Instituciones en juego

25-04-2014 09:19

Mucho dinero público se entregó en el pasado al rescate de empresas privadas, bajo el argumento de los gobiernos en turno de salvar empleos, de defender sectores estratégicos o de impedir la desestabilización del sistema económico y financiero.

El tiempo y los resultados nos han enseñado que cuando eso ha ocurrido, invariablemente, han sido la hacienda pública y los contribuyentes en general los grandes perdedores; mientras que sólo unos cuantos privados fueron beneficiados.

Bajo esa costosa enseñanza de la historia económica contemporánea es que el gobierno de Calderón argumentó su decisión de no rescatar a la ahora quebrada aerolínea Mexicana de Aviación; una aerolínea privatizada por el Estado y que, según se ha demostrado por las investigaciones y denuncias planteadas por las propias instancias judiciales, fue saqueada por sus dueños.

Esa lección histórica del uso de los recursos públicos es muy importante de aprender. El dinero público no debe estar al servicio de los proyectos empresariales privados, cuyos dueños son quienes asumen los riesgos de sus negocios y empresas.

En todo caso el Estado es un facilitador de la inversión privada a través de la política monetaria, de las políticas de regulación, de la política fiscal, del aliento a la competencia en los mercados, de la política educativa y del incentivo a la innovación y al desarrollo de las tecnologías. Pero hasta allí.

Sin embargo, en el ejercicio de la política pública cotidiana la realidad sigue siendo ajena a esta lección sobre el uso y destino de los recursos públicos.

Y lo ha sido porque los fuertes intereses político-empresariales siguen prevaleciendo por encima de los del interés público. Lo que James Robinson y Daron Acemoglu califican como instituciones políticas y económicas extractivas o rentistas, un dúo en el que se necesitan el uno al otro para reproducirse y sobrevivir. Instituciones políticas cooptadas por una élite que fortalece instituciones económicas rentistas para su beneficio. Un círculo privado perverso que hace a un lado el interés público y que resiste cualquier intento de cambio porque ello significa el fin de sus privilegios y de sus rentas.

De allí que la vigilancia sobre el uso y destino de los recursos públicos para los fines colectivos que se genera, debe convertirse en una prioridad de los ciudadanos organizados: de las organizaciones civiles, de los think tanks independientes, de la academia, de las organizaciones de trabajadores, de los periodistas.

Usar recursos públicos para intereses privados debe hacer sonar -per se- las alarmas ciudadanas, dejando a un lado los maniqueísmos políticos sobre los supuestos beneficios que esas acciones buscan atender.

Esa lección histórica debe ser suficiente para que los ciudadanos salgan a combatir las prácticas rentistas que aún caracterizan a las instituciones políticas y económicas del país y que depredan los recursos públicos a favor de los intereses privados.

Y es que durante las últimas décadas los grandes empresarios de la televisión y de la telefonía -entre otros- engordaron sus billeteras bajo estas prácticas extractivas, ofertadas interesadamente por los políticos en turno. Esos son los empresarios que han amasado fortunas y escalado posiciones en los rankings de las mayores riquezas del mundo, a costa de transferencias de riqueza desde los bolsillos de millones de ciudadanos mexicanos cautivos.

Ahora las reformas constitucionales planteadas dan la oportunidad de darle un giro a la naturaleza de las instituciones, hacia una mayor inclusión.

Allí reside la importancia de que las organizaciones ciudadanas vigilen el logro de leyes secundarias que sean las herramientas precisas para alcanzar los objetivos constitucionales.