A discutir salarios mínimos

18-08-2014 02:03

Es difícil creer que el planteamiento de incrementar el salario mínimo que ha puesto sobre la mesa el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, está alejado de intereses político-electorales.

Mucho menos creíble es el llamado a la consulta popular que hizo el líder panista Gustavo Madero.

El primero enfrenta una visible pérdida de liderazgo político y de gobierno en medio de una lucha intestina en el PRD y en los partidos de izquierda que han empequeñecido sus aspiraciones electorales hacia los comicios de 2015. Mientras que la división al interior del PAN y la debilidad de sus liderazgos han provocado que Madero -en el afán de consolidar una candidatura presidencial hacia 2018- adopte causas de alta rentabilidad electoral que eran impensables hasta hace poco en sus antecesores del partido.

Sin embargo, los intereses mezquinos que movieron a los proponentes no invalidan el planteamiento de una discusión seria sobre un tema crucial para la vida de millones de mexicanos, eternamente pospuesta y que desde hace mucho debió haberse dado.

Y es que la situación actual del salario mínimo -que debe cubrir las necesidades básicas del trabajador y su familia- exige una explicación de los responsables de las políticas públicas. Los datos allí están: El 14% de la población ocupada del país, unos 6.5 millones de mexicanos, gana hasta un salario mínimo, mientras que más de 12 millones (cerca de 25% de la población ocupada) tienen ingresos de hasta dos salarios mínimos.

Entre 1980 y 2011 el salario mínimo real en México cayó más de 70% y, según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), en la última década los salarios mínimos en el país prácticamente se estancaron (-5%) mientras que crecieron en casi toda la región. En economías abiertas y con fuerte vocación de mercado como Chile, Colombia o Perú -que, por cierto, son economías aliadas de México en la Alianza del Pacífico- el salario mínimo creció 22%, 10% y 20%, respectivamente.

Pero hay un dato más que arroja el análisis de la CEPAL denominado “Pactos para la Desigualdad 2014”, de mayo pasado, y que pone el dedo en la llaga sobre la gravedad y urgencia de discutir el asunto de los salarios mínimos en el país. Dice el texto de la CEPAL: “México es el único país, al final de la década analizada, donde el valor del salario mínimo es inferior al del umbral de pobreza per cápita”. Un dato demoledor sobre la realidad del salario mínimo y del ingreso de una parte importante de mexicanos en la última década.

Esta es la realidad en unas cuantas cifras. La pregunta ahora es qué hacer con ella. Hay dos alternativas: Seguir pateándola hacia adelante como lo hicieron los últimos gobiernos, o enfrentarla con una discusión que lleve a tomar decisiones en el corto plazo.

Se entiende que al gobierno federal no le venga en gracia una discusión de esta naturaleza precisamente ahora que hizo sonar las trompetas de triunfo político por la reforma energética. Evidentemente que recordarle en estos momentos asuntos como el magro ingreso de millones de mexicanos y la pobreza en que viven, ha opacado el brillo de la puesta en marcha de la reforma energética.

De allí que la respuesta inmediata desde la oficina del oscuro secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, fue intentar detener la discusión convocando a sindicatos afines y a empresarios bajo el argumento de que la hiperinflación de los años ochenta fue alentada precisamente por la decisión de incrementar los mínimos.

Un argumento que también blandió la semana pasada Agustín Carstens, el gobernador del banco central, en su calidad de guardián constitucional de la estabilidad de precios en el país. Una respuesta convencional y, por cierto, poco convincente para los millones de pobres del país, quienes en las últimas tres décadas no han visto los resultados de aquellas promesas de los años ochenta y noventa sobre los beneficios de una menor inflación en su poder adquisitivo.

Así que me temo que –ante el cúmulo de evidencias sobre un salario mínimo paupérrimo y con una economía que no acaba de levantar de su atonía– difícilmente podrá sostenerse una negativa del gobierno federal a discutir un asunto tan sensible para la población.

La apurada respuesta empresarial –junto a la del secretario del Trabajo– para poner fin a la discusión sobre el salario mínimo sólo revela los crecientes temores en el sector privado de que el presidente Enrique Peña Nieto efectivamente ceda a las presiones de incrementar los salarios mínimos.

El tema está abierto y más allá de las viejas concepciones teóricas, lo que ya es inevitable para el gobierno de Peña Nieto es discutir un asunto tan sentido, como popular y urgente.

SÍGALE LA PISTA…

En círculos de la IP se habla en voz baja sobre la nueva reforma fiscal que “se cocinará” en 2015 con las elecciones intermedias en puerta y de cara a la recta final del gobierno. Y nos preguntamos si acaso piensan que la energética no será suficiente para revertir el mal paso de la economía.