Energía e Infraestructura

Apertura energética a debate, ¿la gran oportunidad para México?

El presidente Enrique Peña Nieto ha abierto la Caja de Pandora. Su propuesta de cambiar dos artículos de la Constitución mexicana para permitir contratos de utilidad compartida en exploración y producción de hidrocarburos, así como abrir la petroquímica básica y la generación de energía eléctrica a la inversión privada, ha desatado todo tipo de posturas en asuntos que no se habían tocado en poco más de medio siglo.

09-09-2013 00:00 Por : Arena Pública
Según Emilio Lozoya, ya hay acuerdos con el sindicato petrolero sobre las consecuencias que traería la reforma.
Según Emilio Lozoya, ya hay acuerdos con el sindicato petrolero sobre las consecuencias que traería la reforma.

Para contener a los demonios en torno a Petróleos Mexicanos, el monopolio petrolero estatal, y a la Comisión Federal de Electricidad, el otro monopolio estatal de la electricidad, y lograr la aprobación de las reformas constitucionales, Peña Nieto busca demostrar que la transformación al sector de la energía no representa una privatización, que no se escribió con dedicatoria para los capitales extranjeros y que los empresarios mexicanos, los consumidores, así como los trabajadores de este sector, sí se beneficiarán con la apertura a la inversión privada.

En entrevista el director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, responde puntualmente a los críticos de la propuesta:

La reforma se construyó en beneficio de los mexicanos, no es una reforma hecha para complacer a los capitales extranjeros. México es el último país en modernizar su industria energética: Colombia, Cuba, Argentina, Venezuela, Brasil, todos han abierto sus industrias energéticas; entonces con esta modalidad de contrato y de estructura organizacional nos sentimos seguros que será en beneficio de mayores inversiones y mayor empleo. Y aquellos críticos que dicen que esto es una privatización, es una mentira, porque Pemex seguirá siendo ciento por ciento de los mexicanos, la propiedad de los hidrocarburos seguirá siendo ciento por ciento de la nación. Aquellos que dicen que se privatiza la renta petrolera también es una mentira, lo que estamos planteando es que la renta petrolera siga siendo propiedad del Estado.

Varios expertos coinciden con este objetivo, aunque matizan el camino elegido. Francisco Gil Díaz, profesor emérito del ITAM y ex secretario de Hacienda, dijo que la reforma planteada por el gobierno es conveniente para el país. “Está bien y es suficiente sobre todo si se va a reforzar con la legislación secundaria”.

Pero cuestionado sobre la transformación que requiere Pemex, el economista señaló la conveniencia de que la petrolera sea regida por el derecho privado, con consejeros independientes y con una contraloría interna”.

TRANSFORMAR A PEMEX

Y es que los críticos no están seguros del alcance y la profundidad de la reforma planteada. Para alcanzar un verdadero modelo nacionalista de negocios que dé sustentabilidad a la economía nacional, no sólo se necesitan reformas constitucionales que den certeza jurídica al capital foráneo o nacional.

Es necesario –dice Severo López Mestre, catedrático del ITAM y experto en regulación del sector energético– transformar a Pemex y a la CFE en verdaderas compañías públicas con acciones pulverizadas, con un Consejo de Administración profesional con autoridad para ratificar o despedir a un director que no rinda resultados, y que sus consejeros no representen sólo los intereses de partidos políticos o sindicatos enquistados en complejas estructuras de poder.

Y agrega López Mestre, “sin tocar la estructura de Pemex, la reforma estará incompleta”.

El gobierno está intentando responder a estas críticas y ha dejado entrever que sí está dispuesto a hacer cambios de fondo en Pemex, pero la información aún surge a cuentagotas.

Emilio Lozoya dijo que Pemex dejará de ser una empresa paraestatal para convertirse en una empresa pública productiva, con la intención de caminar hacia un grado mayor de autonomía. “Pemex tiene que ser más flexible, no se le puede pedir que pase por más  burocracia que una empresa privada para desarrollar grandes proyectos, porque eso implica una mayor debilidad ante empresas que pueden tomar decisiones más rápido. Por eso queremos mudar hacia este nuevo régimen de empresa pública productiva”.

Y en este sentido Lozoya Austin explica que se buscará que la petrolera cuente con un consejo de administración despolitizado conforme a los estándares internacionales sugeridos por la OCDE.

Una tarea que ya se intentó en el pasado sin ningún éxito por las resistencias políticas de grupos de interés en el gobierno. Y es que de los 15 miembros que conforman el consejo de administración de Pemex, 11 son funcionarios públicos y sindicalistas, y los cuatro restantes son consejeros profesionales que, prácticamente, son designados por los partidos políticos.

