Es costumbre de nuestros políticos y legisladores no enfrentar los asuntos espinosos y trascendentes. La lógica es impecable: Para qué abordamos un asunto que tendrá un costo electoral, que nos causará problemas en lo inmediato, o que no nos da un beneficio partidario o personal; mejor pateamos ese balón para adelante.
Y la sentencia de esa lógica es clara: El que venga después de mí, que lo resuelva.
La lógica funciona porque nuestros políticos y legisladores saben que no tendrán un costo político o personal de no tomar esas decisiones. Al fin que no tienen que rendir cuentas de su omisión y nadie –incluyendo los ciudadanos- los castigará por ello. Así ha ocurrido por décadas y, asumen que, así seguirá ocurriendo.
En todo caso, para acallar las críticas del círculo rojo y publicitar su tarea legislativa, aprueban leyes descafeinadas, a media tinta, que no perjudique demasiado a sus intereses o a los de sus patrocinadores y aliados.
Esa es la situación de las iniciativas anticorrupción, de los cambios que requiere la seguridad social o la urgente atención que requieren los sistemas de pensiones del país, que son una amenaza latente para el buen funcionamiento y la sobrevivencia de un buen número de instituciones públicas y, claro está, para las finanzas públicas.
El 27 de agosto de 2014, en un amplio reportaje de Arena Pública sobre la grave situación que viven los sistemas pensionarios de las universidades públicas, se ejemplificaba: “En la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo la falta de recursos para el pago de pensiones y jubilaciones amenaza cada día a catedráticos y a trabajadores administrativos.
Para ellos no existe un fondo de pensiones, pero sí forman parte del déficit actuarial que enfrenta el gobierno federal por obligaciones laborales de los planes de pensiones no reservados y que suman un déficit actuarial de 5 billones 613 mil 842 millones de pesos.
Con sólo activos por 675 mil millones de pesos, el monto total de los pasivos laborales es de 6 billones 288 mil 866 millones de pesos. Como parte de este multimillonario monto se encuentran las deudas de las pensiones de la universidad nicolaita.
Cada año –según los cálculos del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana– son necesarios al menos 1,000 millones de pesos para sostener al personal en retiro, pero no se obtienen a través de un fondo sino del presupuesto federal que cada año se le asigna a esta universidad.
Así que el destino de las pensiones en esta universidad depende de factores políticos y del reparto presupuestal federal y no de un fondo actuarial blindado contra estas variables”, reportaba aquel texto. Un reportaje que podría reproducirse a la letra hoy en día, tan solo actualizando las cifras negras que, evidentemente, han seguido crecido como globo a punto de estallar.
La Auditoría Superior de la Federación había estimado a 2012 que los pasivos laborales de 25 universidades públicas estatales superaban los 575 mil millones de pesos con un déficit actuarial de casi 270 mil millones de pesos. Una situación que obliga al gobierno federal a transferir –año con año- crecientes recursos para cubrir las pensiones que deben pagar mes a mes las universidades estatales, porque muchas de ellas –como la Universidad de Guadalajara- se encuentran en situación crítica y son incapaces de pagar a sus pensionados.
El propio Congreso ha calculado que el pasivo laboral total de estas universidades públicas supera el billón de pesos.
Pero el grave problema que enfrentan las finanzas universitarias con sus pasivos laborales, es solo uno de muchos otros. Es un botón de muestra de la gravedad del problema.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) enfrentan multimillonarios pasivos laborales que crecen año con año y se ‘comen’ la mayor parte del presupuesto anual que se les asigna desde la Federación, restando recursos a infraestructura, medicamentos y personal que requieren las dos mayores instituciones de seguridad social del país. En Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad ocurre lo mismo; y las consecuencias de no atender el problema son, cada vez, más costosas.
Y claro, legisladores, partidos políticos y gobiernos siguen pateando el balón de este grave problema de las pensiones hacia delante porque saben que, a ellos, esta bomba no les estallará en las manos; o por lo menos, eso es lo que creen.
Samuel García
Es economista y periodista económico. Es fundador y director de Arena Pública. Fundó y dirigió El Semanario de Negocios y Economía. Fue director editorial de Negocios del Grupo Reforma y del diario El Universal. Director fundador de Infosel. Fue profesor de la Maestría en Periodismo y Asuntos Públicos del CIDE y Coordinador-profesor del Diplomado en Periodismo Económico de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Columnista y comentarista en diversos medios de comunicación en México.