Algo no está funcionando en el país cuando un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación percibe mensualmente 188 veces el salario mínimo que ganan 6.5 millones de mexicanos.
O que los ingresos mensuales de estos 11 ministros del Poder Judicial son 63 veces superiores a los ingresos de las dos terceras partes de la población ocupada que ganan hasta tres salarios mínimos.
Incluso estas cifras comparativas son mucho más dramáticas si al sueldo tabular de los ministros de la Corte se le incluye la larga serie de prestaciones que reciben y que elevan su ingreso anual en casi dos millones de pesos adicionales.
Si se toma en cuenta estas prestaciones, entonces los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación obtienen ingresos por 264 veces el salario mínimo y 90 veces lo que ganan más de dos terceras partes de los mexicanos que tienen una ocupación y que suman alrededor de 33 millones.
Estas abismales diferencias de ingresos entre lo que gana un alto funcionario público del Poder Judicial y el nivel de ingresos de la población en general, se aplica igualmente a los seis Consejeros de la Judicatura Federal y a las siete plazas que ocupan los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Todos ellos tienen ingresos brutos por más de 6.3 millones de pesos anuales según las cifras del Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado para 2014, además de una serie de “apoyos” excepcionales entre los que se cuentan generosas pensiones a su retiro.
El asunto es que los elevados sueldos y las millonarias prestaciones monetarias y no monetarias que se reparten en los altos niveles del sector público -como el Poder Judicial- han marcado un enorme divorcio con la sociedad mexicana, como atinadamente lo puntualizó Lorenzo Córdova, el flamante presidente del Instituto Nacional Electoral.
Por eso el tema de las pretendidas pensiones vitalicias a otorgarse a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial, al amparo de las recientemente aprobadas leyes electorales, no es un asunto que deba pasarse por alto. No por la ciudadanía.
Y es que la racionalidad presupuestal está de cabeza. Mientras que se imponen sacrificios tributarios a una población económicamente menguada para dotar al Estado de mayores recursos fiscales bajo el pretexto de apuntalar el desarrollo, la burocracia del Estado percibe sueldos millonarios, viaja en primera clase y recibe todo tipo de lujosos “apoyos” monetarios.
Formalmente el gobierno reconoce que hay un problema. Recientemente el subsecretario de Egresos de la SHCP, Fernando Galindo, en una entrevista con arenapublica.com calificó al abuso en los gastos en servicios personales de la burocracia como “ominoso y doloroso” y presumió que el gobierno del presidente Peña Nieto ha controlado el creciente gasto corriente que impulsaron los gobiernos panistas.
Sin embargo la realidad es que el “modus vivendi” de la alta burocracia del país sigue ahondando su divorcio con la sociedad y hace crecer la desconfianza que ya existe entre ellos. Y es que en su estrategia reformista el presidente Enrique Peña Nieto no planteó ninguna reforma a fondo de la administración pública consecuente con su objetivo de elevar la productividad de la economía para sustentar el crecimiento de mediano plazo.
Por el contrario, lo que vemos es una burocracia que se sigue enriqueciendo a partir del presupuesto público -las pensiones en el TEPJF son sólo una muestra- mientras que la economía no marcha y los ciudadanos ven como se deterioran sus ingresos.
Samuel García
Es economista y periodista económico. Es fundador y director de Arena Pública. Fundó y dirigió El Semanario de Negocios y Economía. Fue director editorial de Negocios del Grupo Reforma y del diario El Universal. Director fundador de Infosel. Fue profesor de la Maestría en Periodismo y Asuntos Públicos del CIDE y Coordinador-profesor del Diplomado en Periodismo Económico de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Columnista y comentarista en diversos medios de comunicación en México.