Cuando la legalidad es una farsa...

Más allá de la vergüenza y del ridículo que entraña la fuga de El Chapo para el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, lo verdaderamente preocupante es la debilidad demostrada por el Estado mexicano que ha sido carcomido por la ineptitud y la corrupción. Una peligrosa debilidad que exhibe su incapacidad para imponer la ley.

El presidente Peña Nieto empeñó la palabra del gobierno cuando le dijo al periodista de Univisión, León Krauze, días después de la captura de El Chapo, que “sería imperdonable” una nueva fuga del narcotraficante. Al Estado le corresponde tomar todas las medidas para evitar que eso vuelva a ocurrir, le dijo el Presidente en aquella entrevista de febrero del año pasado.

Evidentemente que la palabra empeñada por el Presidente y su gobierno no se cumplió. Es imperdonable, como lo dijo el propio Peña Nieto hace casi 17 meses. El Estado no tomó las medidas, por ineptitud o corrupción, y El Chapo –el delincuente más peligroso de México- ha vuelto a ser prófugo de la justicia, burlándose del propio Estado.

Nos guste o no, la evidencia muestra que tenemos un Estado débil frente al crimen. Un gobierno incapaz de hacer cumplir la ley. Un estado de derecho fallido. Así lo perciben los ciudadanos encuestados en 2015 por la organización World Justice Proyect que colocaron ‘el orden y la seguridad’ en México en el lugar 99 de 102 países evaluados, en el lugar 93 en ‘justicia criminal’ y en el 88 en ‘ausencia de corrupción’.

Estos indicadores y los hechos recientes nos dicen que la ley no impera en México, que la palabra empeñada en el más alto nivel del gobierno es letra incumplida y que el gobierno ha sido rebasado por su propia corrupción e incompetencia para enfrentar los graves problemas estructurales que afrentan al Estado mexicano.

No le demos más vueltas al asunto y digamos las cosas por su nombre. Ayer los empresarios a través de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, en un comunicado decían que la fuga de El Chapo “es un recordatorio de que aún persisten enormes desafíos en México para garantizar la plena vigencia del Estado de Derecho. La impunidad y la corrupción siguen siendo sus principales obstáculos”.

No se trata solo de ‘recordar’ los desafíos que enfrenta el Estado. Ha llegado el momento de que los ciudadanos exijan, presionen, denuncien, al gobierno el cumplimiento de la ley.

Ya no se trata de mostrarse “profundamente consternado” o de “lamentar” –como lo dijo el Presidente ayer en París- por hechos que tiene su raíz en un Estado carcomido por la ineptitud y la corrupción. Por un gobierno que predica legalidad, pero que está lejos de aplicarla.

Cuando la legalidad es una farsa, la desconfianza brota a raudales. Y eso lo saben bien los capitales. Hace unos cuantos días vimos en Los Pinos cómo los grandes empresarios del país le hacían las rituales promesas al Presidente sumándole inversiones que, de cualquier manera, harían. Lo han hecho siempre.

Sin embargo tres días antes los indicadores de la confianza empresarial a junio, que elabora Inegi en base a encuestas, habían caído en todos su rubros mostrando una desconfianza solo comparable a los meses de la crisis de 2009-10.

Cuando la desconfianza se enquista por un estado de derecho fallido, por una corrupción arraigada y por promesas fáciles e irresponsables, las esperadas bondades de las reformas económicas solo pueden ser un soplido; si no es que una quimera.

¿Investigación a fondo y castigo a los responsables del penal? ¿Reparación a un sistema carcelario podrido? ¿Cambios en los nombres de los responsables de la seguridad nacional? Seguramente respuestas a esas preguntas son las que escucharemos muy pronto. Pero cuidado con las trampas, que ya muchas veces hemos caído en ellas, sin que nada realmente cambie.