Federalismo en peligro de extinción

El próximo sábado tendremos un México diferente.

Después de las pasadas elecciones presidenciales, la población mexicana espera que a partir del 1 de diciembre comience la implementación de la cuarta transformación.

Para bien o para mal, se tiene la expectativa de que las cosas cambien. Se terminará la corrupción y se orientarán los recursos para favorecer a los que menos tienen, entre ellos los jóvenes y los adultos mayores. 

Sin embargo, al depositar toda esperanza de transformación en el cambio de un individuo, se olvida de la composición del Estado y del pacto federal que nos une.

México está conformado por distintos territorios con diversas ideologías políticas, entidades y municipios que generalmente son autónomos, cada uno con sus propias obligaciones.

La provisión de bienes y servicios públicos a la población, mantener la ley y el orden, así como el registro de información son algunas de las ventajas de cualquier régimen político. Los gobiernos, que representan al Estado, se conforman por instituciones, políticos, burócratas y tecnócratas, entre otros.

[...] al depositar toda esperanza de transformación en el cambio de un individuo, se olvida de la composición del Estado y del pacto federal que nos une

 

Estos actores en ocasiones buscan el bien común, pero también pueden moverse por el interés propio y dirigir sus acciones a la búsqueda del apoyo político para mantener su beneficio.

En otras palabras, los gobernantes en turno tienen incentivos para dirigir las políticas públicas, ya sea de provisión de bienes públicos o privados, según les resulte conveniente en una competencia electoral.

En nuestra Carta Magna se obliga a la Federación, estados y municipios a proveer de distintos bienes y servicios a la población, como la educación, salud, alimentación y seguridad, por mencionar algunos.

Para cumplir con ello, el país tiene un pacto federal donde las entidades federativas ceden parte de su recaudación tributaria a cambio de una administración de la política nacional dirigida a cubrir las responsabilidades plasmadas en la Constitución.

Empero, en este pacto no existen superdelegados.

Las nuevas “Delegaciones de programas para el desarrollo”, promovidas por el gobierno entrante, tienen el fin de coordinar las acciones estratégicas y prioritarias de la federación en los estados y municipios, además de verificar su cumplimiento.

Lamentablemente, en retrospectiva los “programas para el desarrollo” en México han sido utilizados con fines electorales y focalizados en la población que representa una clientela significativa en términos de votos.

Por lo tanto, para quienes buscan mantenerse en el poder, es importante quién provee de beneficios a la población, y más si ésta corresponde a sus votantes.

Empero, en este pacto no existen superdelegados.

 

Por otro lado, la distribución de los recursos entre los estados no es equitativa ni proporcional a su aportación o a la efectividad en la ministración de recursos.

Bajo el esquema de una política redistributiva, entidades como Ciudad de México, Nuevo León y Tamaulipas, quienes más contribuyen a la federación en materia tributaria, no son necesariamente quienes más beneficios tienen. Lo anterior se refleja en la investigación “Redistribución de impuestos en las entidades federativas” del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria A.C.

Allí se muestra cómo la mitad de las entidades federativas que más dinero reciben (en conjunto 39.2% de las aportaciones y 28.4% de las participaciones) colaboran sólo con 5.3% del total de la recaudación tributaria, y 13 de ellos contribuyen con menos de 0.5% cada uno.

Bajo el esquema de una política redistributiva, entidades como Ciudad de México, Nuevo León y Tamaulipas, quienes más contribuyen a la federación en materia tributaria, no son necesariamente quienes más beneficios tienen.

En consecuencia, una de las preocupaciones de los gobiernos estatales es que la distribución de los recursos para programas del desarrollo entre entidades siga la misma lógica de distribución de las participaciones y aportaciones o de los convenios de colaboración. Lo cual dejará de lado a algunos gobernadores sin recursos para ejercer en proyectos que sean atribuibles directamente a su administración.

Pese a la inconformidad de algunos gobernadores acerca de las bolsas que reciben, hay que reconocer que el cobro de impuestos también tiene una consecuencia electoral. No obstante, allí también reside la fortaleza de cualquier Estado.

Es decir, en la capacidad de tener y retener la confianza de los ciudadanos para que, a través de la formalidad laboral y el pago de impuestos, tengan la certeza de que recibirán los bienes y servicios que el gobierno está obligado a proveer. 

Para que el federalismo no siga en peligro de extinción, será relevante fortalecer la capacidad recaudatoria, de gestión y ejecución de recursos en las entidades federativas y municipios, con mayor atención hacia el incremento de los ingresos propios.

De otra forma, la centralización en este juego de poderes tiene todas las de ganar.