La Cuarta Transformación en clave democrática
En el intenso periodo de transición, el gobierno electo, junto con las bancadas de Morena en el Congreso de la Unión, han hecho y deshecho de todo para preparar la plataforma legal e institucional a partir de la cual implementarán la Cuarta Transformación.
Diversas plumas han alertado sobre actitudes, decisiones y prácticas que son contrarias a nuestra Constitución y a las reglas de la democracia. Sus adeptos defienden con vehemencia estas decisiones bajo los argumentos de que el fin justifica los medios; no importa cómo lo haga mientras exista un cambio que implique la justicia social.
Priva la polarización de los que están a favor o en contra de Andrés Manuel López Obrador y su Cuarta transformación. La tensión parece estar en las reglas democráticas vs. la desesperación ciudadana por una eficacia gubernamental.
Con la intención de darle un marco de encuentro al diálogo, considero pertinente retomar lo que Luis Salazar Carrión, en su ensayo “Democracia, representación y derechos,”[1] determina como los principios y valores de la democracia y, utilizarlos, como rasero para evaluar el “estilo de gobierno” del próximo presidente de México.
Primero: La coalición gobernante y sus adeptos argumentan que los más de 30 millones de votos les dan la legitimidad para poder hacer los cambios en las leyes y las instituciones que consideren pertinentes, sin tomar en cuenta a las minorías en el poder legislativo.
Son ellos quienes tienen la autoridad moral para guiar la transformación del país y ser un gobierno eficaz para lograr los cambios que exige la voluntad de los mexicanos expresado en la jornada electoral.
La tensión parece estar en las reglas democráticas vs. la desesperación ciudadana por una eficacia gubernamental.
En efecto, el voto de la mayoría de los ciudadanos decidió constituir a los poderes públicos bajo su dirección, sin embargo, ello no les da el derecho a ignorar a las minorías en el Congreso, ni a colectivos que expresan opiniones disidentes. La regla de la mayoría para la toma de decisiones públicas no implica el gobierno de la mayoría.
Por ello, cada iniciativa de ley debe ser lo suficientemente discutida con las minorías parlamentarias y asegurar su representación política, pero no solo con ellas, con todos los grupos interesados en los asuntos públicos que les afectan. Para la democracia es fundamental preservar el pluralismo político y social.
Si se intenta abolir vía el mayoriteo, esa decisión no puede considerarse democrática, será una decisión impuesta.
Segundo: Andrés Manuel López Obrados gobernará consultando al pueblo.
Diversas plumas han denunciado esta práctica como intolerable por tres razones principalmente: 1) no cumplen con los mínimos para garantizar la participación directa de los ciudadanos; 2) en realidad no se consulta la opinión de los ciudadanos para la toma de decisiones previamente tomadas; 3) implican la denostación de los canales democráticos, institucionales y constitucionales en aras de una reafirmación (como lo ha dicho el propio Presidente Electo) y movilización en torno al liderazgo de AMLO.
Al respecto agrego que la figura pueblo no existe. En la democracia, son los ciudadanos libres e iguales los que deben manifestar sus preferencias e intereses.
[...] la figura pueblo no existe. En la democracia, son los ciudadanos libres e iguales los que deben manifestar sus preferencias e intereses.
Son ellos los que deben tener garantizado el derecho a ejercer el voto para la toma de decisiones públicas, ya sea de manera directa o eligiendo a sus representantes para que decidan en su nombre.
El Congreso es el espacio público para la deliberación de los asuntos públicos. Es ahí donde se garantiza la pluralidad democrática. La deliberación pública se alimenta de los diagnósticos de organizaciones sociales y de otros grupos sociales.
Denostar la crítica muestra la aberción del próximo Presidente a rendir cuentas, explicar sus decisiones de manera transparente y estar dispuesto a negociar y a corregir en caso necesario.
Tercero: La eliminación de los contrapesos constitucionales y la des-institucionalización del Estado: No optar por una Fiscalía autónoma; debilitar a los órganos constitucionalmente autónomos, tener el control de la agenda legislativa, perdonar a los corruptos del pasado sin siquiera mirar al Sistema Nacional Anticorrupción, etc…
Andrés Manuel López Obrador tiene la facultad de reorganizar a la Administración Pública Federal de acuerdo a lo que considere puede facilitar implementar su plan de gobierno y tendrá que rendir cuentas sobre los resultados de sus decisiones y someterlas al escrutinio público.
Sin embargo, lo que no puede hacer es violentar a las instituciones, los procedimientos y los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución: a) imperio de la ley fundamental; b) separación de poderes: legislativo, ejecutivo y judicial y c) la garantía jurídica de los derechos y libertades fundamentales.
No puede, por ejemplo, dejar de perseguir delitos porque así lo considera, no puede dejar de consultar a los pueblos mayas del sureste sobre la construcción del Tren Maya en los términos del Convenio 169 de la OIT, no puede invalidar una iniciativa de ley del Congreso de la Unión. No, no lo puede hacer.
[...] lo que [López Obrador] no puede hacer es violentar a las instituciones, los procedimientos y los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución
Parece claro que para el nuevo gobierno, la prioridad será tener una gobernabilidad que garantice la eficacia. Nosotros como ciudadanos, no podemos dejar que en aras de esa eficacia se violenten nuestros derechos.
Es más complicado discutir, negociar y compartir el poder que ejercerlo de manera unipersonal. Sin embargo, las instituciones y las reglas democráticas son el único camino para asegurar espacios de libertad y avanzar en la igualdad.
Por eso, cada vez que cuestionemos una decisión de la Cuarta Transformación nos debemos preguntar ¿cumple con los principios y valores de nuestra democracia? Si no lo hace, la tenemos que criticar.
* Paulina Gutiérrez es Directora Ejecutiva de CCiudadano Construcción y articulación de lo público.