México se encuentra en el lugar 106, de 177 países evaluados, en cuanto a la percepción de corrupción de su sector público, con una calificación de 34 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2013 de Transparencia Internacional.
Estos resultados no son nuevos, aparecieron el año pasado, pero la realidad es la misma y no hay forma de esquivarla. Por donde se le vea, la percepción de México entre los líderes económicos y de negocios, sigue siendo la de un país lastrado por la corrupción de su sector público seguramente con consecuencias sobre la eficacia de las reformas que se ha propuesto el gobierno de Peña Nieto y, por lo tanto, sobre el futuro de su desarrollo económico inmediato.
La percepción de corrupción relativa de México frente a sus competidores, ha crecido. Mientras el país retrocede, otros avanzan. En este mismo reporte de Transparencia Internacional se encuentran países competidores que compiten con México por los capitales globales, como Chile (que se encuentra en el lugar 22 de este índice), Polonia (en el 38), España (42), Corea del Sur (46), Costa Rica (49), Malasia (53), Brasil (72), Sudáfrica (72), China (80), El Salvador (83), Perú (83), Colombia (94), India (94), Ecuador (102) y Panamá (102). Mientras que México se movió del lugar 105 al 106 entre 2012 y 2013.
De hecho en América Latina la percepción de corrupción en el sector público mexicano solo es comparable con Argentina y Bolivia y solo está por delante de países como Venezuela. En el resto del mundo solo Rusia y un puñado de naciones con regímenes dictatoriales y con graves conflictos internos, especialmente de África y Medio Oriente, tienen una peor calificación que México en materia de corrupción de su gobierno.
Lo grave es que la percepción de corrupción en el gobierno mexicano ha empeorado drásticamente en los últimos años en contraste con lo que ha ocurrido en otras naciones de desarrollo similar. Hace seis años, en 2008, este mismo índice –con 180 países evaluados- ubicó la percepción de corrupción en México en el lugar 72, en igual o mejor posición que naciones como China (lugar 72), Perú (72), Brasil (80), India (85) y Panamá (85).
Ahora, a seis años de distancia, la percepción de México se ha deteriorado de forma superlativa, mientras que estas otras naciones que entresacamos del reporte de Transparencia Internacional, mejoraron relativamente la percepción de corrupción de sus gobiernos.
Una corrupción en el sector público asociada típicamente a la práctica de los sobornos entre particulares y gobiernos para obtener favores, agilizar trámites o para modificar reglamentos y leyes a favor de particulares.
La propia organización Transparencia Internacional publicó en 2011 un reporte con el Índice de Fuentes de Soborno para el que se entrevistó a más de 3 mil ejecutivos de diversas empresas transnacionales que tienen relación de negocios con las 28 mayores economías exportadoras del orbe que aglutinan al 80 por ciento de las exportaciones mundiales.
Los resultados que se obtuvieron no sorprenden en México sobre un tema que la prensa reporta con cierta frecuencia y que es ‘vox populi’ en el mundillo de las cámaras empresariales. Tanto en los reportes de 2008 como de 2011 México apareció como uno de los tres peores países calificados –junto a China y Rusia- por estos ejecutivos en materia de pago de sobornos a los sectores público y privado para hacer negocios.
Si bien los datos de Transparencia Internacional son de 2011, no se pueden descalificar por ‘viejos’, porque el estado de las cosas en materia de corrupción no parece haber cambiado ni un ápice.
Apenas en julio pasado la consultora Ernst & Young publicó su doceava Encuesta Global de Fraude en la que concluye que México es el país de América Latina con el mayor grado de corrupción y pago de sobornos entre empresas y gobierno para realizar negocios.
Pero todos estos datos solo retratan una grave realidad que no se puede hacer a un lado. Si la agenda anticorrupción no va en serio, las reformas nacerán condenadas a la medianía.
Samuel García
Editor y economista. Fundador y director de Arena Pública. Fundó y dirigió El Semanario de Negocios y Economía. Fue director editorial de Negocios del Grupo Reforma y 'El Universal'. Director fundador de 'Infosel'. Fue profesor de la Maestría en Periodismo y Asuntos Públicos del CIDE y del Diplomado en Periodismo Económico de la Escuela de Periodismo Carlos Septién. Máster en Periodismo Digital. Columnista, comentarista y consultor para diversos medios en México.