Así que despolitizar al Consejo de Pemex sería un borrón y cuenta nueva para la petrolera mexicana. Incluso el Partido Acción Nacional ha ido más allá. Ha propuesto que el sindicato no participe en el consejo de administración, pero Lozoya es muy cauteloso cuando se le cuestiona al respecto. “(El sindicato) ha tenido una presencia durante muchos años, ya veremos qué se dice en el Congreso”, dice casi en voz baja.

Y es que cuando se trata de abordar los temas del poderoso sindicato petrolero y su relación con Pemex el silencio en los círculos oficiales es notable. De hecho el presidente Peña Nieto no mencionó ni una sola vez al sindicato petrolero ni a su líder, el senador por el PRI Carlos Romero Deschamps, durante su mensaje en ocasión del anuncio de la reforma energética el pasado lunes 12 de agosto en Los Pinos.

Cosas de familia. Porque el director general de Pemex creció en la política del PRI. Su padre, Emilio Lozoya Thalmann, fue secretario de Energía y director general del ISSSTE con el presidente Carlos Salinas de Gortari. Si bien es abogado por la UNAM, economista por el ITAM y maestro en desarrollo económico por Harvard, nunca tuvo experiencia previa en el sector energético para dirigir el monopolio petrolero del Estado.

Su experiencia laboral se concentra más bien en el sector financiero. Del Banco de México pasó al BID y de allí al Foro Económico Mundial, para luego encabezar fondos de inversión de capital privado, desde donde el candidato Enrique Peña Nieto lo atrajo como vicecoordinador de relaciones internacionales de su campaña presidencial.

Previamente Lozoya, en su calidad de consejero de la española OHL, tuvo relación con el entonces gobernador del Estado de México, Enrique  Peña Nieto, y es que OHL ganó las más importantes concesiones del transporte en el Estado de México, incluyendo el aeropuerto de Toluca.

Según Emilio Lozoya ya hay acuerdos con el sindicato petrolero sobre las consecuencias que traería la reforma en las modificaciones al contrato colectivo de trabajo. “Ya están contempladas en un ánimo muy constructivo con el sindicato, de tal forma que se privilegie la reubicación. Es importante invertir en nuestro capital humano para reubicarlo hacia estas zonas en que se va a empezar a generar valor”, dice el director de Pemex.

Y es que ante la pregunta de si existe un exceso de trabajadores en la empresa reconoce que la nómina “es muy pesada”, pero inmediatamente ataja: “sin embargo estamos convencidos de que en este nuevo paradigma energético se va a requerir de esta mano de obra; más que pensar en cortar, hay que redistribuir y reubicar esta mano de obra en exceso que tiene la empresa hacia nuevos proyectos”.

Sin embargo Heberto Barrio, integrante del Comité Nacional de Estudios de la Energía, una de las organizaciones de ex profesionistas de la paraestatal que pugnan por la modernización de Pemex y que se oponen a modificaciones constitucionales que reduzca la injerencia del Estado, cuestiona ese plan.

La explicación que hace falta, dice Barrio, es qué sucederá con Pemex y con sus trabajadores porque con menos contratos y compitiendo con petroleras extranjeras deseosas de registrar reservas en sus balances y tener control sobre terrenos petroleros, se cierne una amenaza sobre el personal de la paraestatal, sobre todo el sindicalizado.

LOS EMPRESARIOS MEXICANOS

¿Y el capital nacional? ¿Qué papel jugarían las empresas mexicanas frente a estos cambios? El también consultor en energía, Severo López Mestre, advierte que si bien las reformas constitucionales pueden permitir en el papel grandes intenciones nominativas y nacionalistas, el reto es trasladarlas en beneficios reales desde la rectoría del Estado.

El peligro es que en las regulaciones con leyes secundarias se fortalezca a un gigante que ya se encuentre herido y no se destierren prácticas oscurantistas que, hasta ahora, han impedido una adecuada planeación estratégica en el desarrollo de infraestructura.

Uno de los puntos centrales que debería contener la reforma energética cuando se discuta y se vote, es que tenga una visión nacionalista, que privilegie a los industriales mexicanos como los proveedores principales de equipos y de bienes de capital para la industria petrolera, dice Rodrigo Alpízar Vallejo, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Trasformación (Canacintra) que representa a más de 50 mil industriales de 13 sectores diferentes y 105 ramas en el país vinculadas con la producción de bienes de capital.

“Se trata de cambiar el mercado y no solo de repartir el mismo pastel entre más jugadores, sino de hacer más grande el pastel y pedir la participación de los jugadores nacionales en primera instancia, y ya después la complementación de recursos y tecnología extranjeras”.

