Los grandes objetivos sociales del gobierno actual son la reducción de la pobreza y la desigualdad.
No puede concebirse la llegada a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador sin pensar que los agravios de la inseguridad pública y la corrupción impune se asentaron sobre una base de pobreza persistente y de enorme desigualdad económica. En consecuencia, no puede imaginarse su ejercicio de gobierno sin atender estos grandes desafíos.
Sin embargo, López Obrador sabe que no puede poner en riesgo la estabilidad económica persiguiendo sus metas distributivas, pues una crisis acabaría con la viabilidad de su proyecto. Él mismo se ha impuesto la restricción de mantener la salud de las finanzas públicas, de ahí el enorme esfuerzo de austeridad en ciertos temas para darle viabilidad al gasto en otros. Justo aquí es donde la estrategia favorecedora de PEMEX rompe el esquema.
La inversión de PEMEX en actividades diferentes a la extracción de petróleo, particularmente en la refinería de Dos Bocas, desplaza enormes recursos del combate a la pobreza y a la desigualdad.
De acuerdo al recién anunciado ‘plan de negocios’ de la paraestatal, ésta absorberá la federación, en 2020, entre inversiones y condonación de impuestos, una quinta parte de lo que se requeriría para financiar un sistema de seguridad social con cobertura universal.
Sin embargo, el problema central es que la refinería de Dos Bocas pone en riesgo la salud de las finanzas públicas y con ello todo lo demás.
La rentabilidad de este proyecto se anticipa negativa, esto es, además de su costo de construcción, se perderá dinero gastando más en operar la planta de lo que se obtenga con su producción de gasolina. Esto es malo de por sí, y es una pésima señal para los acreedores de PEMEX, que no ven cómo podría pagar su multimillonaria deuda.
La implicación de la insolvencia percibida en PEMEX es que se eleve el costo de financiar su endeudamiento. Las tasas de interés que PEMEX pague por renovar las deudas que lo saquen a flote serán mayores, cuestión que se confirmará con la rebaja de su calificación crediticia.
Sin embargo, PEMEX, siendo una empresa estatal, no puede quebrar, por lo que implícitamente trasladará la carga que representa al gobierno federal. En consecuencia, éste verá también castigada su calificación crediticia y elevado su gasto financiero. Tendrá menos recursos para impulsar la economía en el momento en que el país parece estar entrando a una recesión.
El relevo en la Secretaría de Hacienda, con las advertencias del exsecretario de que “toda política económica debe realizarse con base en evidencia, cuidando los diversos efectos que ésta pueda tener y libre de todo extremismo”, era la oportunidad para reconsiderar el efecto dominó que PEMEX podría causar de persistir el proyecto de la refinería.
También era ocasión propicia para refrendar los grandes objetivos sociales procurando se persigan con base en diagnósticos sólidos que contemplen las limitaciones actuales de la hacienda pública y su necesidad futura de mayores recursos. Estas posibilidades parecen hoy perdidas.
Quizás ya no haya remedio en el corto plazo para PEMEX, ni para la recesión en la que se sumiría el país, por lo que tal vez sea tiempo de salvar otra cosa.
La sostenibilidad de los objetivos sociales requerirá a medio sexenio de una reforma hacendaria, misma que debe tener objetivos claros y de largo alcance.
Es imperativo evitar que este nuevo sacrificio para la población del país se convierta en mero recurso para cubrir las consecuencias de decisiones fallidas.
Sinceramente, espero estar equivocado al advertir el negro futuro que se avecina.
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