Sin un plan de acción: recortes al gasto de publicidad oficial

18-04-2019 09:20

Para @louloumorales y @leonugo

En julio 2018, AMLO anunció sus 50 acciones por la austeridad, entre las que destacan dos sobre comunicación social.

En la primera de ellas nos prometían una reducción de 50% en el gasto de publicidad de gobierno. Si efectivamente esta administración gasta solamente los 4,711 MDP que se aprobaron en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019, estarían ahorrando 48% de lo que se ejerció en 2018 y podríamos dar por cumplida esta medida.

El problema radica en que claramente esto no va a pasar pues el día de ayer, AMLO y su vocero, Jesús Ramírez, presentaron el Acuerdo por el que se establece la Política de Comunicación Social del Gobierno Federal. Éste contempla que puede haber ampliaciones hasta por 0.1% del PEF, lo que implica que podrán gastar hasta 5,038 MDP.

Pero el problema de fondo no sólo son las pequeñas ampliaciones que reducen el recorte prometido, sino que este acuerdo entra en conflicto con la Ley General de Publicidad Oficial, vigente desde mayo de 2018. En ella se estipula que quien emite los lineamientos de gasto en publicidad y comunicación oficial es la SEGOB.

Habrá que ver si no acaban por entrar en conflicto la ley y el acuerdo… y más que una acción de inconstitucionalidad tendremos una medición de fuerzas al interior del gabinete entre la Presidencia de la República, de la cual depende el vocero de AMLO, y la ministra Olga Sánchez Cordero.

Pero al igual que con el despido de 70% de los funcionarios públicos de confianza, tampoco queremos ver más reducciones presupuestales a priori en materia de comunicación social. ¿Qué pasa si surge una epidemia, ocurre un terremoto, se aproxima un huracán o se presenta una emergencia humanitaria por el paso de migrantes? ¿Cómo vamos a garantizar que haya campañas preventivas exitosas de vacunación y protección civil, sin un plan de comunicación social, más allá de la austeridad?

Entre las acciones que se prevén en el acuerdo publicado en el DOF ayer, se menciona que se darán prioridad al uso de medios públicos y tiempos oficiales, y que no contratarán agencias externas para la producción de materiales audiovisuales.

México, sin embargo, vive en la era digital: según el INEGI, 72% de la población usa teléfonos inteligentes. Son 80 millones de mexicanos que están a un clic de utilizar las redes sociales. Mientras que el gobierno quiere utilizar las redes sociales para comunicar (¡bravo!) no parece estar dispuesto a invertir en las campañas para medios digitales.

No podemos esperar que las benditas redes sociales reaccionen como lo hicieron durante la campaña presidencial cuando se trate de promover acciones de gobierno. Si no le invierten a la comunicación en redes, el mensaje no va a llegar a los públicos objetivo. Así de simple.

 

El problema de fondo no sólo son las pequeñas ampliaciones que reducen el recorte prometido en el gasto de publicidad del gobierno, sino que este acuerdo entra en conflicto con la Ley General de Publicidad Oficial que estable que es la SEGOB quien emite los lineamientos de gasto en publicidad y comunicación oficial

 

La segunda medida de austeridad sobre comunicación gubernamental que prometió AMLO en julio 2018 fue que todas las oficinas de prensa se centralizarán en una sola oficina de prensa, que depende hoy en día de Jesús Ramírez y está ubicada dentro de la estructura de la Presidencia de la República.

Con el acuerdo de Política de Comunicación Social publicado ayer se da cumplimiento a esta segunda promesa de austeridad, pero ¿a qué costo? En primer lugar, la centralización en la gestión del presupuesto de prensa en una oficina, provoca mucha concentración de poder y dificulta la rendición de cuentas. Además, el acuerdo señala que no habrá premios o castigos para los medios afines o contrarios al gobierno de AMLO, pero no establece mecanismos de detección ni sanciones si esto ocurre. Suena un poquito como una promesa que no están dispuestos a cumplir.

Pero más grave aún me parece que se establecen mecanismos discrecionales de gasto, que es justo lo que nos prometieron abolir. De ahora en adelante y según el acuerdo, ya no habrá contratos anuales, sino que se otorgarán por campaña, pero no sabemos si se asignarán directamente y bajo qué criterios (¿a partir de rating? ¿seguidores en redes? ¿afinidad al régimen?).

En resumen, AMLO volvió a prometer ayer que los “recursos públicos no serán utilizados para premiar o castigar a ningún medio”, pero pareciera que con la emisión de este acuerdo está haciendo justamente lo contrario: está concentrando el gasto, reduciendo el presupuesto sin plan estratégico, los criterios de asignación de los recursos son inciertos y no van a invertir en la producción de mensajes.

 

En el Acuerdo sobre la política de comunicación del gobierno federal, que ayer se dio a conocer, se establecen mecanismos discrecionales de gasto que es lo que prometieron abolir

 

Al igual que sucede con la corrupción, que no por prohibirla se acaba, limitar la publicidad oficial no hace que haya menor gasto en comunicación social, sobre todo en entidades gubernamentales desconcentradas, organismos autónomos, empresas productivas del estado y mucho menos en los gobiernos locales.

Es más, limitar el gasto en publicidad oficial sólo abre la puerta a un mercado negro como el que conocemos en el ámbito electoral. Tal como lo demuestran María Amparo Casar, Leonardo Núñez y coautores en su estudio Dinero Bajo la Mesa, por cada peso que fiscaliza la autoridad electoral durante las campañas, hay 15 pesos que no se reportan y por tanto nadie contabiliza.

Si este gobierno quisiera resolver el problema del gasto discrecional en comunicación social, debiera empezar por abrogar la #LeyChayote (menos conocida como la Ley General de Publicidad Oficial) y enviar una iniciativa que incorpore las recomendaciones del colectivo #MedioLibres, que desde hace años se ha dedicado a promover que la ley garantice la libertad de expresión y el gasto responsable del dinero público en comunicación social.

Hay aplaudir la austeridad siempre que se sustente en mecanismos de medición de resultados, no sólo recortando presupuesto sin planes de optimización.

 

@Sofia_RamirezA