Sin embargo la experiencia reciente en torno a la participación de empresas extranjeras en el sector petrolero se contrapone con el discurso de privilegio a los capitales nacionales incluyendo a la pequeña y mediana empresa.

En el año 2000 durante la reconversión de la refinería de Cadereyta ubicada en el estado de Nuevo León, proyecto que estuvo a cargo del consorcio Conproca que lideró la firma coreana Sunkyong, no sólo se importó equipo y tecnología, sino que aquel grupo de inversionistas que tiene demandado a Pemex en tribunales de Nueva York, trajo hasta enfermeras y peluqueros de su país para reducir la contratación de personal mexicano, lo recuerda Heberto Barrio del Comité Nacional de Estudios de la Energía.

Pero el gobierno ha planteado que la reforma energética que propone creará medio millón de nuevos empleos en los próximos cinco años como consecuencia del crecimiento de un punto porcentual adicional en la economía y de una inversión, solo en exploración y producción de hidrocarburos, que Emilio Lozoya estima alcanzaría 50 mil millones de dólares anuales.

LOS NUEVOS SOCIOS

El plan de Peña Nieto con la reforma es reposicionar a la Secretaría de Energía como regulador de los sectores petrolero, petroquímico y eléctrico, y a la Comisión Reguladora de Energía que se encargaría de la administración de nuevos contratos con el sector privado para la exploración en aguas profundas o en campos maduros, por ejemplo.

Con ello, se buscaría liberar a Pemex no sólo de la renta petrolera sino también del monopolio de ejecución que ejerce de facto en la industria petrolera.

Así –dicen los funcionarios del gobierno de Peña Nieto- podría verse a Pemex compitiendo con petroleras extranjeras por los mejores yacimientos que se explotarían a través de contratos de utilidad compartida, también conocidos como Profit Sharing Agreements (PSAs) y que fueron usados por primera vez en Bolivia en 1950.

Barrio advierte que Pemex podría verse debilitado frente a petroleras extranjeras que comenzaría a registrar las reservas del país como propias. Entonces serían las petroleras estadounidenses las que podrían buscar estrategias de financiamiento apalancando esos recursos y no Pemex. En Bolivia así sucedió al ejecutarse PSAs en proyectos de gas.

En Indonesia las petroleras que ingresaron al sector de la energía a través de estos contratos se trenzaron en largas negociaciones con el gobierno para aumentar el monto de las utilidades compartidas o del energético, entregados al esgrimir mayores costos de operación. Los PSAs, en opinión de Barrio, son caminos cuesta arriba.

Pero el director general de Pemex dice estar optimista con la recepción de los inversionistas a los contratos de utilidad compartida planteada por el gobierno. “Es un cambio de paradigma” –y agrega- “somos un país con una geología muy generosa, un país miembro del G-20 con un sistema jurídico sólido, con un riesgo político bajísimo, mínimo en comparación con muchos otros países”.

El plan que el gobierno priista presentó a la Cámara de Senadores propone eliminar la prohibición de que el Estado –no Pemex- celebre contratos para la explotación de hidrocarburos. Además, elimina el monopolio del Estado en áreas estratégicas como la petroquímica básica, actividad que desde 1991 ha estado bajo la mira de los capitales estadounidenses.

Aunque desde 1986 la liberalización de la petroquímica está en marcha, las empresas estadounidenses solicitaron a través del Congreso que el gobierno mexicano diera pasos contundentes para ofrecerles certidumbre a sus inversiones y no vía decretos que podrían eliminarse para prohibir de nueva cuenta la inversión foránea.

“El gobierno no está cerrado a enriquecer la propuesta”, dice Lozoya Austin ante el cuestionamiento de abrir la discusión sobre el detalle de los contratos con el sector privado.

INTERESES Y CODEPENDENCIA ENERGÉTICA

La trayectoria que ha seguido el mercado del gas en América del Norte en los últimos años con más producción y menores precios, puso en jaque a las barreras legales mexicanas a la participación de los capitales privados.

La llamada revolución del shale gas, o gas de lutitas, cambió por completo el escenario y las prioridades en el mapa energético de América del Norte. Una coyuntura que Lozoya Austin ve como una gran oportunidad para reducir los costos de producción de la potente industria manufacturera y exportadora, si se abre la inversión.

“El gas en el sur de Texas ronda alrededor de los 3.3 dólares por BTU (British Thermal Unit), en Asia cotiza en alrededor de 15 dólares y en Europa alrededor de 10-12 dólares por BTU. Es decir, a una economía manufacturera como la mexicana el costo de producción se le reduciría significativamente y esto implica más empleos” dice el director de Pemex.

