AMLO y las calificadoras: éramos muchos y parió la abuela

“La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados"

— Groucho Marx

La ya muy conocida rebaja del perfil de deuda internacional de Pemex, menciona Fitch, es fruto de dos elementos: la continuada trayectoria de largo plazo de Pemex de crecimiento de la deuda y del flujo negativo de efectivo –producto a su vez de la caída en la producción por la bajada en las reservas y de la baja en los precios internacionales desde el máximo de 2012, con todo y rally en 2017-18– junto con la “incertidumbre creciente sobre la estrategia futura de negocios de Pemex”.[1]

En términos coloquiales: éramos muchos y parió la abuela. PEMEX es una empresa tan sumida en pasivos -3,679,543 millones de pesos, ó 190,157 millones de dólares al 30 de junio de 2018 con el tipo de cambio de hoy a 19.35-[2], que se necesitaría 2.38 veces el patrimonio de PEMEX para liquidarlos. Y la situación se torna peor si consideramos que opera a pérdidas –menos 44,458 millones de pesos el primer semestre de 2018-. ¿Usted le prestaría dinero a una empresa que debe más de dos veces sus activos y que pierde 5 centavos por cada peso que vende?

Hay muchos quienes sí. Y es que aunque con la Reforma promulgada en 2014, la deuda de PEMEX ya no está explícitamente garantizada por el Gobierno Federal, esto sigue siendo una realidad en los hechos.[3] Por un lado, por el fuerte lazo entre la Hacienda pública y los ingresos petroleros vía PEMEX, y por el otro por el hecho de que ésta continúa siendo una empresa paraestatal cuyos resultados tienen un impacto directo en el balance de las finanzas públicas.

Tanto empresa y Estado tienen un rango limitado de opciones para revertir la situación. Para la empresa, que sigue operando sólo en virtud de su capacidad de endeudarse con respaldo gubernamental bajo las condiciones actuales, sería forzosamente reducir y luego revertir el ritmo de crecimiento de la deuda a través de mejoras de flujo de efectivo, de eficientar costos operativos, de la desinversión en activos improductivos, pero sobre todo de incrementar la utilidad marginal de la producción. Y aquí es donde la política interviene y diverge de lo que debería ser el camino para una mejora del perfil de deuda.

Fitch menciona la incertidumbre sobre la estrategia de negocios como una parte clave de la razón para reducir su calificación del perfil de deuda internacional de PEMEX. Es decir, no ha quedado claro de qué manera PEMEX va a buscar la rentabilidad, mucho menos mejorar su razón activos/pasivos o activos/deuda. Y es que, sencillamente, el gobierno entrante ha enfocado el discurso en aumentar la producción y la inversión. No en la rentabilidad ni en la reducción de pasivos de la empresa, y ciertamente menos en mejorar el perfil de deuda.

Por ejemplo, el hoy presidente electo López Obrador no fue ambiguo desde su campaña en señalar que iba por la construcción de dos nuevas refinerías a cargo del Estado. Asumiendo refinerías con un volumen de producción mayor a 250 mil barriles diarios, esto representaría inversiones de entre 30 y 40 mil millones de dólares a ser financiada con deuda.

Si consideramos que la deuda estrictamente financiera de PEMEX ya es de alrededor de 100 mil millones de dólares, esto representaría un salto de entre 30 y 40% del nivel actual. No le toma a nadie con tres dedos de frente deducir que, sin ingresos propios que justifiquen estas inversiones, esto iría en demérito del perfil de deuda. Y Fitch ciertamente es uno de ellos.

En lugar de admitir que existen claras razones para pensar que el perfil de deuda de PEMEX sufre del elemento de incertidumbre –que no sólo hablamos de invertir en refinerías, sino también hay menciones sobre dejar de vender petróleo en el extranjero o prohibir la producción con fracking-, y de avocarse a tratar de aclararla o al menos atemperarla con planes de negocio fundamentados que incluyan algún objetivo de mejora del perfil de deuda, la respuesta de gobierno entrante ha sido descalificar a la calificadora.

Obrador señalando a Fitch por “apoyar la fracasada Reforma Energética”[4], y la futura secretaria de Energía Rocío Nahle llanamente señalando la decisión de “absurda”.[5]

No es ninguna sorpresa. El petróleo y PEMEX son temas altamente políticos en México; para algunos, incluso el centro del sentido y espíritu de la Nación. Por ello, el discurso público se centra en su “fortaleza” más que en su viabilidad como negocio y hasta como función del Estado: tan así, que son discusiones que nunca trascendieron ni siquiera en el periodo más álgido de la apertura del sector energético.

Y el que una baja de calificación nos lo recuerde ataca justamente a estas ausencias, e incluso a la fortaleza del nuevo liderazgo frente al sentimiento nacionalista al que tanto apeló para validarse.

Es posible pensar en una empresa productiva del Estado que genere utilidades –ahí está Statoil como referencia–, pero ésta no será ninguna que no trabaje por construir un buen perfil de deuda que permita el financiamiento con la mejor tasa disponible para constituirse como motor de inversión y desarrollo sostenibles.

Y atacar a una calificadora por mencionar lo obvio –más, en un momento donde éstas aún se encuentran peleando por su credibilidad tras los múltiples fiascos de años pasados, y donde hacerse de la vista gorda les saldría carísimo– no sólo no abona en ese sentido, sino que amenaza con complicar aún más una situación de por sí muy mala: para la empresa, para las finanzas públicas, y para el País.