Desempleo o corrupción ¿el mal menor?

25-08-2016 09:24

Crear más empleos. Es aún la respuesta mayoritaria de la gente cuando se le pregunta a qué problema se le debe poner mayor atención. Esto según una encuesta nacional de Buendía & Laredo que se dio a conocer el pasado mes de julio.

El mexicano promedio sigue respondiendo que la falta de empleos o la falta de calidad en los empleos que se ofrecen es el mayor problema que el gobierno debe atender, incluso por encima del combate a la inseguridad y a la corrupción, dos asuntos que han crecido entre las preocupaciones de la gente en el último año y medio, pero –con todo- el empleo sigue siendo el principal reclamo ciudadano.

De acuerdo a la encuesta, el 38% de los mexicanos ve en la creación de empleos el principal problema a atender. Este porcentaje se redujo desde el 49% de febrero del año pasado, muy probablemente por el énfasis del gobierno en la creación y formalización de empleos; aunque la reducción del porcentaje se estancó a finales del año pasado e, incluso, vio un ligero repunte entre noviembre y julio de este año.

Mientras que el 32% de los encuestados señala al combate a la corrupción como el principal problema a atender (desde 27% de febrero de 2015); y el 24% dice que el principal asunto de la agenda pública debe ser el combate a la inseguridad.

Es decir, a pesar de que ha crecido en los últimos meses la percepción ciudadana sobre la corrupción como el principal problema a atender, derivado –muy probablemente- de los escándalos en la propia casa presidencial; la necesidad de empleos sigue siendo la principal demanda de la gente.

Eso lo saben bien los asesores de Los Pinos que han apuntado a la creación de empleos en lo que va del sexenio, como su principal arma discursiva y propagandística. Hemos escuchado al Presidente enfatizar, una y otra vez, en la creación (?) de 2.2 millones de empleos durante su sexenio, para contrarrestar las oleadas de críticas provenientes de intelectuales, académicos y periodistas por la corrupción vista durante su gestión.

Y claro que los asesores de Los Pinos no han equivocado la estrategia, si se trata de sacar a la corrupción de la agenda de prioridades ciudadanas. En esto, un dato es relevante: En noviembre pasado el 40% de la población con mayor nivel educativo (con estudios universitarios o superiores) señalaba al combate a la corrupción como el problema más importante a atender. Para julio de este año ese porcentaje bajó a 30%.

Pero el discurso de la generación de empleos como estrategia para intentar balancear las críticas al gobierno en materia de corrupción y seguridad, perderá fuerza paulatinamente en la medida en que se agota la capacidad de formalización de los empleos informales y, mucho más, porque la creación de nuevos empleos palidece con un menor dinamismo de la economía, como viene ocurriendo.

Los datos de la Encuesta Nacional sobre Ocupación y Empleo al segundo trimestre del año que publicó INEGI, muestran un importante crecimiento de la informalidad y de la precarización del empleo, particularmente en el centro y sur del país.

En estados como Oaxaca, Chiapas, Hidalgo, Guerrero, Campeche, Michoacán, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Tabasco o Veracruz sus niveles de informalidad laboral abarcan, por lo menos, dos terceras partes de la población ocupada en esos estados. Y en Chiapas, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y Oaxaca, por lo menos uno de cada cinco ocupados lo hace en condiciones críticas, es decir, ganando menos de un salario mínimo o laborando más de 48 horas a la semana y percibiendo un ingreso de hasta dos salarios mínimos.

Y si vemos el problema por edad y nivel de instrucción educativa, la situación del empleo se agudiza entre los jovenes y la población más educada.

De allí que en la encuesta de Buendía & Laredo, la demanda prioritaria de creación de empleos haya crecido entre los jóvenes hasta un 42% en julio, frente al 38% de la población en general; mientras que se observa un importante repunte de esta demanda entre la población con mayor nivel educativo (universitario o más) al pasar de 28% en noviembre, a 39% en julio de este año, para convertirse en la principal preocupación de este segmento de población.

Dados los pronósticos de menor crecimiento económico para el año, en torno al 2%, se puede prever una desaceleración en la creación de empleos y un crecimiento de la informalidad laboral. Así que es probable que en los próximos meses se acentúe la demanda de creación de empleos entre la población como el mayor problema a atender, muy por encima del combate a la corrupción o la inseguridad pública.

¿Acaso se puede pensar que cambiar un problema (la corrupción) por otro (el desempleo) en la prioridad de la agenda ciudadana, sea conveniente para el legado personal de Peña Nieto? Quizá, porque la corrupción es ya la etiqueta de su gobierno.

Pero, por otro lado, difícilmente un partido podrá reelegirse en el gobierno con ciudadanos desesperados porque no encuentran empleo o porque el que tienen, no les alcanza para vivir.