Mexicana de Aviación: ¿Quién pagará por la quiebra?

A punto de cumplir un siglo en el mercado mexicano de la aviación comercial, Mexicana de Aviación –hasta hace cuatro años la aerolínea de bandera más importante del país– podría declararse en bancarrota mientras las autoridades de la Secretaría de Hacienda y del Poder Judicial buscan deslindar responsabilidades en contra del ex presidente de la aerolínea, Gastón Azcárraga, quien enfrentaría, entre otros delitos financieros, cargos por defraudación fiscal, lavado de dinero y administración fraudulenta.

Fuentes judiciales y del sector sindical confirmaron a Arena Pública que la averiguación previa contra Gastón Azcárraga por su gestión y manejo de recursos en Mexicana de Aviación se encuentra en marcha y que, en este momento, se espera que la Procuraduría Fiscal de la Federación, con información de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda Crédito Público, termine de integrar el expediente que demostraría que Azcárraga benefició a las compañías del Grupo Posadas con recursos de la aerolínea, previamente rescatada por el gobierno federal con recursos del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

Representantes de bancos acreedores de Mexicana también recordaron que una de las irregularidades que se han confirmado durante estos tres años de concurso mercantil de la aerolínea que, en aeropuertos nacionales llegó a operar 4,300 espacios de aterrizaje (SLOTS) y al menos cinco de las principales rutas entre México y Estados Unidos, fue la desaparición de gran parte del fondo de pensiones, recursos que no pertenecían a ese grupo sino a sus trabajadores y que, además, debían fondearse para mantener las reservas actuariales necesarias.

No sucedió así y el dinero simplemente no está ni se reservó, confirmó un abogado de la banca que autorizó préstamos a la aerolínea.

En entrevista, el abogado Joaquín Ortega Esquivel, asesor jurídico del Sindicato Nacional de Trabajadores de Transportes, Transformación, Aviación, Servicios y Similares (SNTTTASS), aseguró que Mexicana de Aviación, en un proceso que condujo Andrés Conesa –entonces funcionario público a cargo de Cintra y ahora director general de Aeroméxico– fue vendida con más de 130 millones de dólares en la caja, recursos que, en su mayor parte, correspondían a los fondos de pensiones de los trabajadores.

Esos fondos, en cambio, se habrían utilizado para incrementar la tenencia accionaria en la aerolínea de Gastón Azcárraga.

El dirigente de las Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México (ASSA), Ricardo Del Valle, confirmó, también en entrevista, que la defensa del fondo de pensiones es una de las peticiones hechas al Secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, quien reafirmó el compromiso del Presidente Enrique Peña Nieto de proteger los derechos de los trabajadores.

La promesa de Peña Nieto

Joaquín Ortega Esquivel recordó que fue durante la campaña rumbo a las elecciones para la Presidencia de la República, cuando Enrique Peña Nieto se comprometió a deslindar responsabilidades sobre las irregularidades en la crisis financiera de Mexicana de Aviación.

Hasta ahora, sin embargo, Gastón Azcárraga, ex presidente del Grupo Posadas, sería el único actor de la crisis de Mexicana de Aviación con una investigación y una denuncia en firme por parte de las autoridades hacendarias del país.

En esta etapa el ex presidente del Grupo Posadas estuvo acompañado por un grupo de 12 hombres y mujeres de negocios quienes también avalaron las decisiones tomadas en la aerolínea al formar parte de su Consejo de Administración.

Excélsior publicó el pasado 8 de noviembre que el Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito liberó una orden de aprensión contra los integrantes del Consejo de Administración de Compañía Mexicana de Aviación; sin embargo, ésta no procedió.

Además de Gastón Azcárraga, los cargos y órdenes de aprensión se libraron contra su hermano Enrique Azcárraga Andrade, Pablo Azcárraga Andrade, José Carlos Azcárraga, Ángel Losada Moreno, Sergio Montero Querejeta, Braulio Arsuaga Losada, Ricardo Amtmann Aguilar, Juan Ignacio Gallardo Thurlow, Ángel Alverde Losada, Álvaro Fernández Garza, Enrique Castillo Sánchez Mejorada y Laura Diez Barroso de Laviada.

El abogado del SNTTTASSS, Joaquín Ortega Esquivel, asegura que la Procuraduría Fiscal de la Federación tendría que investigar cómo se autorizó, al interior de ese Consejo de Administración, la venta de empresas con pérdidas fiscales del Grupo Mexicana de Aviación, situación que restó a la aerolínea la oportunidad de deducir esas minusvalías a su favor.

