Al revisar el gobierno de Enrique Peña Nieto la situación de estos sectores concluyó que no se continuaría con ciertas prerrogativas y han sido, sin duda, la capacidad de negociación y la fuerza de la inconformidad la que ha determinado una nueva relación con el gobierno federal y las empresas con negocios con el sector público.
Este es el caso de Inmobiliaria Fumisa, que fue adquirida en medio de un proceso de concurso mercantil por el fondo Advent y que ahora padece el cambio de reglas y que ya no se respeten los convenios extrajudiciales alcanzados en los gobierno panistas.
En Advent buscan ejercer su derecho a recuperar los años perdidos después de la crisis y, como en el caso de las carreteras concesionadas, a gozar de ampliaciones en el número de años que tienen derecho a explotar un bien público.
Sin embargo en la SCT, Gerardo Ruiz Esparza considera que el tiempo de Fumisa ya concluyó lo que representaría para los inversionistas que confiaron en la firma, un cambio de expectativas sobre los rendimientos asociados al proyecto de arrendamiento de locales comerciales en la Terminal 1 del Aeropuerto de la Ciudad de México.
En diciembre pasado, según la SCT y la administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, que lleva Gilberto López Meyer, habría concluido la concesión de 20 años. Pero en Advent seguirán con los litigios porque necesitan reponer al menos siete puntos de margen prometido a sus inversionistas institucionales y del mercado de valores.
A FONDO: Lea aquí el comunicado más reciente de la SCT a propósito del caso Fumisa.
