La certidumbre de la adversidad

2020 será la confirmación de los sinsabores en materia económica y social de la administración del presidente López Obrador.

Atrás habrá quedado el beneficio de la duda que suele acompañar a los gobiernos entrantes y en su lugar estará la inclemencia del desencanto. No todo será medianía, pero a cada ventaja le corresponderá un inconveniente semejante que exigirá una pericia de gobierno que hasta ahora no se ha mostrado. Se avecina la certeza de tiempos aún más difíciles.

En materia económica el Tratado Estados Unidos–México-Canadá, dará un panorama cierto a la inversión de largo plazo, uno de comercio menos libre que el acuerdo al que sustituye. Con mayor confianza se destrabará el gasto en la mejora de la planta productiva para enfrentar nuevas restricciones a la actividad exportadora. Estos límites se acentuarán conforme se distienda la guerra comercial que nuestro vecino ha emprendido contra China, y que nos ha favorecido, y se desaceleren la economía americana y la mundial.

La persistencia en impulsar el crecimiento con fórmulas internas de cuestionable rentabilidad social, también estará garantizada. Los esfuerzos por financiar una refinería ineficaz, un aeropuerto inoperante y un tren turístico vano serán una constante, incluso a costa de mayor austeridad en servicios gubernamentales clave. Así, el nuevo capital no alcanzará el potencial generador de actividad económica y empleo que existía anteriormente, el cual no bastaba como motor del desarrollo del país.

La política social asegurará a un gran número de mexicanos tener un poco de dinero en el bolsillo con servicios de salud y educativos en declive y bajas perspectiva de empleo formal. El gasto público claramente no estará a la altura de las motivaciones para crear el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar ni compensará la intermitencia con que se aplicaron las reformas a la educación. La bienvenida elevación del salario mínimo concentrará sus efectos en un pequeño grupo sin reducir necesariamente la desigualdad.

Tendremos una economía trastabillante y una política social anodina con toda certeza. Si acaso, la incertidumbre provendrá de la preparación de la necesaria reforma fiscal, cuya discusión abrigará tanto esperanzas como amenazas. Esta reforma permitirá, probablemente a partir de 2021, mantener a flote los proyectos insignia de esta administración, particularmente la refinería de Dos Bocas y las transferencias monetarias, aunque puede hundir las esperanzas de la inversión privada con impuestos excesivos.

Las grandes necesidades y los bajos recursos fiscales del país para el tamaño de su economía hacen necesaria una reforma fiscal. Ésta no tiene por qué ahuyentar necesariamente la actividad privada, pero puede hacerlo. Impuestos al ingreso que destruyan la competitividad de las empresas en el país o que obliguen a los grandes capitales a refugiarse en el extranjero lo lograrían, pero sustanciales impuestos al consumo, al ingreso y a la riqueza serían factibles y deseables si están bien diseñados.

Cada vez es más cierto que la fortaleza de esta administración puede ser su esfuerzo redistributivo, por ahora débil y de efecto transitorio, ante un ambiente externo y una estrategia interna llena de obstáculos para crecer. Sin una reforma fiscal, cuyo propósito central está aún por definirse, esta posibilidad completará la lista de oportunidades perdidas.

La certidumbre de esta adversidad sería la admisión de uno de los mayores fracasos de un gobierno que pretende ser histórico.