Pero para Lisa Breglia, académica estadounidense, la apertura a la inversión privada en el gas mexicano tiene un componente adicional: la presión de los grandes inversionistas en la industria energética de Estados Unidos.

Es en esta transformación, dice Breglia, en donde se devela la urgencia estadounidense por ver aprobada en México una reforma constitucional que garantice la certidumbre jurídica para los inversionistas de ese país. La autora del libro “Living with Oil” asegura que México corre el riesgo de aprobar una reforma que no responda a las necesidades de la economía nacional pero sí a las demandas del gobierno estadounidense.

De acuerdo con la iniciativa del gobierno de Peña Nieto en Estados Unidos la producción de gas de lutitas ha aumentado ocho veces en los últimos 13 años y ya representa el 40 por ciento de la producción de gas natural, impactando el nivel de importaciones de petróleo. Además el año pasado en Estados Unidos se otorgaron más de 9,100 permisos de perforación a 170 empresas para explotar yacimientos de petróleo y gas.

Breglia, catedrática de la universidad George Mason en donde dirige el programa de Asuntos Globales, dice que las petroleras estadounidenses están realizando grandes inversiones para desarrollar la tecnología que les permite extraer el gas de lutitas; sin embargo, la presión social aumenta en torno a estas compañías que han sido criticadas por ambientalistas debido a los métodos que utilizan para fracturar hidráulicamente los yacimientos y obtener este energético.

“Las multinacionales estadounidenses necesitan encontrar nuevos mercados para amortizar sus inversiones y hasta para trasladarlas, si es necesario, en el corto plazo”, advierte Breglia.

Pero sin reformas constitucionales ni siquiera la gran necesidad de contar con nuevos mercados justificaría la participación de petroleras estadounidenses.

¿CUESTIÓN DE SOBERANÍA?

El riesgo, dice Silvia Ramos, representante de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP), es que al modificar la Constitución se pierda la soberanía sobre la administración de recursos estratégicos para la economía.

¿Cómo va a crecer la economía sin acceso al mejor petróleo o a insumos para la petroquímica básica? En la década de los noventa, de acuerdo con un documento de la US Government Accountabilty Office, GAO, titulado “Las reformas en la industria mexicana de la petroquímica no han incrementado la inversión estadounidense”, el Departamento de Estado del gobierno estadounidense reportó a ese órgano de control que Pemex había decidido la creación de la subsidiaria Pemex Petroquímica para garantizar a la inversión privada, permitida en la petroquímica secundaria desde 1986, que daría un trato igualitario a las plantas que operaban inversionistas privados.

En ese reporte, al menos 40 empresas interesadas en el sector petroquímico mexicano reconocían los “esfuerzos” del gobierno mexicano por incrementar la seguridad de sus inversiones; sin embargo, deploraban la falta de certidumbre y, sobre todo, la escasez de materia prima controlada por Pemex.

En 1991 México necesitaba más de 1,700 millones de dólares para complementar las cadenas de producción de la industria de la petroquímica básica, monto que ha aumentado mientras el gobierno mexicano se adelantó a la reforma firmando un convenio con uno de los pocos jugadores mexicanos en el tablero: la firma Mexichem, que adquirió la participación mayoritaria del complejo petroquímico Pajaritos en el centro petrolero de Coatzacoalcos.

Además, a través de la banca de desarrollo el gobierno de Enrique Peña Nieto quiere apuntalar a proveedores locales en donde Pemex tiene sus principales centros de producción. Nafin, el banco de segundo piso para la Pequeña y Mediana Empresa (PyME) ha dispuesto líneas de financiamiento para compañías que vendan equipos o presten servicios a la paraestatal.

Ese esfuerzo busca adelantarse a la política nacional de fomento a las compras de proveedores nacionales del sector de hidrocarburos anunciada por el gobierno federal como parte de su iniciativa de reforma.

Pero la competencia no será poca. Históricamente el Eximbank de Estados Unidos ha provisto a organizaciones como la Petroleum Equipment Suppliers Associaton, Associaton of Oilwell Servicing Contractors y la Offshore Marine Service, por sólo mencionar algunas, de recursos a tasas blandas para exportar tecnología y equipos a países de América Latina.

Durante las últimas décadas, y mientras pugnaban por modificaciones a la Constitución, estos proveedores de tecnología de la mano de las grandes petroleras estadounidenses, como Halliburton, Schlumberger, Exxon Mobil, Chevron y ConocoPhilips, observaron con beneplácito los cambios legislativos para proteger la propiedad intelectual en el territorio mexicano, con lo que consideran que su tecnología estará blindada sin que ello represente fugas de información y conocimientos estratégicos.

