ZEE, repitiendo la ocurrencia de Echeverría

28 Junio, 2016
El Observador

¿Proyecto de Nación? ¿Acaso se tiene una idea de hacia dónde debe ir México en la próxima década en materia de desarrollo económico y social? Se supone que para eso existe el Plan Nacional de Desarrollo (PND), ese documento de cientos de páginas lleno de buenas intenciones que elaboran los nuevos gobiernos cada sexenio y que se convierte en letra muerta casi desde el mismo día en que asumen el poder.

Ya le recordaba Luis Foncerrada al presidente Peña Nieto el lunes pasado en una carta que publicó en este mismo diario. Usted –le dijo el director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP)- nos prometió esto y lo otro en su PND, pero su partido y sus legisladores hacen otra cosa, le refirió en relación al compromiso presidencial con la transparencia de los servidores públicos.

Y es que la letra muerta del PND ha sido una constante por décadas. Ya en el ejercicio del poder se imponen acciones de gobierno cortoplacistas y hasta ocurrencias para enfrentar tanto las coyunturas económicas y políticas, como para perpetuar al partido gobernante en la silla del poder a nivel local y federal.  Y, claro, las buenas intenciones de largo plazo del PND se van al caño.

Eso ocurrió con la reforma fiscal que se lanzó en este sexenio, como bien lo recordaba Fausto Hernández, experto en estos asuntos y un reconocido investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en una conversación que tuve con él hace poco. El problema –me dijo Fausto- es que no nos hemos dado cuenta que no tenemos un proyecto de nación y mucho menos la necesidad urgente de instrumentarlo a través de un nuevo pacto fiscal.

Pero esto ocurre, prácticamente, en todos los ámbitos de las políticas públicas. El pasado 31 de mayo el presidente Enrique Peña Nieto promulgó la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales (ZEE) con la intención de “detonar la productividad de la región sur y establecer las condiciones estructurales que permitan generar mayor riqueza y oportunidades de desarrollo integral”, según se explica en el portal de la presidencia de la República.

El gobierno, con este programa, plantea llevar inversión privada y pública a decenas de municipios de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Chiapas para detonar el desarrollo local y, con ello, elevar la calidad de vida de sus pobladores.

La intención es loable. Nadie en su sano juicio podría estar en contra de programas para atraer inversiones hacia las zonas más pobres del país generando empleos de calidad para sus pobladores, ya sea a través de incentivos fiscales, laborales, o del desarrollo de servicios públicos locales y de infraestructura.

La pregunta es si éste programa del gobierno federal ha sido evaluado y planeado integralmente para el largo plazo o si solo es una ocurrencia de las muchas que hemos visto en los últimos años y que solo buscan ganancias políticas de corto plazo.

Y es que los programas para desarrollar a las zonas pobres de la geografía nacional han sido tan abundantes desde Luis Echeverría, como sus fracasos.

En diciembre de 1970 el presidente Echeverría propuso una nueva estrategia de desarrollo económico a fin de paliar las desigualdades regionales que existían en México y que –según su planteamiento- limitaban el crecimiento económico.

Para ello, en noviembre de 1971 y julio de 1972 emitió decretos que buscaron atraer inversiones para industrializar las regiones más atrasadas del país a través de incentivos fiscales, laborales y de financiamiento preferencial especialmente en lo que se denominó “Zona III” que incluía prácticamente todo el territorio nacional con excepción de las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey, sus municipios aledaños y ciudades medias como Cuernavaca, Puebla, Querétaro y Toluca.

Así que, el asunto de las ZEE no es nada nuevo.

Las intenciones de los decretos de Echeverría no se alcanzaron porque, en la realidad, movilizar a las inversiones requería de un tratamiento preferencial mucho más amplio de lo que se ofreció (las élites industriales no tuvieron interés en cambiar los amplios beneficios que recibían en las grandes ciudades); pero también porque la retórica del desarrollo regional de Echeverría fue solo eso; en la práctica siempre se impusieron los objetivos macro que, política y técnicamente, eran más viables (y rentables)

Las ZEE son la reedición de esa intención fracasada de Echeverría. Pero además, precisamente es en Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz y Chiapas en donde se ha cuestionado, con amplia evidencia, el cumplimiento de la ley, la rendición de cuentas y la transparencia de los gobiernos locales y de las instituciones públicas. Allí, la corrupción es el lenguaje común.

¿Acaso es, en esas condiciones, como se piensa que se detonarán las grandes inversiones regionales de las que se habla y más aún en momentos en que las finanzas públicas se enfrentan a su peor crisis?

Me temo que la ocurrencia de Echeverría ha renacido.

 

A FONDO: Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, Presidencia de la República, 2016.

Samuel García Samuel García Es economista y periodista económico. Es fundador y director de Arena Pública. Fundó y dirigió El Semanario de Negocios y Economía. Fue director editorial de Negocios del Grupo Reforma y del diario El Universal. Director fundador de Infosel. Fue profesor de la Maestría en Periodismo y Asuntos Públicos del CIDE y Coordinador-profesor del Diplomado en Periodismo Económico de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Columnista y comentarista en diversos medios de comunicación en México.