Reingeniería y austeridad en el presupuesto
El Presupuesto de Egresos nos involucra a todos.
Para el ejercicio fiscal 2019 se ha prometido un presupuesto austero. Así lo manifestaron los integrantes de la nueva Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, instalada el pasado 11 de octubre en la Cámara de Diputados.
Los integrantes de esta comisión se comprometieron a velar por que el uso de los recursos públicos se realice de manera eficiente y eficaz. Estas premisas se establecen en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a la que deberán de apegarse.
Después de definir su plan de trabajo, el próximo desafío de la comisión será el de revisar y, en su caso, modificar y aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019. El proceso no será fácil. Para comenzar, los 53 diputados que forman este grupo y sus asesores deberán desarrollar habilidades técnicas para conocer y comprender las limitaciones en la definición del presupuesto.
El presupuesto de egresos es un juego de suma cero, donde los recursos son limitados y se tienen necesidades infinitas. Todo lo que se gasta se tiene que ingresar, ya sea ahora o en el futuro. Si se quiere gastar más, habrá que quitar recursos de otro lado o pensar en nuevos ingresos públicos u otro nivel de endeudamiento. El diseño de esta herramienta es indispensable para la aplicación de cualquier política pública. La cuarta transformación tiene el reto de reflejarse, para comenzar, en el presupuesto 2019.
Algunos ajustes ya han sido anunciados y se espera su implementación a partir del 1ero de diciembre. Se espera una austeridad franciscana. La cual consiste en acabar con los excesos del gobierno, lo que sea que así se considere, y redirigir los recursos a programas sociales y de infraestructura. Los servidores públicos deberán vivir humildemente, con menos salario y personal disponible. Esto se traduce en mayor carga laboral, bajo el incentivo de ser parte de la cuarta transformación.
La cuarta transformación tiene el reto de reflejarse, para comenzar, en el presupuesto 2019.
Por el contrario, se anunció un mayor apoyo a los jóvenes entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan, a los adultos de 68 años y más, así como a la región sur del país con la construcción del Tren Maya, por mencionar los más suscitados. Será una reasignación de recursos a través del gasto público entre la población más y menos privilegiada. Con estos compromisos se espera que la cobija alcance para todos, pero, ante la promesa de no incrementar impuestos, los límites están puestos. Cuando unos ganan otros tendrán que perder, incluyendo a aquellos beneficiarios de algunos programas que no serán prioridad del próximo gobierno.
Instalación de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 2018 (Imagen: Canal del Congreso)
Como cada sexenio, la esperanza del cambio está en lo que el presidente puede hacer; sin embargo, el poder ejecutivo sólo tiene control directo sobre una quinta parte del presupuesto. Después de haber pasado por una reingeniería del gasto anual desde 2015, de requerirse mayores recursos, las oportunidades para encontrar mayor eficiencia y eficacia van más allá del sector central.
Las entidades de control presupuestario directo (IMSS e ISSSTE), así como las empresas productivas del Estado (Pemex y CFE) concentran más de 35% del total del presupuesto. Además, los recursos que se dirigen a las entidades federativas a través de participaciones, aportaciones y otros fondos suman 32% del presupuesto total. Es decir, existen otros organismos que no son del control directo de la figura presidencial con autonomía presupuestaria y de gestión que tienen más de la mitad del presupuesto público.
Bajo la premisa de la autonomía, estas instituciones se han quedado atrás en búsqueda de la austeridad mediante la reingeniería. Esa ha sido su defensa para no reducir sus recursos y utilizarlos como el administrador considere conveniente y los programas lo obliguen. En 2018 la mayoría de las secretarías de Estado redujeron el presupuesto a su cargo, mientras que los organismos mencionados incrementaron los recursos a su disposición.
Como cada sexenio, la esperanza del cambio está en lo que el presidente puede hacer; sin embargo, el poder ejecutivo sólo tiene control directo sobre una quinta parte del presupuesto.
Caso similar en los ramos autónomos, quienes concentran el 2.4% del presupuesto. La búsqueda de la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos en estas instituciones es aún un tema pendiente y, por lo tanto, uno de los desafíos a abordar por la recién instalada Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. El resto del presupuesto es para el pago de deuda.
Para ampliar el presupuesto disponible del gobierno central y dirigir la política pública hacia los compromisos de campaña será necesario llegar a un nuevo acuerdo fiscal.
Por un lado, los diputados deberán aceptar que dirigir y ejecutar recursos para sus distritos no es parte de sus facultades. Los organismos autónomos, el IMSS, ISSSTE, Pemex y CFE podrían hacer un esfuerzo por aplicar la austeridad promovida y liberar recursos para infraestructura y otros programas sociales. Los gobernadores y demás servidores públicos en las entidades federativas serán guiados hacia la corresponsabilidad en la recaudación y uso de los recursos públicos.
Los ciudadanos también tendremos que ser eficientes y eficaces en el uso de los recursos públicos y propios. El ejecutivo federal tendrá que poner el ejemplo y abstenerse de la tentación del endeudamiento. De esta manera será posible un presupuesto austero, eficiente y eficaz. Suena bien, pero no todos estarán contentos.
Twitter: @SunnyArely