El Observador

Incentivos perversos

31-07-2014 08:02

¿Cómo decirles que “no” a los endeudados municipios de Morelos que están pidiendo que sea el gobierno federal el que asuma sus pasivos y limpie su balance de una vez por todas, antes de que exploten sus finanzas?

¿Cómo decirles que “no” desde el gobierno federal a una decena de universidades públicas cuyos sistemas de pensiones están prácticamente en la quiebra y a un tris de no poder solventar el dinero que deben entregar mes a mes a sus trabajadores jubilados?

No hay manera de que la Secretaría de Hacienda les diga que “no” -sin sonrojarse- una vez que los diputados han abierto la puerta para que miles de millones de dólares en pasivos laborales de Pemex sean asumidos como deuda pública.

Total -ya lo dijo el secretario Luis Videgaray- los pasivos de Pemex ya son deuda pública. Si es así, también son -en esencia- deuda pública los pasivos de las universidades públicas, las deudas de los municipios, las elevadas deudas de los gobiernos estatales, los pasivos del IPAB, los pasivos laborales del IMSS como patrón y su enorme déficit frente a las pensiones de los trabajadores del sector privado, las del ISSSTE y las de un sinfín de sistemas de pensiones, de organismos y de empresas públicas.

En el mundo real siempre se ha visto así, a tal grado que tanto los inversionistas como los analistas de la banca de inversión local ven a los títulos de deuda de todas estas entidades y organismos públicos con el sello de “garantía del gobierno federal”. Y es que -dicen en voz baja- al final el gobierno saldrá a rescatarlos contra viento y marea.

Así ha sido y -todo parece indicar, según lo dicho por el secretario de Hacienda- que así seguirá siendo. Entonces, dejémonos de tonterías y pongamos las cartas sobre la mesa en materia de deuda pública que al final será menos costoso para todos.

Sin embargo el problema va más allá de transparentar de una vez por todas las docenas de deudas públicas ocultas. Ojalá solo fuera un problema de contabilidad pública.

El asunto es de incentivos perversos fincados en la ausencia de mecanismos institucionales y ciudadanos para la efectiva rendición de cuentas de los servidores públicos y de los políticos en turno.

Por ejemplo, los gobernadores y presidentes municipales siguen gastando desde el presupuesto público a manos llenas, sin control y, lo peor, endeudando a sus entidades más allá de sus posibilidades financieras, sobre todo cuando se acercan comicios como en 2015. Estados como Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Quintana Roo o Veracruz tienen deudas que duplican o casi triplican el monto de las participaciones federales que reciben y que no garantizan el pago de sus adeudos. Sin embargo, el incentivo perverso de que el gobierno federal y los legisladores les resolverán -tarde o temprano- el problema, hace que estos señores de los gobiernos locales no asuman ninguna responsabilidad sobre la administración y el destino de los recursos públicos.

El caso de los pasivos laborales de Pemex que ahora nos ocupa, también es un asunto de incentivos perversos. Durante décadas se engordaron estos adeudos derivados de una serie de acuerdos laborales (y políticos) entre líderes sindicales y funcionarios de Pemex y políticos del gobierno en turno, sin transparencia alguna y ahora que el monto es inmanejable, se nos dice que es deuda pública y -tan tan- debe ser asumido, en buena parte, por millones de contribuyentes que ni siquiera tienen un horizonte de jubilación digna. Sin más.

Estos pasivos llegaron a donde llegaron porque no hay auditorías sobre lo que contienen, ni asunción de responsabilidades administrativas por no haber formado un fondo de reservas suficientes, ni rendición de cuentas sobre cada uno de los acuerdos laborales entre sindicato y empresa pública. Incentivos perversos.

Me temo que las reformas legales en materia energética no cambiarán estos incentivos perversos ni golpeará la torre de impunidad que sostiene el aparato político que se ha construido.

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