Después, el SNTTTASSS –dice Ortega Esquivel– ha documentado que “con dinero de Mexicana de Aviación”, compró a la empresa Administradora Profesional de Hoteles un paquete accionario con el que también se benefició. “Esa una operación que debe investigarse”. La justificación que Azcárraga habría dado al Consejo es que esas acciones se entregarían a los trabajadores. Tampoco sucedió.

Una fuente relacionada con la Procuraduría Fiscal de la Federación –que pidió omitir su nombre– indicó que en contra de Azcárraga se buscará demostrar que incurrió en una administración fraudulenta de los activos y operaciones de Mexicana de Aviación que se vendió, previo saneamiento financiero, a cargo de recursos del gobierno federal vía el IPAB.

Al consolidar esa administración fraudulenta, Azcárraga utilizó “recursos de procedencia ilícita” para beneficiar a sus empresas e incurrir en delitos de defraudación fiscal que son investigados en la Fiscalía de Delitos Fiscales y Financieros.

En la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO), a través de su Unidad de Lavado de Dinero, también se preparan a consignar una demanda en contra de Gastón Azcárraga.

En las indagaciones de las autoridades de la PGR se analizan los estados financieros del Grupo Mexicana de Aviación, integrado por Compañía Mexicana de Aviación, Aerovías Caribe, Aeromexpress, Servicios Corporativos de Personal y Turborreactores. También se investigará el proceso de venta a Gastón Azcárraga y sus socios.

Sin embargo en el momento de la venta, Andrés Conesa, aseguró que la operación de Mexicana de Aviación se realizó en términos justos y tomando en cuenta los parámetros de valuación de compañías aéreas que operan en todo el mundo.

El 16 de diciembre de 2006 Gastón Azcárraga, presidente del grupo hotelero Posadas, se convirtió en propietario del cien por ciento de los títulos de Mexicana de Aviación, del cien por ciento de las acciones de la nueva aerolínea de bajo costo Click, del 50 por ciento de la empresa de reservaciones SEAT, del 50 por ciento de la aerolínea de carga Aeromexpress, del 50 por ciento de Alas de México, del 50 por ciento de la compañía Turboreactores y de la mitad de la compañía de reservaciones Sabre.

Por este paquete, el también presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN) –quien al menos una vez al mes se reunía con Vicente Fox- pagó sólo 165.5 millones de dólares.

En los registros del gobierno federal se dejó constancia, sin embargo, de que Mexicana se vendió en 1,456 millones de dólares y que Posadas se comprometió a asumir pasivos por 294 millones, así como el arrendamiento de aeronaves por un total de 997 millones de dólares. El IPAB, no obstante, sólo recuperó 82 millones de dólares.

En las averiguaciones se consiga que, a sugerencia del despacho Creel García Cuellar y Mullenburg, propiedad del primo de Santiago Creel, exsecretario de Gobernación hasta junio de 2005, se descontó del precio del Grupo la cantidad de 977 millones de dólares, argumentando que era el equivalente al pago del arrendamiento de los aviones, que no es pago de precio alguno, sino un gasto operativo normal para todo aquel que opera una aerolínea.

De esta forma se descontaron 311 millones de dólares, porque había adeudo con los trabajadores por el monto de sus retiros, solo que no se retiró ningún trabajador, de modo que el comprador adquirió la empresa en 168 millones de dólares. Después en 2006 se expidió la escritura pública en la que se  acreditaba que Santiago Creel Miranda era parte del Consejo de Administración de Grupo Posadas.

Finalmente, el abogado de los trabajadores de tierra recuerda que la venta de la Torre de Mexicana, con un valor –de acuerdo con diversos corredores de bienes raíces– de 120 millones de dólares, terminó vendiéndose en sólo 40 millones a un grupo llamado Fibra Inmobiliaria Mexicana, al corporativo (Fibramex), cuyo representante –Maximo Haddad Adel– fue calificado por autoridades estadounidense como un blanqueador de capitales con un caso previo de fraude al gobierno de Panamá.

Las indagaciones de las autoridades fiscales y judiciales llegaría hasta el fideicomiso que crearon Mexicana y Grupo Posadas para depositar allí los recursos, resultado del ajuste en el precio de venta de la aerolínea. En principio, el gobierno federal tenía que haber registrado al menos 10.9 millones de dólares para llegar hasta a un 15 por ciento del valor total de la compra de la aerolínea.

Sin embargo, según las actas del Consejo del IPAB, el propio gobierno recibía información a cuenta gotas.  “Durante el proceso de compra-venta referido, el Gobierno mexicano, como accionista de la empresa, no tenía más información que la de cualquier otro accionista y que aquélla que se le hubiese podido haber entregado, fue en su carácter de confidencial”, establecen los documentos del IPAB.

MÁS INFORMACIÓN: Adiós a Mexicana, nota de Arena Pública de noviembre 15 de 2013.