El Observador

Quiero ser burócrata

10-04-2014 09:34

Recuerdo que hace 11 o 12 años en alguna de las varias conversaciones que tuve con Pedro Aspe en sus oficinas al sur de la Ciudad de México, me decía que para él ya era difícil competir con el gobierno para retener a los jóvenes economistas que eran tentados a irse a trabajar al sector público con sueldos y prestaciones muy superiores a las que su empresa podía ofrecer.

Ya en aquellos tiempos los paquetes de compensaciones económicas en el sector público para cierto tipo y niveles de funcionarios se habían ido al cielo en el ánimo de competir, de tú a tú, con la iniciativa privada.

Pero la verdad, se les fue la mano.

Le doy algunos ejemplos de lo aprobado por el Congreso en el Presupuesto 2014 para personal del Poder Judicial (se puede consultar en el Tomo VIII del Presupuesto 2014 llamado “Analítico de Plazas y Remuneraciones”.

Mire: se autorizaron 13 plazas de chofer nivel 34 para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con un sueldo bruto anual de 648 mil 421 pesos cada una, que incluye sueldo y prestaciones. Un director general de la SCJN, de nivel 7, tiene un sueldo bruto anual de 3 millones 750 mil 821 pesos.

En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se autorizaron 73 plazas de secretaria nivel 27 con un sueldo bruto anual de 602 mil 516 pesos cada una. En el mismo Tribunal se autorizaron 92 plazas de asesor nivel 17 con un sueldo bruto anual de un millón 376 mil 101 pesos. Y la lista continúa.

Me atrevo a decir que prácticamente en todos estos casos la compensación económica que ofrece el sector público es muy superior a la que se puede encontrar en el mercado laboral del sector privado. Que no extrañe, entonces, que el gasto público haya pasado de representar 20% del PIB bajo el gobierno de Ernesto Zedillo, al 25% del PIB con Felipe Calderón. De hecho, el gasto neto devengado del gobierno federal creció 56%, en términos reales, entre 2000 y 2012; a una tasa anual por encima del ritmo de crecimiento de la economía.

Así que entrar a trabajar al sector público se ha convertido en un asunto muy peleado y en un objetivo apetitoso, dadas las condiciones actuales del mercado laboral; y es que el gobierno, el Congreso, el Poder Judicial, entre otros, se han convertido en un muy buen lugar para trabajar, claro, a costa de los contribuyentes.

Ayer 24 HORAS publicó una nota sobre las condiciones laborales de los asesores que tendrán los 11 consejeros electorales del INE. Para comenzar, se calcula que serán alrededor de 155 asesores, si se toma en cuenta que los cuatro consejeros del extinto IFE tenían 59 asesores. Cada asesor percibe entre 60 mil y 130 mil pesos mensuales, por lo que el presupuesto -dice la nota periodística- puede llegar a los 100 millones de pesos en el año. Los asesores de los consejeros cuentan con “seguros de vida institucional por 40 meses de salario, de separación individualizado, colectivo de gastos médicos mayores, gastos funerarios, colectivo de retiro”; además “cuatro meses de sueldo íntegro por fallecimiento, vales en día de Reyes y de la Madre, acceso a becas académicas y pago de anteojos hasta por 30 días de salario mínimo”.

No le sigo. Yo también quiero ser burócrata.

 

SÍGALE LA PISTA…

Por la Comisión de Valores de Estados Unidos nos enteramos que Hewlett Packard en México pagó diversos sobornos a funcionarios de Pemex por más de un millón de dólares (?) para ganar contratos de software con la petrolera. Se ha hecho costumbre que estas noticias de corrupción en el sector público provengan de investigaciones que realizan las autoridades estadunidenses y no de sus contrapartes mexicanas. Así ocurrió con los casos de corrupción en Walmart y de lavado de dinero en HSBC. De poco sirven los organismos de auditoría y de supervisión que tanto dinero cuesta a los contribuyentes.

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