Desde que ganó las elecciones presidenciales el presidente Enrique Peña Nieto enfocó toda su estrategia política en sacar adelante las reformas económicas, particularmente la reforma petrolera.
Para ello -una vez en el gobierno- apostó su capital político, cedió a las presiones de la oposición en el Congreso e, incluso, estuvo dispuesto a sortear las duras críticas sobre el desempeño de su gobierno en áreas clave como la economía y la seguridad.
En los 22 meses transcurridos, hasta septiembre pasado, el Presidente ha estado convencido de que la apertura del petróleo al capital privado y la competencia en el mercado de la energía, sería la llave para abrir el crecimiento sostenido de México postergado en las últimas décadas. Una llave histórica que se convertiría en el sello de su gobierno y por el que sería recordado en la galería de los presidentes mexicanos. Un estilo de gobierno marcado por un pragmatismo que ofrece los resultados que otros mandatarios no pudieron entregar.
Y así fue. La aprobación en el Congreso de la reforma energética fue la culminación de una exitosa gestión de arreglo político por parte de sus operadores en el gobierno y en su partido, sin precedentes desde que el PRI perdió la mayoría absoluta en el Congreso en 1997.
Pero la historia no ha terminado de ser escrita. Y es hacia finales de su segundo año de gobierno, con la exitosa aprobación de 11 reformas en el Congreso en apenas 19 meses, cuando Peña Nieto se enfrenta a los mayores e inesperados desafíos de su gobierno.
El sabor del éxito de las reformas económicas por las que tanto apostó se ha diluido temporalmente en las últimas semanas y se han agigantado en cuestión de días tres amenazas sobre el cambio prometido.
La primera amenaza surge de un evidente descontento social avivado por la violencia que proviene de estructuras de gobierno que han sido corrompidas por las organizaciones criminales. Los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, en el estado de Guerrero, no es un caso aislado. Es una descarnada muestra de la descomposición política incubada en diversas regiones del país con la complacencia, directa o indirecta, de los partidos políticos, legisladores, funcionarios de las áreas de seguridad pública y de gobierno de distintos niveles jerárquicos. Situación que, en el fondo, no se remedia con la licencia de un gobernador, ni siquiera con la captura del ex alcalde de Iguala y de su esposa.
Las manifestaciones recientes de repudio, en las que convergen estudiantes y diversas organizaciones sociales, son producto de este viejo cansancio ciudadano por la corrupción e impunidad manifiesta de amplios sectores de la clase política que, a su vez, deslegitima el discurso oficial del cambio a través de las reformas. Una amenaza que puede crecer.
La segunda amenaza proviene del descontento social por los malos resultados económicos para la gran mayoría de las familias. Se ha acrecentado la distancia entre el discurso oficial sobre el potencial macroeconómico a raíz de las reformas y la realidad de los empleos y de los salarios ofertados a las familias y la propia realidad que viven las miles de pequeñas y medianas empresas.
Las políticas económicas implementadas hasta ahora para alentar una economía deprimida, no sólo no han dado los resultados esperados, sino que se perciben contrarias al interés de la gran mayoría de las empresas.
Pero más aún. Los datos recientes sobre la actividad económica, como el IGAE reportado a agosto, parecen confirmar que se debilitan las previsiones sobre un repunte significativo del crecimiento económico en el segundo semestre del año, como se ha prometido, agravando aún más el descontento sobre la marcha económica.
La tercera amenaza que se cierne sobre el éxito reformista del gobierno, proviene del exterior. Las mayores posibilidades de que estemos frente a una nueva recesión en las economías europeas -que representan una quinta parte de la economía mundial- afectando el desempeño económico estadunidense, tendría consecuencias -entre otras- sobre la efectividad de la reforma energética en el dinamismo económico mexicano esperado.
A 23 meses de su gobierno -y con las reformas económicas en la espalda- Peña Nieto enfrenta sus mayores desafíos derivados, en buena medida, de la construcción de su propia estrategia que desestimó el estado de derecho, la rendición de cuentas y, particularmente, la corrupción, como amenazas a su plan reformista.
A FONDO: Consulta el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) de agosto de 2014.
MÁS INFORMACIÓN: Trasfondo de tragedia en Ayotzinapa es la no rendición de cuentas: RRC. Nota de Arena Pública de 21 de octubre de 2014.
Samuel García
Es economista y periodista económico. Es fundador y director de Arena Pública. Fundó y dirigió El Semanario de Negocios y Economía. Fue director editorial de Negocios del Grupo Reforma y del diario El Universal. Director fundador de Infosel. Fue profesor de la Maestría en Periodismo y Asuntos Públicos del CIDE y Coordinador-profesor del Diplomado en Periodismo Económico de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Columnista y comentarista en diversos medios de comunicación en México.