Con la revocación del fallo otorgado en la licitación del tren México-Querétaro a la empresa China Railway Construction Corporation y a un consorcio formado por tres empresas mexicanas, el presidente Enrique Peña Nieto y sus cercanos quisieron mostrar públicamente que están dispuestos a escuchar las críticas y, en todo caso, a rectificar.
En el consorcio ganador de la licitación, además de las dos empresas extranjeras que participaron, se encontraban la empresa GIA+A de Hipólito Gerard, cuñado del ex presidente Carlos Salinas de Gortari; Constructora Teya de Juan Armando Hinojosa y quien ha realizado múltiples obras en el Estado de México; y Prodemex de Olegario Vásquez Raña.
Las críticas arreciaron desde el inicio del proceso por lo que las empresas participantes consideraron como ‘apresuramiento’ en los tiempos previstos para la licitación. Situación que llevó a que 16 de los 17 participantes se desistieran de presentar sus propuestas al gobierno federal vía la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Pero las críticas fueron más allá. Se ha cuestionado la utilidad y viabilidad de este primer gran proyecto de infraestructura del transporte de Peña Nieto que en su campaña presidencial prometió construir este y otros proyectos de trenes de alta velocidad en el territorio.
Pero las críticas calaron hondo en Los Pinos cuando se dio a conocer al consorcio ganador en la que participaban empresarios cercanos al gobierno de Peña Nieto desde el Estado de México. La fuerte sospecha de favoritismo desde el gobierno hacia la empresa estatal china asociada con empresas mexicanas cercanas al Presidente de la República, fue el detonante que hizo que el Presidente cancelara intempestivamente el fallo, a pesar de los costos que se sabía acarrearía esta decisión.
La presencia en el consorcio ganador de empresas como Constructora Teya, de Grupo Higa que encabeza Juan Armando Hinojosa, llamaría a la sospecha. Hinojosa hizo crecer rápidamente su fortuna con miles de millones de pesos en contratos de construcción y mantenimiento de carreteras, hospitales, puentes, distribuidores viales, estacionamientos, pero también campañas publicitarias oficiales y hasta traslados en aviones y helicópteros del entonces gobernador y después candidato presidencial mexiquense; según reportó en su momento la prensa nacional.
Aunque la historia de GIA es un tanto distinta por su diversificación de obra en el sector privado y público, la sola presencia en calidad de director general de Hipólito Gerard Rivero, cuñado del ex presidente Salinas de Gortari, fue suficiente para desatar tempestades sobre tráfico de influencias en la primera gran obra que echaba andar Peña Nieto.
Había que echar atrás el fallo y, aunque tardíamente, dejar constancia de que el gobierno sabe rectificar. El sacrificado sería Gerardo Ruiz Esparza, quien como secretario de Comunicaciones del Estado de México con Peña Nieto, es cercano a Juan Armando Hinojosa de Grupo Higa.
Sin embargo el pretendido mensaje de un gobierno que atiende las críticas y que sabe rectificar, solo duró unas horas; tres días para ser precisos.
La publicación del reportaje sobre propiedades de la familia presidencial en las Lomas de Chapultepec –ahora conocidos como ‘Casa Blanca’- valuados en unos 7 millones de dólares y registrados a nombre de una de las empresas de Grupo Higa, ganador de la revocada licitación del tren México-Querétaro, desató una crisis de credibilidad en el gobierno.
La prensa extranjera replicó fuerte el caso ligándolo con el tráfico de influencias tan conocido como parte de la corrupción existente en el sector público mexicano y a unos meses de que el sector energético abra los contratos para la exploración y explotación petrolera.
Con razón o no, la imagen de la ‘Casa Blanca’ quedó allí para siempre como un estigma de este gobierno lo que prácticamente entierra la reciente propuesta presidencial de un acuerdo por el estado de derecho. ¿Con qué autoridad? dirán sus críticos.
¿Intentará rectificar Peña Nieto? ¿De qué se trata exactamente cuando se habla de ‘rectificar’? ¿Qué márgenes tiene en esta coyuntura de su segundo año de gobierno? ¿Habrá sopesado la profunda crisis de credibilidad en la que está metido su gobierno? Esas preguntas deberá responder el Presidente a su llegada a México. Tiene un largo viaje para pensar lo que hará con su maltrecha credibilidad.
MÁS INFORMACIÓN: Ley favorece a China Railway para pelear revocación de contrato. Nota de Arena Pública del 12 de noviembre del 2014.
MÁS INFORMACIÓN: Nuevo golpe a imagen de EPN, casa de lujo de primera dama revela conflicto de interés. Nota de Arena Pública del 10 de noviembre del 2014.
Samuel García
Es economista y periodista económico. Es fundador y director de Arena Pública. Fundó y dirigió El Semanario de Negocios y Economía. Fue director editorial de Negocios del Grupo Reforma y del diario El Universal. Director fundador de Infosel. Fue profesor de la Maestría en Periodismo y Asuntos Públicos del CIDE y Coordinador-profesor del Diplomado en Periodismo Económico de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Columnista y comentarista en diversos medios de comunicación en México.