El fin de las transferencias condicionadas

Hace más de 20 años comenzaron en México los programas de transferencias condicionadas. Estos programas pretendían acabar con la pobreza mediante una estrategia integral que vinculara las acciones en materia de educación, salud, alimentación y producción.

Los programas de transferencias condicionadas consisten en la entrega de recursos monetarios y no monetarios a las familias, con la condición de que se lleven a cabo acciones para mejorar el capital humano, familiar y de la comunidad. México fue el modelo a seguir y este tipo de programas se replicaron en América Latina y el mundo, recopilando evidencia de que bajo ciertas características funcionaban.

La política social y económica de la actual administración mexicana, en aras de favorecer la universalidad de derechos, ha pasado de transferencias condicionadas a otorgar dinero sin intermediarios.

Los programas emblemáticos del nuevo gobierno: Pensión para Adultos Mayores, Jóvenes construyendo el futuro, Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez, Pensión para el Bienestar con Discapacidad Permanente, Sembrando Vidas, Tandas del Bienestar, Producción para el Bienestar, Programa de Microcréditos para el Bienestar y Crédito Ganadero a la Palabra basan su operación en la transferencia de dinero directa a los beneficiarios sin más requisito que el compromiso de palabra.

Aunque este mecanismo intenta acabar con los intermediarios y con ello disminuir los costos por ineficiencias y corrupción, tampoco establece los candados para garantizar que este gasto sea más eficiente, sin desvíos ni usos clientelares.

Con excepción del  programa Pensión para Adultos Mayores, en el Presupuesto de Egresos de la Federación el resto de los programas mencionados han sido aprobados bajo la clasificación de otros subsidios y no como sujetos a reglas de operación. Por lo tanto, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria no los obliga a la evaluación continua ni a la rendición de cuentas. Al sólo existir lineamientos para algunos de los programas que se enlistan, se están dejando más de 100 mil millones de pesos a la buena voluntad de quienes lo otorgan y de quienes lo reciben.

Aunque la transferencia de dinero directa a los beneficiarios intenta acabar con los intermediarios y con ello disminuir los costos por ineficiencias y corrupción, tampoco establece los candados para garantizar que este gasto sea más eficiente, sin desvíos ni usos clientelares.

La nueva política parte del supuesto de que los individuos en busca de su propio bienestar derivarán en el bien común. Sin embargo, para que esto sea posible, no deben existir asimetrías de información ni costos de transacción. Esto no sucede actualmente en el contexto mexicano. Los lineamientos para operar estos programas no son del conocimiento de todos los posibles beneficiarios y existen costos, principalmente de acceso, que serán difíciles de abrogar para una verdadera universalidad.

Aunque aún es pronto para predecir si esta manera de implementar la política social será más o menos exitosa que la anterior, ya se tienen varios asuntos a deber. Para la identificación de los beneficiarios potenciales de estos programas no se elaboró un censo con bases estadísticas ni avalado por alguna institución con experiencia previa probada en el levantamiento de este tipo de información.

Lo anterior impide que se tengan estimaciones, basadas en evidencia, de cuánto puede costar la universalización de estos programas en términos de sus lineamientos. Tampoco se levantó una línea base que permita en un futuro evaluar desde el inicio el éxito o fracaso de esta nueva forma de implementar la política económica y social. En consecuencia, no habrá manera de evidenciar si la condicionalidad de las transferencias limitaba o favorecía el éxito de la política pública.

Lo que se aprendió es cosa del pasado. Las evaluaciones de los programas de transferencias condicionadas no se debatieron de manera pública para implementar la nueva política económica y social. En lugar de corregir lo que no funcionó, se optó por el cambio de modalidad.

Parece ser que es más costoso vigilar que se cumplan las reglas y velar por la eficacia y eficiencia en el uso de los recursos que hacer borrón y cuenta nueva.

@SunnyArely