Guardia Nacional: en riesgo el Estado democrático

16-01-2019 16:09

La apuesta de los Estados democráticos es poner a las personas y la protección de sus derechos y libertades como fundamento de legitimidad de toda norma y actuar del poder público.

Las condiciones básicas para generar un marco que preserve el Estado democrático, es que el poder político debe ser limitado por leyes creadas bajo los procedimientos democráticos y que tengan como finalidad la de proteger los derechos fundamentales.

La decisión de la Cámara de Diputados de avalar la reforma constitucional propuesta por el Presidente de la república para crear la Guardia Nacional como una institución policial responsable de las tareas de seguridad pública, de carácter civil en lo administrativo, pero militar en todo lo referente a su operación, es violatorio de estos dos principios, en forma y fondo.

En la forma. La actuación de la bancada de Morena puso en evidencia que están al servicio de los designios del Presidente de la República y renunció a ejercer su independencia.  

 

La decisión de la Cámara de Diputados de avalar la reforma constitucional propuesta por el Presidente de la república para crear la Guardia Nacional, es violatoria en forma y fondo.

 

Un poder legislativo independiente supone tomar decisiones a partir de la deliberación pública, más aún cuando se propone reformar nuestra norma fundamental para dar soluciones a problemas como es la crisis de seguridad y violencia que enfrenta nuestro país. Una deliberación pública que tome en cuenta los argumentos y las evidencias, no solo de expertos, también de las víctimas de la violencia. Cualquier clase de reforma sobre seguridad requiere, para ser verdaderamente eficaz, sostenerse en fuertes consensos políticos y amplios acuerdos sociales.

Desde la presentación de la iniciativa de la declarada inconstitucional Ley de Seguridad Interior, se ha generado un contexto de exigencia para que el Estado abandone la política de seguridad pública sustentada en la militarización, y se reforme el Sistema Nacional de Seguridad Pública para generar condiciones que permitan la construcción de paz y justicia frente a la creciente violencia en nuestro país.

Este contexto de exigencia se ha dado gracias a la articulación de diversos organismos nacionales e internacionales, organizaciones de derechos humanos, víctimas de la violencia, académicos en temas de seguridad y especialistas en derecho constitucional y penal, entre otros. Una sociedad civil comprometida, organizada, articulada y exigente que ha dado argumentos sólidos y presentado evidencia contundente sobre los riesgos de mantener la actual política de seguridad, y más aún, de pretender llevarla al plano constitucional.   

En las audiencias públicas se demostró con datos que esta estrategia no ha funcionado.

Los principales argumentos en contra son que la estrategia de militarizar la seguridad pública ha fracasado, lejos de contener la violencia, ésta se ha disparado y han aumentado los casos de violaciones graves a los derechos humanos cometidas por elementos castrenses como son: detenciones arbitrarias, tortura, desaparición forzada, violencia sexual y ejecuciones extrajudiciales y allanamientos, los cuales han queda impunes.

Insisten en que para generar una política de seguridad pública que permita la construcción de la paz es necesario el rediseño de la política de drogas, la instalación de una Comisión de la verdad, Mecanismo Internacional contra la impunidad, mecanismos de control externo a las Fuerzas armadas y a las policías, reforma integral de las policías, regreso paulatino de los militares a sus cuarteles y la consolidación del sistema de justicia penal acusatorio. Todas estas medidas con sustento técnico y experiencias exitosas en el ámbito internacional.

La Cámara de Diputados decidió no tomar en cuenta estas voces. Voces de personas que han mostrado en su quehacer diario que no tienen otra motivación que la de evitar el sufrimiento de las personas a partir de la construcción de una estrategia integral de construcción de paz, seguridad ciudadana y protección a los derechos humanos.

En el fondo: Especialistas en derecho constitucional como Pedro Salazar han advertido que la pretensión de la constitucionalizar la militarización de la seguridad pública del país es contraria a estándares internacionales de derechos humanos, normas que el Estado Mexicano está obligado a cumplir.

En nuestro marco constitucional, el Estado tiene el poder legítimo del uso de la fuerza precisamente para garantizar el ejercicio de derechos. El dilema es cómo enfrentar a los grupos del crimen organizado que a todas luces rebasan por mucho la capacidad de fuerza de las policías y han generado un contexto de violencia que afecta los derechos de las personas. Sin embargo, utilizar como recurso regular el uso máximo de la fuerza militar (previsto en nuestra Constitución de manera excepcional) en funciones de seguridad pública, pone en riesgo permanente a los derechos de las personas y quebrante nuestro orden constitucional.  

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha optado por continuar con la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública para hacer frente a la violencia y al crimen organizado. Su diagnóstico es claro: frente a la generalización de la corrupción y captura de las policías por el crimen organizado, decide dejar en manos de los militares las tareas de seguridad pública, que incluyen la investigación preventiva e investigación de delitos. Y lo más importante, darle a las Fuerzas Armadas un marco constitucional que legalice su actuación.

Con esta decisión se abandona el objetivo democrático de promover una seguridad ciudadana que tenga como finalidad la protección de los ciudadanos en el marco de respeto a sus derechos fundamentales y se impone la máxima autoritaria de garantizar el orden como una expresión de fuerza y supremacía del poder del Estado.