 158 comisionados nacionales y 12 comisionados adscritos directamente a las órdenes” del secretario general del gremio.

También pagará salarios y prestaciones, viáticos, ayuda para transporte y gastos conexos locales a los comisionados.

La Sección 11 del STPRM, situada en Nanchital (Veracruz), es la que más comisionados cuenta, con 85.

Esa circunscripción es dirigida por Ramón Hernández Toledo.

Le sigue la Sección 30 de Poza Rica, con 65, comandada por Sergio Lorenzo Quiroz Cruz.

La Sección 10, de Minatitlán, consta de 60 comisionados y es liderada por Amadeo Blanco Chagoya.

Otra fuerte fuente de comisionados es la Sección 1, de Ciudad Madero, con 55. Ese distrito es manejado por Cecilio Humberto Oliva Barreda.

Las secciones 34, del DF, y 35, de Tula, poseen 49 comisionados. La primera es encabezada por Héctor Manuel Sosa Rodríguez y la segunda, por José Luís Eduardo Aldana Sánchez Tapia.

Otra sección del DF, la 40 que dirige Héctor Javier Saucedo Garza, tiene 47 comisionados.

Le siguen la 36, de Reynosa, y la 47, de Ciudad del Carmen, con 46 comisionados y coordinadas por Moisés Gerardo Balderas Castillo y Víctor Manuel Kindnie de la Cruz, respectivamente.

Luego está el Comité Ejecutivo General, con 45 comisionados.

Las secciones de Tamaulipas son un bastión de Romero Deschamps, pues allí inició su incursión sindical. La 33, en Tampico, es liderada por Rodolfo Pizarro Ponce.

Otros sitios fundamentales son Veracruz, Tabasco, Campeche.

En el puerto funciona la Sección 9, a cargo de Roger Manuel Pavón Espinosa. La Sección 13, correspondiente a Cerro Azul, es comandada por Víctor Manuel Mar Hernández.

La 16, de Cuichapa, es supervisada por Omar Augusto Ricardez Chong.

Ismael Melgarejo Vázquez es responsable de la Sección 22, de Agua Dulce. En Minatitlán opera la Sección  23, bajo la responsabilidad de Ignacio Carrillo Bielma.

La Sección 25, de Naranjos, está en poder de Jorge Martínez González y la 28, en Las Choapas, de Carlos Jiménez Hernández.

La Sección 31, en Coatzacoalcos, es encabezada por Edith Carrillo Díaz.

Finalmente, la Sección 51, en Tuxpan, está a cargo de Carlos Arturo Hernández Garizurieta.

En Tabasco, la Sección 14, en Ciudad Pemex, está bajo la responsabilidad de Eduardo Brindisi Evoli.

La Sección 29, en Comalcalco, es liderada por Fernando Manuel de Jesús Boldo Presuel, y la 44, en Villahermosa, por José Jesús Zamudio Aguilera.

La 48, también en Villahermosa, es delegación de Óscar González González. La Sección 50, en Paraíso, es potestad de Gustavo Guerra Espinosa.

Además de la sección 47, en Campeche funciona también la 42, en Ciudad del Carmen, bajo el control de Marco Antonio Azuara García.

“La negociación del contrato va a ser reducida a su mínima expresión. Con el mercado abierto a empresas nacionales y extranjeras, Pemex va a ser adelgazado significativamente con complacencia del actual dirigente. Quieren que las cuestiones laborales pasen tersas, no le conviene al gobierno que se actualice el tema de la discusión sindical y la mejor forma es dejarlos que se pudran en la medida en que adelgacen la planta de Pemex, en que los marginen, en que lo mantengan de senador por 10 años y ese sindicato va a ocupar un lugar de quinta o sexta importancia”, adelanta Bouzas.

El listado se completa con otras 13 circunscripciones, igual de vitales para sostener a la actual dirigencia.

“A Romero lo tienen agarrado de las orejas, sabe que lo más conveniente para él, para no vivir algo semejante a Gordillo, es decir a todo que sí, que se pare donde le digan, aplaudir a quien le digan”, señala Bouzas.

Pemex y el sindicato manejan opciones como el aumento de la edad mínima de jubilación de 55 a 65 años. En ese modelo, la antigüedad se elevaría de 30 a 35 años de servicio.

La alternativa es que la edad mínima de retiro sea de 61 años.

Derechos en vilo

El tratamiento de los derechos de los trabajadores petroleros es uno de los temas torales en el actual debate.

De hecho, apareció en la Gaceta Parlamentaria del 3 de abril el proyecto de la Ley de los Derechos Laborales y de Seguridad Social de las y los Trabajadores Petroleros, Electricistas y Mineros, promovida por el diputado perredista Pedro Porras Pérez, y que busca garantizar la libertad y autonomía sindicales, el derecho de contratación colectiva y a huelga y a la participación.

“Se respetarán los derechos laborales y de seguridad social contenidos en los contratos colectivos de trabajo o condiciones generales de trabajo, y los demás derechos pactados entre los trabajadores o sus sindicatos con los respectivos organismos, dependencias y entidades de la administración pública federal”, establece la iniciativa.

Además, determina que los futuros contratos colectivos de trabajo y las condiciones generales de trabajo o reglas de trato para el personal de confianza no podrán concertarse en condiciones menos favorables para los trabajadores que las contenidas en los contratos colectivos o condiciones generales de trabajo vigentes.

Asimismo, plantea que los contratos con particulares deberán tener cláusulas relativas al respeto de los derechos laborales y de seguridad social.

Con el actual proceso, los trabajadores “llevan las de perder, y a eso hay que apostarle, a que esta clase trabajadora despierte, pues carga un fardo que no tiene por qué cargar”, plantea Bouzas.

El artículo segundo transitorio del decreto de reforma dice que se respetarán los derechos de los trabajadores del sector energético.

“El futuro es de lucha para mantener las prestaciones”, asegura Ramos, quien ha enfrentado dos remociones de Pemex e igual número de retornos.

La UNTYPP mantiene tratativas con Pemex y la STPS para destrabar los conflictos laborales existentes, como la situación de 25 trabajadores despedidos por haber respaldado a la unión.

Caras nuevas, viejas prácticas

El STPRM no sería el único afectado por la reforma energética, pues en su órbita navega también el Sindicato de Trabajadores de la Industria Química, Petroquímica, Carboquímica, Similares y Conexos de la República Mexicana, dirigido desde 1980 por Gilberto Muñoz Mosqueda.

La agrupación, fundada en 1962, reúne a casi 9 mil agremiados y tiene suscritos 158 contratos colectivos. Con la resurrección de la petroquímica, especialmente por la construcción del proyecto Etileno XXI, esa organización tomará nuevo oxígeno, pues se abre la puerta para la contratación de 3 mil trabajadores sindicalizados.

Muñoz ha sido diputado local y federal por Guanajuato y senador. Además, fue alcalde de Salamanca.

Adscrito a la Confederación de Trabajadores de México y con número de registro 3137, el sindicato es otra referencia de las organizaciones que el gobierno necesita, pero que al mismo tiempo representan un fardo frente a las nuevas condiciones.

El primer secretario general del sindicato petroquímico fue Hermenegildo Joel Aldana Pantoja, cercano a Fidel Velázquez y quien visualizó a la unión como un contrapoder al STPRM.

Aldana Pantoja dirigió la organización durante 16 años y fue reelegido como secretario general en 1968 y 1974.

 

MÁS INFORMACIÓN: Alistan Pemex y sindicato el nuevo régimen de pensiones.

OPINIÓN: El sindicato y el "Nuevo Pemex".

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