Para Breglia, México debe conservar la rectoría sobre el petróleo, el gas, la petroquímica y la generación de energía bajo todas sus modalidades. “Esa es la tendencia en el mundo y no veo porqué México deba hacer lo contrario; en Estados Unidos así se está haciendo; en China, en muchos países. El gobierno mexicano debe decidir quién explota sus yacimientos, cuánto y cómo; ese es el reto”, dice la académica.

Hace 21 años funcionarios del gobierno mexicano consignaron en una investigación coordinada por la División de Seguridad Nacional y Asuntos Internacionales de la Oficina General de Control del Congreso de Estados Unidos, que México no necesitaba los recursos ni la tecnología de petroleras de ese país para explotar yacimientos de petróleo porque simplemente Pemex ya los tenía localizados.

En 1992, México suministraba a Estados Unidos más del 12 por ciento del petróleo crudo que importaba y después de Arabia Saudita y Nigeria era el proveedor más importante para la economía estadounidense. Ahora, las exportaciones a Estados Unidos disminuyen mientras la exploración resulta más cara, según ha dicho Pemex.

La coyuntura podría obligar a una reforma apresurada y con los intereses en la puerta del principal comprador de petróleo e inversionista en el sector: Estados Unidos.

Por esa razón Silvia Ramos de la UNTyPP dice que el Congreso, tomando en cuenta las propuestas de todas las fuerzas políticas, debe construir un proyecto alternativo para Pemex, con menos carga fiscal, más inversiones y mayor fortaleza en su rectoría sobre el sector. Una postura similar a la planteada recientemente por Cuauhtémoc Cárdenas, el líder moral del PRD e hijo del general Lázaro Cárdenas.

“Si hasta ahora se mantiene entre las 15 compañías más rentables de América Latina, algo está haciendo bien, sobre todo en materia social, dejando derrama económica en los estados”, apunta Ramos.

Sigue presente el problema de corrupción, de libertad sindical, de transparencia, de modernización. Pero, Ramos, una crítica acérrima de muchas facetas operativas y administrativas de Pemex, concluye que la soberanía energética del país está en riesgo y con ella el crecimiento sin dependencias innecesarias de la economía estadounidense.

La discusión sobre la reforma apenas comienza. Hasta ahora el único punto de coincidencia entre las distintas posturas políticas, es la urgente necesidad de revertir la escandalosa caída en la producción petrolera y evitar que México se convierta en un importador neto de hidrocarburos en unos cuantos años a pesar de contar con una de las reservas más importantes del mundo.

Peña Nieto tiene los votos necesarios para que el Congreso apruebe los cambios constitucionales que ha propuesto e incluso para que se legisle a favor de los contratos de utilidad compartida, a pesar de que la izquierda radical dará la batalla en las calles. El gran asunto es si los intereses del PRI en el poder alcanzarán para sacar a Pemex del oscurantismo y la corrupción, que tantos réditos políticos les ha dado, para hacerla una empresa competitiva.

Frases destacadas:

“Sin tocar la estructura de Pemex, la reforma estará incompleta”  Severo López Mestre, catedrático y experto en energía del ITAM.

Pemex dejará de ser una empresa paraestatal para convertirse en una empresa pública productiva, dice su director general, Emilio Lozoya Austin.

Según Emilio Lozoya, ya hay acuerdos con el sindicato petrolero sobre las consecuencias que traería la reforma en las modificaciones al contrato colectivo de trabajo.

El gobierno ha planteado que la reforma energética creará medio millón de nuevos empleos en los próximos cinco años como consecuencia del crecimiento de un punto porcentual adicional en la economía y de una inversión, solo en exploración y producción de hidrocarburos, que Emilio Lozoya estima alcanzaría 50 mil millones de dólares anuales.

Lisa Breglia, académica de la Universidad George Mason, dice que México debe conservar la rectoría sobre el petróleo, el gas, la petroquímica y la generación de energía bajo todas sus modalidades. “Esa es la tendencia en el mundo y no veo porqué México deba hacer lo contrario; en Estados Unidos así se está haciendo. El gobierno mexicano debe decidir quién explota sus yacimientos, cuánto y cómo; ese es el reto”.

 

MÁS INFORMACIÓN: Propone EPN cambios constitucionales para inversión privada en exploración y producción petrolera y acabar con el monopolio de Pemex, nota de Arena Pública de agosto 12 de 2013.

MÁS INFORMACIÓN: Capitales estadunidenses en la antesala del Congreso por la reforma petrolera, reportaje de Arena Pública de agosto 12 de 2013.