Al entrar al octavo mes del año, la marcha de la economía sigue siendo el gran tema pendiente para el presidente Enrique Peña Nieto; como lo ha sido en estos ya 20 meses que han transcurrido de su gobierno.
Si bien en los meses recientes los principales indicadores macroeconómicos han comenzado a dar muestras de haber entrado en una fase de recuperación, particularmente derivado de las actividades de exportación e, incluso, de mejores cifras del empleo formal, el mercado interno aún muestra un comportamiento pausado, incluso mucho más lento de lo que los economistas habían pronosticado hacia finales del primer trimestre.
El Indicador IMEF manufacturero y no manufacturero al mes de julio -que es una encuesta para anticipar la evolución de la economía en el corto plazo- sorprendió negativamente al registrar caídas en ambos rubros, sugiriendo que el tan anhelado repunte económico para el segundo semestre, “parece no haber iniciado todavía”.
El asunto es que este ya largo entorno de letargo económico ha tirado la popularidad del presidente Peña Nieto. Una nota del New York Times refiere que la aprobación pública del Presidente se encuentra en 37%, la menor para cualquier mandatario del país en los años recientes.
La semana pasada el diario Reforma corroboró esta percepción al publicar los resultados de su quinta encuesta de evaluación presidencial. Si bien la misma arroja una aprobación de 50% entre la ciudadanía, la calificación que le dan a su trabajo en estos 20 meses es de apenas 5.8 puntos, por debajo de sus calificaciones de hace un año. Pero lo más relevante de estos resultados es la mala evaluación de los ciudadanos al trabajo presidencial en asuntos tan sensibles como la economía (56% tiene una mala opinión, en contra del 20% que califica como “bien” el trabajo presidencial), la corrupción (62% vs 19%) o la violencia en el país (67% vs 17%).
Estos resultados dan vida a la percepción pública de que el cambio prometido por el candidato Peña Nieto en 2012, sigue siendo una cada vez más lejana promesa que difícilmente se concretará en la vida cotidiana de los ciudadanos.
Es el caso de las recientemente aprobadas reformas económicas, como las nuevas leyes laborales, de competencia económica, de telecomunicaciones o incluso las del sector energético que en esta misma semana podrían ser ratificadas por el Senado. Si bien Peña Nieto apostó todo su capital político a ellas, la ciudadanía no está convencida de que los resultados de estas reformas realmente les beneficien.
Las encuestas de Buendía & Laredo y Reforma arrojan -por ejemplo- que una gran mayoría de ciudadanos no creen que los precios de los combustibles y de la luz eléctrica vayan a bajar derivado de la reforma energética, como lo ha prometido el gobierno. Incluso la mayoría de los encuestados piensan que subirán estos precios.
Y es que los pobres resultados económicos durante ya casi un tercio de su gobierno, alimentan la desconfianza ciudadana sobre las promesas de cambio con que el presidente Peña Nieto convenció al electorado en las pasadas elecciones presidenciales. Y cómo no, si la expansión de la pobreza y la ausencia de resultados tangibles en materia de corrupción y transparencia en el sector público han reforzado el pesimismo ciudadano sobre su efectiva voluntad de cambio.
Si la encuesta de Reforma arrojó que solo 19% de los ciudadanos piensa que Peña Nieto ha hecho un buen trabajo en materia de corrupción, es que algo anda bastante mal en el gobierno priista que regresó al poder con la promesa de haberse renovado.
No extrañe, entonces, la fuerte desconfianza ciudadana en los resultados efectivos que arrojarán reformas como la de telecomunicaciones o la petrolera que discute el Congreso.
Esta percepción sólo se modificará con acciones concretas y resultados tangibles en la marcha inmediata de la economía y, por supuesto, en la transparencia con la que opera y decide el gobierno y sus empresas. Esto es, un verdadero golpe de timón en la administración pública federal.