De frente a los 12 meses de mayor incertidumbre

Estamos en la recta final del gobierno de Enrique Peña Nieto: A menos de doce meses de las elecciones presidenciales y a 17 meses del cambio de gobierno.

El horizonte luce complicado. El entorno global, las elecciones presidenciales y las tendencias de un puñado de indicadores económicos fundamentales preven que el último tramo del sexenio será uno de turbulencias para la economía. Los inversionistas saben que la incertidumbre aumentará y que en algún momento del segundo semestre deberán hacer una pausa en sus proyectos para retomarlos cuando el panorama en el país se aclare. Hacia 2019.

Palabras más, palabras menos, ése ha sido el sentir recogido recientemente de una media docena de empresarios y consultores. Si algún término es repetitivo en las conversaciones, es desconfianza. Y el gobierno es el blanco de ella.

Por lo menos tres factores acumulan incertidumbre para los próximos doce meses, de aquí a la elección presidencial; porque los meses restantes, entre julio y noviembre del próximo año, es un hoyo negro del que muy pocos se atreven a opinar.

Enrique Peña Nieto y Donald Trump.

El primer factor de incertidumbre tiene que ver con el desempeño económico estadounidense y las interrogantes de política económica hacia el futuro.

El crecimiento económico esperado para el año es de alrededor de 2%, una cifra menor a la inicialmente prevista, lo que podría afectar las exportaciones manufactureras mexicanas para el resto del año; aunque entre enero y mayo las exportaciones mexicanas a EU crecieron 6.2%.

Sin embargo la lucha política que libran Trump, el Congreso y líderes del sector privado han nublado el panorama sobre las negociaciones del TLCAN con México y Canadá, y las propuestas fiscales y de seguridad interior que planteó Trump.

Éstas barreras para México no se disiparán en el corto plazo y más aún cuando en agosto de 2018 habrá elecciones de medio término en EU.

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El segundo factor tiene que ver con las elecciones presidenciales en México y la conformación del Congreso a partir de 2018. La presidencia de Enrique Peña Nieto ha polarizado las posiciones políticas, incluso al interior del propio PRI, y la frustración entre los ciudadanos de las clases medias del país.

A esto último han contribuído la escalada de violencia en amplias zonas del país, el extendimiento y la tolerancia a la corrupción en el sector público, la coptación de las instituciones del país, y el debilitamiento de la economía familiar.

Esta situación plantea una potencial victoria de un candidato opositor en el que aparece la figura de Andrés Manuel López Obrador. Un personaje bien conocido en la política nacional, pero sobre el que sigue pesando la sombra del ‘Chávez mexicano’ que le endosó el panismo en las elecciones de 2006.

Si bien López Obrador ha ganado simpatías entre el sector empresarial, las reticencias sobre su posible triunfo electoral siguen pesando en el ánimo de los inversionistas.

El otro factor de incertidumbre es que si bien toda la atención se ha concentrado en quién ganará la Presidencia de la República, será muy relevante la fuerza que tendrá el nuevo mandatorio en el Congreso, o si se tendrá un sexenio –similar al de Felipe Calderón- con serios problemas para lograr acuerdos.

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Éste escenario, altamente probable ante un voto dividido como ocurrió en el Estado de México, paralizaría una serie de reformas pendientes en el país, comenzando por la hacendaria y las reformas a la seguridad social, así como la efectiva implementación de las reformas aprobadas en este sexenio.

El tercer factor que agrava la incertidumbre externa y política es la persistente caída de la inversión desde septiembre pasado. Esta caída no solo tiene que ver con la inversión pública –que ya mucho se ha comentado y que tiene tanto explicaciones coyunturales como estructurales- sino también con la caída en la inversión privada, particularmente en el sector de la construcción residencial.

La mayor parte de los analistas no prevén que la inversión cambie su tendencia y más bien calculan que ésta seguirá siendo afectada por un sector de la construcción deprimido en el resto del año.

El problema con esto es que el crecimiento económico y la generación de empleos para los próximos años está asociado principalmente con una inversión deprimida en la mayor parte de sus componentes producto de la incertidumbre y de la desconfianza.

La inversión extranjera directa no ha despuntado a pesar de las reformas implementadas, la inversión privada nacional sigue estancada, y el gobierno ha recortado drásticamente la inversión pública ante un presupuesto que sigue privilegiando el gasto corriente, ante el servicio de una deuda pública sumamente costosa y ante unas erogaciones por pensiones que están ahogando las finanzas públicas.

Así que el principal motor del crecimiento económico de mediano plazo sigue semiparalizado y quien quiera que llegue a la Presidencia de la República tendrá que reactivarlo urgentemente y, claro, para ello requerirá el apoyo del Congreso.

La economía del país sigue atrapada en las garras de los intereses particulares de los políticos que no dejan despuntar la inversión y que agravan la incertidumbre que viene para los próximos doce meses.

¿Hasta cuándo?

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