El Observador

Banqueros y funcionarios públicos

04-04-2014 09:29

A mediados de febrero pasado la secretaría de la Función Pública dio a conocer su decisión de inhabilitar a la empresa Oceanografía, una importante proveedora de la paraestatal Pemex, para trabajar con cualquier empresa u organismo del gobierno.

La decisión derivó de una investigación en la que se detectó una red fraudulenta entre directivos y socios de Oceanografía, con la presunta complicidad de funcionarios de Pemex y de empleados bancarios, que alteraban los contratos con Pemex Exploración y Producción, PEP, para obtener millonarios recursos.

La decisión gubernamental encendió las alarmas al interior del estadunidense Citigroup. Y es que su filial mexicana, Banamex, había otorgado una serie de créditos con la garantía de cuentas por cobrar de Oceanografía en Pemex que, se supo, eran inexistentes. Según el propio banco, fue de alrededor de 400 millones de dólares el monto “descubierto” para las cuentas de Citi, mientras que las investigaciones criminales y financieras en Estados Unidos y México continúan.

No sabemos aún cuáles serán los resultados de estas investigaciones en particular y si éstas demostrarán que, efectivamente, se trató de un bien orquestado fraude en el que participaron por igual funcionarios de la petrolera estatal y ejecutivos del banco.

En todo caso serán las autoridades judiciales y financieras -particularmente la CNBV- las que deben dar respuesta a este caso en el que el banco ha admitido que se trató de errores internos en la aplicación de sus reglas de control y operación.

Pero el caso da pie para poner sobre la mesa un asunto mucho más complejo y cercano y que tiene que ver con las reglas, la transparencia y la ética en los negocios que realizan banqueros y funcionarios públicos.

El asunto es relevante cuando hay una gran cantidad de ex funcionarios públicos reclutados por los bancos precisamente con la intención de “aprovechar” no sólo su experiencia profesional, sino sobre todo sus conexiones y redes de contactos al interior de las empresas públicas y los organismos de gobierno para expandir sus negocios o para influir en la toma de decisiones de políticas que afecta de alguna forma el negocio bancario.

Y es que no se puede obviar que en México el gobierno federal y los gobiernos locales son importantes clientes de los bancos. Los banqueros no sólo son los principales prestamistas de los gobiernos a través de la compra de deuda pública doméstica, también obtienen jugosas comisiones por la colocación de deuda en mercados internacionales, y participan -directa o indirectamente- en múltiples proyectos derivados del ejercicio del presupuesto público que son ejecutados por funcionarios de las empresas públicas.

Y es allí, en esa relación cercana entre ex funcionarios públicos convertidos a banqueros y funcionarios públicos, en la que crecen los riesgos por componendas o por laxitud en el cumplimiento de los controles y prácticas éticas que derivan en fraudes o en conductas corruptas sistémicas.

¿Cuáles deben ser los límites y como garantizar su cumplimiento? Habría que comenzar con controles externos mucho más poderosos que los actuales. Acaso políticas y castigos que desincentiven estos comportamientos.

 

SÍGALE LA PISTA…

Ayer en el Senado el gobernador Agustín Carstens anticipó que una recuperación económica “mucho más vigorosa está en marcha” a partir de los datos recientes sobre las remesas, la confianza del consumidor y el empleo. La afirmación del gobernador, que se puede entender como un respaldo al pronóstico de 3.9% del gobierno federal, no la comparte toda la Junta de Gobierno, por lo menos no el sub gobernador Manuel Sánchez, quien el fin de semana pasado en Brasil, declaró que el banco central podría reducir su expectativa de crecimiento económico para el año.

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