El Observador

Violencia en su máximo

08-05-2014 07:58

Ayer el subsecretario Roberto Campa citó una investigación de Inegi para asegurar que el año pasado la delincuencia y la violencia en general que se vive en el país tuvieron un costo de 1.3 por ciento del PIB, unos 215 mil millones de pesos.

La cifra es discutible como lo son los métodos y factores, directos e indirectos, que se han considerado para calcularla. Pero lo relevante es que esta aproximación que ofrece Inegi y que cita el subsecretario de Prevención Ciudadana, nos da una idea de que efectivamente estamos frente a un fenómeno social con fuertes y graves impactos económicos a todos los niveles.

Y es que durante varios años, desde los ámbitos oficiales, se intentó minimizar los efectos económicos de la delincuencia en el país; quizá por ignorancia o por estrategia política. Se sabía de áreas agrícolas abandonadas en el norte y centro del país por la presencia del crimen organizado, de constantes despojos de camiones repartidores del sector privado en las carreteras que elevaba el precio de los bienes, o de propiedades en Tamaulipas cuyos dueños eran forzados bajo amenazas a firmar su traspaso ante notario público. Pero eran historias de la violencia que se repetían una y otra vez y que quedaban en el vox populi, sin que se contabilizara sus estragos en la economía familiar y local.

Así que no es de menor importancia dejar en claro –con cifras aproximadas como las que ofreció Campa Cifrián- que la violencia generalizada y la delincuencia en México es un costo de la economía que todos estamos pagando. Tiene efectos nocivos sobre los precios, sobre la inversión, sobre el bienestar de las familias, sobre la pobreza, sobre el crecimiento económico y, claro, sobre las expectativas de los agentes económicos.

En la más reciente Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado que realiza mensualmente el Banco de México, los problemas de inseguridad pública aparecen como el principal factor de riesgo que podría obstaculizar el crecimiento económico en el país, incluso superando a los factores propiamente económicos como la debilidad del mercado interno o la incertidumbre económica derivada de las discusiones legislativas en torno a las reformas estructurales.

Pero el principal riesgo que perciben los analistas económicos para la inversión y la productividad y, por lo tanto, para el crecimiento económico proviene de la violencia y la delincuencia que todos los días reporta la prensa.

El asunto es que lejos de que este riesgo se haya reducido en la percepción de los economistas, se ha acrecentado en los últimos meses. Ha sido en los pasados meses de enero, marzo y abril de este año cuando la inseguridad pública alcanzó su nivel de percepción más elevado en el último año como factor de riesgo para la economía.

Hace un año, los problemas de inseguridad pública eran clasificados como el tercer factor de riesgo, por debajo de la debilidad del mercado externo (particularmente el mercado estadounidense) y la inestabilidad financiera internacional.

Si los avances se están dando en materia de inseguridad pública–como lo reportan las cifras del gobierno federal y de algunos gobiernos estatales a últimas fechas, como es el caso del Estado de México- éstos no solo no se están percibiendo entre la población, sino que la impresión es exactamente la contraria.  De allí que el riesgo de la violencia y la delincuencia sobre la economía haya llegado a uno de sus niveles de percepción más elevados en lo que va de este gobierno. Sin duda, un foco rojo.

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